De llevar la comunicación del PSOE en Cantabria a conspirar contra la UCO: el ascenso de la fontanera Leire Díez

Las más de doce horas de registro de la Unidad Central Operativa (UCO) en la sede del PSOE en la calle Ferraz de Madrid devolvieron a Leire Díez al primer plano de la escena política. La fontanera del Partido Socialista —término acuñado por la semejanza con la profesión por arreglar problemas internos o manejar negociaciones e información delicada— está siendo investigada por presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho, por amañar obra pública a cambio de mordidas en favor del ‘cupo navarro’ de Cerdán; y los intentos posteriores para silenciar a los fiscales y agentes de la UCO que investigan las supuestas irregularidades.

Nacida en 1975 en Portugalete y madre de dos hijas veinteañeras, la figura de la fontanera quedó ligada al Partido Socialista desde joven. Su relación con las juventudes del partido data de los años 90 y su implicación en el seno de la formación fue en aumento. Tras licenciarse en Ciencias Sociales e Información por la Universidad del País Vasco, ejerció como concejal en el Ayuntamiento de Vega de Pas (Cantabria) entre 2011 y 2014, llegando a ostentar el cargo de teniente alcalde de la localidad. Esto lo compaginó con la vicepresidencia de la Mancomunidad Valles Pasiegos.

Su relación con Sánchez, pero apoyo a Madina

Se ganó la fama de violenta y activista en redes (@leirediezpas en X –cuenta que eliminó en mayo de 2025 al destaparse sus supuestos trabajos de fontanería–), llegó a llamar «cachorros de hienas» a los miembros de las Nuevas Generaciones del Partido Popular, ganándose una denuncia junto a su marido por amenazas e insultos a los vecinos.

Es en este momento donde aparece uno de los primeros rastros de su relación con el actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Este publicó en su perfil de X hasta tres mensajes mencionando su cuenta que aún permanecen visibles tras 15 años. Sin embargo, en las primarias de 2014, Leire mostró su apoyo a Eduardo Madina durante la campaña.

Un año después, ingresa como responsable de comunicación del PSOE de Cantabria, liderado por la vicepresidenta Eva Díaz Tezanos, después de las elecciones en las que la coalición PRC-PSOE desalojó al Gobierno del PP de Ignacio Diego. De hecho, en el pasado mes de mayo, el Partido Socialista envió un escrito a los Juzgados de Plaza Castilla en el que asegura que Leire Díez trabajó bajo las directrices de Santos Cerdán como asesora técnica de comunicación como autónoma para el PSOE de Cantabria entre el 1 de septiembre de 2017 y el 28 de febrero de 2017, y desde el 1 de marzo de 2017 al 7 de septiembre de 2017.

En esa misma nota, la formación aseguraba que no constaba que hubiera ocupado «cargos orgánicos dentro del partido» además de ser edil en el municipio cántabro. En las facturas, el concepto plasmado por Leire fue la «prestación de servicios de periodismo».

Fue precisamente en ese año, en 2017, cuando la que apoyara a Madina se convertiría en defensora del sanchismo, integrándose en el equipo de campaña de Pedro Casares y Pablo Zuloaga, que apoyaba su candidatura a secretario general del partido frente a Susana Díaz. Fue purgada ese mismo año por Zuloaga cuando este ganó el Congreso regional.

De esa fecha se ha acreditado uno de sus primeros trabajos de fontanería de alto nivel para la dirección nacional del PSOE al percibir un pago de 15.612 euros en concepto de supuestos servicios periodísticos. Sin embargo, al levantarse el secreto de sumario, el Partido Socialista reconoce que la factura ascendió a 45.000 euros por esas funciones, derivadas de su presunta vinculación con el exsecretario de Organización Santos Cerdán y con el actual secretario de Estado de Telecomunicaciones, Antonio Hernando.

Aquella remuneración escondía en realidad un encargo de máxima confidencialidad ordenado por el veterano dirigente andaluz Gaspar Zarrías, cuyo objetivo era realizar una investigación privada para averiguar si el excomisario José Manuel Villarejo había maniobrado en la sombra en la causa de los ERE de Andalucía.

Entre los años 2018 y 2021 formó parte de la empresa pública de uranio Enusa como responsable de Comunicación, cobrando un sueldo de 108.000 euros anuales y 1.629 más en dietas, según The Objective. Llegó al puesto gracias a su amistad con la presidenta regional del PSOE, Cristina Narbona. En noviembre de ese año se incorporó a Correos, no sin haberse ganado el rechazo de algunos. El por entonces presidente y amigo de Pedro Sánchez, Juan Manuel Serrano, la fichó como jefa de Relaciones Institucionales de la Vicesecretaría General y de Consejo. Un cargo que le duraría unos escasos cuatro meses, ya que fue nombrada directora de Relaciones Institucionales, Filatelia, Estudios y Futuro.

Sin embargo, su misión era otra. Fuentes de Correos narraban que aprovechaba cada acto de su departamento para hacer campaña a favor de Serrano, cuya mala gestión económica se había ganado la mala fama dentro de la entidad.

Serrano introdujo a Díez por medio de contactos políticos que la describían como una militante y activista destacada del PSOE en Cantabria. Durante su estancia en Correos demostró un nulo conocimiento de los cargos encomendados, según fuentes de la empresa. Su última función fue la de coordinar la red de oficinas, donde cosechó unos resultados desastrosos y el desánimo de los jefes intermedios y el personal de las oficinas.

