El Gobierno se dispone a remendar el mercado del alquiler con un decreto ley negociado al límite

Recién elegido presidente del Gobierno, en junio de 2018, Pedro Sánchez prometió atajar «la burbuja que sufre la vivienda en propiedad o alquiler». En su discurso de investidura de enero de 2020, anunció que la SAREB firmaría convenios con administraciones autonómicas y locales para destinar sus viviendas a alquileres sociales, como también a hacer pagar más impuestos a las SOCIMIs (las sociedades anónimas cotizadas de Inversión en el mercado inmobiliario). En su discurso de investidura de noviembre de 2023, reafirmó el compromiso que había adquirido en campaña de sacar 183.000 viviendas públicas con alquileres asequibles. En septiembre de 2025, abrió el curso político prometiendo que el Gobierno convertiría la vivienda en «el quinto pilar del Estado del bienestar». Y hasta hoy.

Tras más de ocho años controlando el BOE, el Gobierno aprobará este martes un real decreto ley sobre vivienda, otro más, con el que el PSOE tratará de remendar un mercado del alquiler roto por la brecha entre la oferta y la demanda y el fracaso de la Ley de Vivienda. Un real decreto ley en el que Sumar ha puesto tantas expectativas, subido a la ola del Sindicato de Inquilinas de la acampada de la Puerta del Sol, que necesariamente defraudará.

Ni contratos indefinidos, ni renovaciones automáticas de los alquileres, ni expropiación del piso en el que vivía Maricarmen ni de ningún otro. Pero tampoco la reforma de la Ley del Suelo que los socialistas pactaron con el PNV y que para Podemos es una línea roja. El PSOE ha priorizado un real decreto ley de mínimos, con el que poder atraer a Junts y al PNV sin espantar a los morados y a ERC. Aunque no tenga ninguna garantía de conseguirlo. De hecho, la intención del Ministerio de Vivienda de bonificar fiscalmente a los propietarios que no suban el alquiler y a quienes compren su primera vivienda chirrió en los oídos de la extrema izquierda. También habrá rebajas de impuestos para los inquilinos.

La prueba de que no será el bálsamo de fierabrás es que Sánchez ha renunciado a comparecer después del Consejo de Ministros para ser él quien explique el contenido del real decreto ley. O de los reales decretos leyes, porque puede acabar pasando como en marzo, cuando el Gobierno desgajó las medidas en dos y aprobó una norma con posibilidades de convalidación y otra que no, pero que su socio le había exigido.

El departamento de Isabel Rodríguez, Sumar y los socios parlamentarios del Gobierno se intercambiaron borradores desde el fin de semana y durante todo el lunes. Hay dos grandes cuestiones: los desahucios a colectivos vulnerables y la congelación de los alquileres que van venciendo a los cinco años.

En el primer asunto, el PSOE está dispuesto a prohibir los lanzamientos de viviendas propiedad de los fondos de inversión, así como a limitar el acceso de estos a la compra. Con las viviendas de pequeños propietarios, la medida se extendería hasta 2028 y el Estado asumiría la compensación al dueño. La moratoria de la congelación de los alquileres es una cuestión más delicada para los socialistas, porque se trata de una medida decretada en la pandemia cuya extensión ahora podría bordear la inconstitucionalidad. O eso es lo que el PSOE ha venido argumentando ante sus socios en los últimos meses, esgrimiendo un informe del Consejo de Estado. Ahora Vivienda propone estirarla dos años más.

Hay medidas en las que el acuerdo ha sido más fácil: blindar el parque estatal de vivienda pública para que nunca salgan al mercado libre, regular los alquileres de temporada -otra cosa son las habitaciones- y a bajar el IVA para la construcción de vivienda protegida.

Sánchez lleva tres normas sobre vivienda derogadas en lo que va de año, dos con el escudo antidesahucios y una con la congelación de los contratos que vencen en 2026 y 2027, con el consiguiente guirigay jurídico porque todos estuvieron un mes en vigor. Así que no quiere una cuarta derrota. Sumar puede permitírselo; él no. Y más que eso. Sumar ha encontrado en el decreto Maricarmen un flotador electoral, en medio de la crisis de liderazgo, de identidad, de discurso, de alianzas y de resultados que sufre el espacio de Yolanda Díaz. Que Ada Colau haya aprovechado esta especie de 15-M de la vivienda (salvando todas las distancias) para postularse como candidata de la futura marca es la demostración.

Las negociaciones entre los dos socios del Gobierno no se cerraron anoche, como era de prever por el habitual modus operandi de la coalición. Así que todo apunta a que el de este martes será un Consejo de Ministros de teatralización por parte de Sumar, que además tiene por costumbre filtrar lo que va sucediendo intramuros de la Moncloa cuando el PSOE no afloja.

Ahora bien. Nada indica que exista un riesgo real de que el Ejecutivo pueda romperse si los socialistas no cumplen las expectativas. El peligro de ruptura de esta finísima cuerda existe por el lado de Junts o por el de Podemos. No por el de Sumar. Pero para eso Sánchez tendrá un mes de margen, el que transcurrirá hasta que el texto se someta a convalidación en la Cámara Baja.

Otra cosa es cómo reaccione el Sindicato de Inquilinas a lo que lea este martes. Desde el mismo advierten a este periódico que si el PSOE no está a la altura no se quedarán en una acampada, sino que irán más lejos, sin concretar de momento.