El presidente de Libertades de la Eurocámara duda de las intenciones de Marruecos sobre los inmigrantes de Ceuta

El presidente de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos Exteriores (LIBE) del Parlamento Europeo, el español Javier Zarzalejos, ha afirmado este miércoles que «hay una distancia bastante notable entre lo que dice y hace» respecto a la petición de Marruecos de que todos los inmigrantes que el pasado 30 de julio cruzaron la frontera para pasar a España por Ceuta fueran devueltos a su país.

Durante una entrevista en Canal Sur, el eurodiputado español ha recordado, además, que estos menores están en situación de vulnerabilidad; se desconocen sus condiciones sanitarias y, en el caso de las niñas, su vulnerabilidad se acentúa ante posibles abusos sexuales.

Zarzalejos, del Partido Popular, es el líder de los negociadores por parte del Parlamento Europeo del reglamento de retorno de inmigrantes que fue aprobada el pasado mes de junio. En virtud de esta directiva, el martes el portavoz de Interior de la Comisión Europea, Markus Lammert, aseguró que «la expectativa es que todos los que permanezcan ilegalmente en Ceuta sean retornados» y argumentó que la devolución de los menores viene amparada por el reglamento europeo.

A este respecto, Zarzalejos ha señalado que los instrumentos jurídicos de los que dispone Europa prevén, en primer lugar, garantizar su asistencia; buscar la reagrupación familiar o la entrega a los servicios sociales de sus países de origen; y el asilo en caso de que lo pidan y que, de ser concedido, hace que los menores pasen a ser responsabilidad del Estado.

Fuentes comunitarias han explicado a Europa Press que el reglamento de retorno acordado el pasado mes de junio por el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE, que representa a los estados, también contiene disposiciones sobre los menores no acompañados «que son muy similares a las de la directiva».

El reglamento endurece la política de retornos y consolida los centros de deportación fuera del territorio de la Unión Europea, si bien los menores no acompañados quedan excluidos de dichos acuerdos o convenios con terceros países. Eso sí, abre la puerta a controles biométricos para verificar la edad de los menores y su detención como «ultimo recurso» durante «el período más breve posible», con un máximo de 24 meses.