Las mismas fuentes hablan de que se contrataron proveedores y se pusieron en marcha «ocurrencias» que parecían «chanchullos». Entre los más sonados se encuentran los ruinosos aviones de Correos Cargo, alquilados para envíos de paquetería a otros países, y la adjudicación de la limpieza de las oficinas de Correos. Ninguno de ellos tenía relación alguna con la filatelia.

Serrano mantuvo a la fontanera en puestos claves de la directiva en julio de 2023, tras las últimas elecciones generales. Díez salió de Correos en la reorganización que Pedro Saura ejecutó en diciembre de aquel mismo año.

Los cinco días de reflexión

La tranquilidad de los despachos oficiales saltó por los aires a finales del año 2025 cuando la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil procedió a su detención fulminante tras una minuciosa investigación coordinada por el juez Santiago Pedraz.

Los informes de la UCO señalan que el momento cumbre de la actividad de esta red se activó en abril de 2024, coincidiendo con los cinco días de reflexión que se tomó Sánchez. Se atribuye a algunos intervinientes la expresión de la necesidad de «limpiar» la situación, término que el auto reproduce como parte del contenido de la investigación. Del mismo modo, se recogen notas manuscritas atribuidas a Leire en las que se alude a intentos previos de contacto con el PSOE y a la activación de esos contactos tras la apertura de determinadas causas judiciales.

Para lograr este fin, la red presuntamente recopilaba dosieres con información sensible de magistrados de la Audiencia Nacional, de fiscales de Anticorrupción y de los propios mandos de la UCO encargados de las pesquisas.

Las intervenciones telefónicas desvelan un trasiego constante de mensajes en los que Díez alardeaba de su capacidad para influir en los procesos y afirmaba actuar bajo el mandato directo del entonces secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán.

39 reuniones con Cerdán

Quien fuera mano derecha de Sánchez y sucesor de José Luis Ábalos en el organigrama de la formación, reconoció conocer a Leire «desde hace años», mencionando que era militante y que estaba haciendo «algún trabajo periodístico», aunque desconocía «dónde trabajaba».

«Las actuaciones practicadas permiten apreciar que la organización desplegó una actividad continuada y estructurada, articulada a través de diversas líneas de actuación coordinadas entre sí y orientadas a la consecución de sus fines», expone el auto del juez.

«En el seno de tales actuaciones, habrían llevado a cabo distintas acciones susceptibles de revestir relevancia penal. Como muestra de ello, funcionarios públicos fueron objeto de ofrecimientos de diversa índole, solicitando a cambio actuaciones de diferente naturaleza», se agrega.

El 26 abril de 2024, Cerdán recibió a la fontanera y el empresario Javier Pérez Dolset, quienes le entregaron grabaciones de Villarejo que recogían audios sobre las saunas del suegro de Sánchez. No sería la única: el auto del juez Pedraz recoge hasta 39 encuentros entre el número dos del PSOE y Díez, 22 de ellos transcurridos en Ferraz. Tras ella, el documento del magistrado especifica que el partido pagó hasta cuatro viajes de Leire Díez desde la sede, gestionándose el primero tras aquella primera reunión. «Esto pone de manifiesto dos cuestiones: la participación de empleados con funciones administrativas que habrían adquirido el billete y gestionado el mismo en favor, en este caso, de Leire y, por otro lado, la asunción del coste del billete por parte del partido. Esto también se sucede de forma recurrente a lo largo del tiempo y desde este momento», asegura el escrito.

«Intereses del PSOE, ciertos ministros o a su presidente»

El exsecretario de Organización socialista transmitió «por orden del One» que se considerara el caso hidrocarburos como una prioridad «al considerarlas vinculadas a las causas que afectaban al partido y al Gobierno», según el texto del juez.

Uno de los informes de la UCO incluidos en el sumario apunta a que el grupo organizado por Cerdán y Leire, entre 2024 y 2025, habría actuado para proteger «los intereses puestos en juego en virtud de una serie de causas judiciales con afectación al PSOE, y, directa o indirectamente, a ciertos miembros del Gobierno o a su presidente».

La trama también operaba, bajo el alias «Hirurok» («nosotros tres», es euskera), junto al expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández y Antxon Alonso, propietario de Servinabar, empresa señalada por la adjudicación de contratos públicos a cambio de mordidas y de la que Cerdán también era socio.

Del mismo modo, el sumario recoge que la fontanera se presentó al comandante Rubén Villalba, el guardia civil imputado en el caso mascarillas, como alguien que tenía vínculos con «los de arriba del Gobierno» y que el próximo DAO de la Guardia Civil «lo iba a poner ella».

Y es que en el seno de la Guardia Civil se habían levantado asperezas por la actuación en algunas causas con mayor «afectación política» para el Gobierno de Sánchez y su entorno familiar. Concretamente, entre los mandos del Instituto Armado y los jefes de la UCO. El DAO aseveró que la «credibilidad de la UCO y de la Guardia Civil estaba por los suelos» y pidió el 19 de julio que el informe a efectuar debía estar «analizado y que no haya nada» sobre David Sánchez. De acuerdo con los informes aportados al juez Pedraz, «por parte del DAO se indicó a los presentes en la misma que, en aquellos procedimientos policiales que tuvieran afectación política, no se fuese proactivo», dando la indicación expresa de que «nos pusiéramos de perfil», relataron los agentes a sus propios compañeros.