La asociación mayoritaria de fiscales carga contra Peramato por decir a la UE que el caso García Ortiz fue irregular

La Asociación de Fiscales –la mayoritaria del sector– ha remitido una carta a la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, en la que le pide «que confirme el contenido y alcance de la comunicación remitida a la Comisión Europea» respecto a la condena del Tribunal Supremo contra su antecesor en el cargo Álvaro García Ortoz. Además, la misiva solicita «que explique, en particular, si en ella se cuestiona la actuación o independencia de otro órgano nacional en relación con un asunto que afecta a un particular y cuál fue la finalidad de incorporar tales consideraciones a la respuesta solicitada».

El digital izquierdista infoLibre informó de que la Fiscalía General del Estado trasladó a la Comisión Europea, en un documento para el Informe sobre el Estado de Derecho de 2026, que la instrucción y el juicio contra el exfiscal general Álvaro García Ortiz mostraron «irregularidades» que han generado «la percepción de una influencia real de la política en el sistema judicial español» y un incremento en la percepción de «falta de independencia del Tribunal Supremo». Según este medio, el escrito de la Fiscalía, dirigida por Teresa Peramato, también recoge «la controversia y las críticas en ámbitos judiciales y legales» que ha suscitado la condena de García Ortiz.

Así las cosas, la carta señala que «la Asociación de Fiscales ha tenido conocimiento de la comunicación remitida por la Fiscalía General del Estado a la Comisión Europea en respuesta a la consulta formulada por esta institución en relación con determinadas cuestiones relativas al funcionamiento del Estado de Derecho y de las instituciones españolas».

«El Ministerio Fiscal puede y debe colaborar con las instituciones europeas cuando estas recaben información sobre el funcionamiento de la Justicia, el Estado de Derecho o la independencia judicial en España. Una cosa es informar objetivamente a una institución europea sobre el funcionamiento de nuestras instituciones y otra, cualitativamente distinta, aprovechar la respuesta a una consulta europea para cuestionar la independencia o la actuación de otra institución constitucional en un caso particular. En el primer supuesto, la Fiscalía cumple su función institucional y facilita el legítimo escrutinio europeo. En el segundo, corre el riesgo de abandonar la posición de garante de una regla objetiva para adoptar la de parte política interesada en una controversia concreta», añade.

En este contexto, la Asociación de Fiscales recoge que «la respuesta de la Fiscalía General del Estado a una consulta europea debe servir para proporcionar información objetiva y jurídicamente fundada sobre el funcionamiento de la Justicia española», pero que «no debería convertirse en un cauce para exteriorizar una discrepancia institucional concreta ni para solicitar, siquiera indirectamente, un pronunciamiento político europeo sobre la actuación de un órgano jurisdiccional nacional en la medida en que el Ministerio Fiscal se convierte en parte de una controversia institucional ante una instancia política supranacional».

«Consideramos necesario conocer si el contenido de la comunicación constituye una posición institucional de la Fiscalía General del Estado y si fue sometido al conocimiento o consideración de los órganos colegiados de la Fiscalía que pudieran resultar concernidos. La Asociación de Fiscales formula esta solicitud desde una posición estrictamente institucional y con pleno respeto a las competencias de la Comisión Europea y a las funciones que corresponden a la Fiscal General del Estado. Precisamente porque defendemos una Fiscalía fuerte, independiente e imparcial, consideramos necesario preservar una frontera que no debería difuminarse: la Fiscalía puede y debe ser examinada por las instituciones europeas; no debe convertirse, ni siquiera al responder a sus consultas, en un actor de las controversias institucionales nacionales ante esas mismas instituciones», se agrega.