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Isabel Durán
Contra el relatoIsabel Durán

¿Por qué el Gobierno mantiene a los inmigrantes junto a las infraestructuras críticas de Ceuta?

El mando único establecido por el Gobierno tras el Consejo de Seguridad Nacional mantiene a miles de inmigrantes en el entorno de la Playa del Trampolín, donde se encuentran instalaciones vinculadas al abastecimiento de agua de Ceuta, depósitos de combustible y un polvorín militar. Los ataques organizados contra militares demuestran que el riesgo de seguridad ya no es sólo una hipótesis

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mapa ceuta leyendaEl Debate

En apenas unos kilómetros alrededor de la Playa del Trampolín se concentran algunas de las instalaciones más sensibles de una ciudad de apenas 20 kilómetros cuadrados: la desalinizadora de Playa Benítez, instalaciones esenciales del abastecimiento de agua, instalaciones de combustible y una instalación militar que el propio Ministerio de Defensa denomina oficialmente Polvorín El Renegado. En ese entorno continúan viviendo, casi un mes después de las entradas masivas de finales de julio, miles de inmigrantes fuera de los centros de acogida.

Y ahora sabemos algo que modifica la dimensión del problema. Nadie que huya de un país a otro ataca de forma organizada a quien debe protegerles. Es lo que ocurrió en la madrugada del jueves: entre 30 y 40 inmigrantes emboscaron un vehículo del Ejército en Benzú atacándolo con piedras de grandes dimensiones. Cuatro militares resultaron heridos. Doce marroquíes fueron detenidos. Once reconocieron los hechos, aceptaron un pacto con la Fiscalía y fueron condenados a dos años de prisión por atentado contra agentes de la autoridad. La pena ha sido sustituida por la expulsión de España y la prohibición de entrada durante cinco años. El duodécimo ha negado los hechos y permanece en prisión provisional a la espera de juicio. Al día siguiente se produjo un nuevo ataque con el apedreamiento a otra patrulla militar de la que un sargento resultó herido leve. La nueva emboscada se saldó con cuatro detenidos. Van ya 16 marroquíes detenidos en dos ataques organizados contra los militares en dos días.

Aunque la inmensa mayoría de quienes permanecen en Ceuta no ha participado en estos episodios, un Estado no protege sus infraestructuras críticas calculando únicamente qué hará la mayoría. Para provocar una emergencia no hacen falta miles de personas. Basta una minoría decidida.

El agua de 83.000 personas

El agua de Ceuta es además una infraestructura crítica especialmente vulnerable por su concentración geográfica. En el entorno de la Playa del Trampolín y Playa Benítez se sitúan piezas esenciales del abastecimiento de toda la ciudad: la desalinizadora, la estación de tratamiento y, a muy poca distancia, los embalses del Infierno y el Renegado. Es decir, el sistema del que depende el agua de más de 83.000 ceutíes se concentra precisamente en la zona donde permanecen desde hace un mes miles de inmigrantes. Además, Ceuta carece de profundidad territorial: depende de pocas infraestructuras esenciales y tiene escasas alternativas si una de ellas falla. La pregunta es inevitable: ¿qué evaluación de riesgos hizo el Gobierno antes de permitir que durante semanas se consolide una concentración tan extraordinaria de personas en este entorno?

Combustible y un polvorín militar

Porque el problema no afecta sólo al agua. En Playa Benítez se encuentran también los «depósitos de combustible de las plantas de ATLAS S.A.-CEPSA (Benítez)», como los identifica la propia documentación de la Ciudad. Y en la zona se encuentra asimismo el Polvorín El Renegado, denominación que figura en documentación oficial del Ministerio de Defensa publicada en el BOE.

Lo que hay que preguntarse es por qué el Gobierno acepta riesgos evitables cuando su obligación es no solo anticiparlos sino eliminarlos. Hasta esta semana podía discutirse sobre probabilidades. Los ataques organizados contra militares demuestran ahora que basta un grupo reducido y coordinado para provocar un incidente de seguridad. Las consecuencias adquieren otra dimensión cuando alrededor existen instalaciones vinculadas al abastecimiento de agua de toda la ciudad, combustible y un polvorín militar.

Más aún cuando el propio Gobierno reconoce que ni siquiera tiene completamente controlada a la población que permanece en las playas. La ministra de Sanidad, Mónica García, lo admitió este sábado: «Es imposible filiar a la gente, hacer reagrupación familiar o un estudio epidemiológico en una playa». Si resulta imposible filiar adecuadamente a quienes permanecen allí, ¿cómo puede evaluarse correctamente el riesgo de mantener esa concentración junto a instalaciones sensibles?

¿Se activaron los planes de protección?

La condición de Aguas de Ceuta Empresa Municipal, SA como operador crítico implica precisamente la existencia de instrumentos destinados a anticipar amenazas y proteger sus instalaciones. Por eso el Gobierno debería aclarar si, después de las entradas masivas de los días 30 y 31 de julio, se revisaron o activaron los planes de protección de las infraestructuras críticas del agua. ¿Se hizo una evaluación específica del riesgo en Trampolín? ¿Se reforzó la seguridad? ¿Quién decidió que podían convivir ambas situaciones? Y, sobre todo, ¿existe un informe que avale esa decisión?

La falta de previsión resulta todavía más difícil de entender porque el Gobierno conocía la movilización previa como explicó Margarita Robles en el Congreso con los datos del CNI. La cuestión es qué ocurrió después. ¿Evaluó el Centro de Seguridad Nacional de Presidencia del Gobierno dónde podían concentrarse quienes lograran entrar? ¿Se estudió la proximidad al agua, al combustible y al polvorín?

¿Quién decide y asume los riesgos?

Hoy añadimos varios riesgos nuevos: sabemos que el agua de Ceuta forma parte del sistema estatal de protección de infraestructuras críticas y que en ese mismo entorno existen depósitos de combustible y un polvorín militar. Sabemos que el Gobierno declaró la situación de interés para la Seguridad Nacional, que los servicios de inteligencia conocían la movilización previa y que una minoría ha demostrado ya capacidad para organizar ataques a nuestros militares. Lo que no sabemos es quién ha decidido que constituyen riesgos asumibles y, y por qué, un mes después, no han sido eliminados.

Una crisis de seguridad no comienza necesariamente cuando deja de salir agua de un grifo, se interrumpe el suministro de combustible o se produce un incidente en una instalación militar. Empieza antes. Cuando los riesgos son conocidos, existen alternativas y quien tiene la obligación de neutralizarlos decide convivir con ellos.

Ceuta acumula demasiados. Y cada día que pasa añade otro.

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