La ofensiva jurídica contra la ley de nietos complica los planes de Sánchez para alterar el censo electoral

Con la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática —popularmente conocida como «ley de nietos»—, el Gobierno abrió una vía excepcional para que los nacidos fuera de España hijos o nietos de españoles exiliados durante la Guerra Civil o la dictadura por razones políticas, ideológicas, de creencia o de orientación e identidad sexual, pudieran optar a la nacionalidad española. El plazo para formalizar las solicitudes finalizó en octubre de 2025, tras una prórroga, y permitió según datos oficiales que se tramitasen cerca de 2 millones y medio de solicitudes de las que, a principios de 2026, se habían aprobado más de 545.000 expedientes en los registros civiles consulares.

La norma, inicialmente concebida como medida de reparación histórica, abrió en la práctica un intenso debate sobre los riesgos jurídicos, administrativos, de control documental y de posibles efectos sobre el censo electoral de residentes ausentes (CERA).

El punto central de la controversia no era tanto el texto legal aprobado por las Cortes como la posterior Instrucción de 25 de octubre de 2022 de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, firmada por Sofía Puente, hermana del actual ministro de Transportes, en la que se introdujo una presunción para que quienes salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955, también por motivos laborales, pudieran beneficiarse de la misma consideración.

Una extensión que, los más críticos sostienen que supera el ámbito subjetivo de la ley, más allá de lo que el legislador aprobó, de manera expresa, después de que el Congreso rechazase las enmiendas, en aquel momento presentadas hasta en dos ocasiones por Ciudadanos, que pretendían incluir la emigración económica entre los criterios para la concesión de la españolidad.

Más allá del debate técnico, los consulados han recibido un aluvión de documentación tal que diplomáticos y asociaciones de funcionarios no tardaron en alertar de retrasos extremos en algunos de los expedientes cuyos solicitantes, por edad, podrían no verlos resueltos en vida. El sistema, saturado, obligaba a la externalización puntual de tareas y una presión, sin precedentes, sobre los registros civiles consulares que también hacían saltar las alarmas al darse cuenta de las dificultades para verificar la documentación presentada y detectar posibles fraudes.

No en vano, en muchos de los casos se estarían admitiendo partidas de bautismo u otros documentos antiguos cuando no existían inscripciones regladas, así como certificados sobre linajes, procedentes de ciertos países con serias dificultades para acreditar la autenticidad de los mismos; en el caso de Cuba, la intervención de empresas estatales, directamente dependientes de la dictadura, durante el proceso de validación documental, con todas las reservas que conlleva.

El fracaso en otros países de la UE

Pese a todas las grietas y recelos, los nuevos nacionales ya pueden inscribirse en el CERA y votar en las próximas elecciones generales, autonómicas o europeas. Una evidencia que ha desatado todo tipo de acusaciones de «ingeniería electoral». No sin razón, la oposición política denunciaba un crecimiento del censo exterior de forma significativa, desde 2022, que podría verse ensanchado hacia las elecciones de 2027, alternado los equilibrios habituales en circunscripciones sensibles.

De hecho, los precedentes surgidos en otros países de la Unión Euopea, que abrieron vías generosas de nacionalidad por ascendencia (Portugal con los sefardíes, Italia, etc.) terminaron restringiéndolas ante los fraudes masivos, la comercialización de pasaportes o la saturación administrativa. España, en cambio, y pese a las evidencias ha tomado el mismo camino.

Una ofensiva múltiple para evitarlo

Así las cosas, el Gobierno defiende que se trata de una reparación legítima, que las cifras de aprobaciones están muy por debajo de las solicitudes y que el proceso electoral español cuenta con suficientes garantías para evitar 'vuelcos' masivos por la entrada de nuestros votantes. Y, además, ha insistido en varias ocasiones en que era el Partido Popular (PP) en la oposición, el que históricamente defendía la ampliación a nietos de emigrantes económicos. Eso sí, eludiendo que lo hacía dentro de una iniciativa reglada y para debate en el Congreso.

En contra de la versión oficial, una decena de ofensivas judiciales, administrativas y políticas presentadas contra la ley de nietos, desde 2022, tratan de frenar, anular o controlar la aplicación de la disposición y, sobre todo, de la instrucción de desarrollo.

Entre ellos, los recursos de inconstitucionalidad de Vox, y del PP contra la Ley de Memoria Democrática en general, ante el Tribunal Constitucional. Solo Vox impugnó de forma específica la disposición relativa a la nacionalidad, pero todoe ellos están pendientes de una resolución que, de acuerdo con el calendario previsibles, no se espera antes de las próximas elecciones generales de 2027.

El recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), todavía en trámite, interpuesto en diciembre de 2022 por la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica, que pide la nulidad de pleno derecho de la instrucción de Sofía Puente.

El recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional contra el silencio del ministro de Justicia ante una petición de revisión de la instrucción.

El recurso contencioso-administrativo de Iustitia Europa ante el Tribunal Supremo contra un acuerdo de la Junta Electoral Central (JEC) relativo a este extremo. Por el momento, el Alto Tribunal ha requerido toda la documentación disponible y estudia medidas cautelares para suspender determinadas altas en el CERA y ordenar una auditoría interna y exhaustiva antes de darlas por buenas.

Varias querellas por presunta prevaricación contra Sofía Puente presentadas por Hazte Oír que sostiene que una instrucción administrativa no puede ampliar el contenido de una ley que no haya sido correctamente ampliada o nuevamente debatida en el parlamento.

Además, a todas las anteriores, se suman algunas denuncias y solicitudes de medidas cautelares ante la Junta Electoral Central formuladas por Hazte Oír e Iustitia Europa, pidiendo suspender nuevas inscripciones sin vínculo verificado, auditar el CERA e impartir instrucciones vinculantes a los consulados. La JEC ha rechazado algunas intervenciones por entender que exceden sus competencias, aunque ha solicitado aclaraciones a la Oficina del Censo Electoral.

Peticiones de revisión de oficio y nulidad de la instrucción dirigidas al propio Ministerio de Justicia (Vox, asociaciones y, más recientemente, el PP, que reclama informe del Consejo de Estado) que han sido desatendidas por su titular, Félix Bolaños.

Varias solicitudes de suspensión de tramitación de expedientes no formalizados en plazo y de otra instrucción de 2024 que amplió las posibilidades de presentación.

Además, en el ámbito netamente político y en el plano internacional, se han registrado iniciativas parlamentarias del PP y de Vox exigiendo explicaciones y transparencia sobre contratos de externalización (en Argentina y Cuba), comparecencias de ministros, preguntas sobre el impacto electoral y reclamaciones de garantías. Vox ha anunciado una batería de medidas en instituciones españolas, autonómicas y en el Parlamento Europeo en los próximos meses.

De hecho, ya se tiene constancia de varias denuncias ante organismos de la Unión Europea, en concreto la Comisión LIBE del Parlamento comunitario, impulsadas por Hazte Oír y respaldadas por más de 50.000 firmas, alertando de posibles vulneraciones del derecho de la UE y de riesgos reales para la integridad electoral.

Por último, se han puesto en marcha campañas de recogida de firmas, denuncias públicas y presión mediática de asociaciones y partidos para impedir que se materialicen los efectos de una instrucción que ha sido puesto en cuarentena por su naturaleza expansiva.

La mayoría de estos procedimientos siguen abiertos o en fases iniciales. Fuentes jurídicas coinciden en que es improbable que se resuelvan de forma definitiva antes de 2027. Mientras tanto, el proceso de tramitación de expedientes continúa, aunque a un ritmo condicionado por la capacidad consular.