El borrador del decreto ley de vivienda que propone el PSOE amotina a sus socios de izquierdas

El PSOE pretendía utilizar el real decreto ley de vivienda para quitar el foco de Ceuta y recomponer la extinta mayoría de investidura en torno al que Pedro Sánchez siempre define como «el quinto pilar del Estado del Bienestar». Sin embargo, la futura norma se ha convertido en una soga al cuello del presidente y de su partido.

Faltan horas para que se celebre el crucial Consejo de Ministros de este martes y Sumar y el resto de los socios de izquierdas las están aprovechando para aumentar la presión sobre el ala socialista del Gobierno hacia un decreto ley de máximos, que incluya la renovación automática de los contratos de alquiler. Lo mismo que pide el Sindicato de Inquilinas, el responsable de la acampada en la Puerta del Sol.

El problema del presidente es que por un lado tiene esa espada, pero por el otro tiene la pared de Junts y, en menor medida, del PNV. El presidente de este último, Aitor Esteban, pidió este lunes al PSOE que busque un «mínimo común denominador», no un texto «de máximos». Éste es un Gobierno de izquierdas sostenido por dos partidos de derechas, así lo ha sido desde noviembre de 2023. Y de ahí que el Gobierno lleve en lo que va de año tres reales decretos de vivienda derogados en el Congreso, dos con la moratoria antidesahucios y uno más con la prórroga de los contratos de alquiler que vencían en 2026 y 2027.

Durante la mañana, el Ministerio de Vivienda filtró el borrador sobre el que trabaja, lo que no ha hecho sino aumentar el ruido de esta cuenta atrás. Porque para la extrema izquierda son medidas insuficientes y algunas, hasta contraproducentes. Los socialistas asumen las recetas de Junts al proponer bonificaciones fiscales a los caseros que no suban los precios, como también a los inquilinos y a quienes compren una primera vivienda.

Además, apuestan por prohibir a los fondos de inversión la compra de vivienda con fines especulativos, regular los alquileres de temporada, subir el IVA a los pisos turísticos y blindar las viviendas de protección para que no acaben nunca en el mercado libre. Y dejan fuera del borrador la reforma de la ley del suelo para agilizar la construcción de viviendas, que fue una de las líneas rojas de Podemos en julio. El texto tampoco contempla, como era de esperar, la expropiación del piso en el que vivía Maricarmen ni abre esa posibilidad a los casos en el que el inquilino tenga más de 70 años, como inicialmente exigieron los de Yolanda Díaz.

Los partidos de componen Sumar, así como también representantes de ERC, Bildu, el BNG y hasta Podemos, respondieron concentrándose a las puertas del Hospital Gregorio Marañón, donde sigue ingresada la anciana, para advertir al PSOE de que ya no valen «parches» y de que las bonificaciones fiscales no son suficientes. La ministra Mónica García enumeró su lista de imprescindibles: «Eliminar los desahucios, regular los alquileres de habitaciones y de temporada, congelar los precios y aprobar la renovación automática de los alquileres». «Seguimos lejos», afirmó García, que confió en que las posturas vayan acercándose a lo largo de este lunes.

Sin embargo, no es eso lo que dice la experiencia. Todo apunta a que el tira y afloja llegará hasta el Consejo de Ministros de este martes, porque el PSOE y Sumar acostumbran a llevar sus negociaciones importantes hasta el límite. Y casi siempre es el socio minoritario el que cuenta en tiempo real el minuto y resultado. No está siendo distinto en esta ocasión.

El socio minoritario está dispuesto a repetir -dice- el plante que sus ministros protagonizaron en marzo, cuando se negaron a entrar en la reunión del Consejo de Ministros hasta arrancar a Sánchez un real decreto ley con la congelación de los alquileres que vencían este año y el que viene. «Nos vamos a plantar nuevamente si ese real decreto ley no lleva todas las medidas», avisó hoy la ministra de Sanidad. Entonces, el presidente aceptó a regañadientes, pero después el PSOE no movió un dedo por lograr los apoyos para su convalidación en el Congreso, y el resultado fue que acabó derogado al mes siguiente.

A todo esto, Sánchez pasa este lunes en Cataluña, que es la comunidad que encabeza la lista de desahucios, estando gobernada por el PSOE. El año pasado fueron 6.814 lanzamientos, según los datos del Consejo General del Poder Judicial. Esta tarde visita una promoción de viviendas de alquiler asequible en Barcelona. El domingo, en un mitin en Madrid, el presidente señaló que aprobar y convalidar este decreto ley «no es cuestión de ideología, es cuestión de humanidad». Y este lunes pidió a las comunidades autónomas que apliquen la Ley de Vivienda para «privilegiar el uso residencial» frente al turístico, tratando nuevamente de endosar la responsabilidad al PP.