El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en una imagen de archivo
Bolivia irrumpe en el Congreso: el PP exige al Gobierno explicar su relación con el presidente que recibió a Zapatero
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional certificó en un informe elaborado en el marco del caso Plus Ultra –causa que investiga la Audiencia Nacional– que el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero cobró 200.000 euros entre 2024 y 2025 como «contraprestación económica» por mediar con el Ejecutivo de Bolivia para «beneficiar los intereses» de la compañía peruana Grupo Gloria, que está siendo investigada judicialmente en dicho país.
El que fuera jefe del Ejecutivo y líder del PSOE, durante un viaje que hizo en septiembre de 2024, «se había reunido o contactado con altas esferas políticas de Bolivia» como el entonces presidente, el izquierdista Luis Arce, o «los ministros de Economía y Justicia o el Procurador General del Estado». «El ejercicio de dichas influencias sería remunerado por los clientes de la organización criminal simulando servicios de asesoría no prestados, creando contratos ad hoc para justificar dichos pagos», recogió el dosier.
En este contexto, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados ha presentado en la Comisión de Asuntos Exteriores una Proposición no de Ley (PnL) «de apoyo al proceso de transición a la democracia iniciado en Bolivia y respuesta institucional al desafío promovido por el populismo frente a las autoridades legítimas del país».
El PP señala que «después de dos décadas de gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS), Bolivia inició en 2025 una nueva etapa política con la elección de Rodrigo Paz Pereira como presidente, tras imponerse en la primera y segunda vuelta de las elecciones celebradas en agosto y octubre de ese año».
Rodrigo Paz Pereira, presidente electo de Bolivia
«El proceso electoral de 2025 abrió una oportunidad para la recuperación democrática de Bolivia, con el retorno al respeto del Estado de Derecho, la separación de poderes, las garantías constitucionales y las libertades ciudadanas. La derrota electoral del MAS supuso, además, el fin de una etapa marcada por el control político de las instituciones. No obstante, esta nueva etapa se desarrolla en un contexto de elevada tensión. En las últimas semanas se han producido movilizaciones, bloqueos de carreteras y acciones de presión promovidas o respaldadas por sectores próximos al expresidente Evo Morales y por organizaciones que durante años mantuvieron una posición de influencia política durante los gobiernos anteriores», añade el escrito.
Para la formación que encabeza Alberto Núñez Feijóo «la crítica política forma parte de cualquier democracia», aunque «la utilización de la violencia, la coacción, los bloqueos y la presión en la calle para alterar el normal funcionamiento institucional y democrático representa una seria amenaza para la estabilidad democrática de Bolivia y para los ciudadanos que quieren vivir en libertad».
Por todo ello, el PP exige al Gobierno que «informe» a «la Comisión de Asuntos Exteriores sobre los contactos mantenidos desde las elecciones de 2025 con el Gobierno de Bolivia, representantes del MAS, los expresidentes Evo Morales y Luis Arce» –este último fue el recibió a Zapatero, según acreditó la UDEF– y «organizaciones vinculadas a las movilizaciones, indicando fecha, objeto y posición defendida por España».
Igualmente, piden al Ejecutivo de Pedro Sánchez «manifestar su respeto al resultado de las elecciones presidenciales celebradas en Bolivia en 2025, reconocer la legitimidad democrática del presidente Rodrigo Paz Pereira y rechazar cualquier intento de alterar por vías violentas, coercitivas o contrarias a la Constitución el mandato expresado en las urnas».