El Gobierno rechaza reformar la Ley de Extranjería para no tener que recurrir al PP

El Gobierno no lo reconoce públicamente, pero de puertas adentro sus miembros asumen que devolver la normalidad a Ceuta llevará ya no semanas, sino meses. De ahí que nadie en la Moncloa se atreva a dar una mera aproximación de cuándo podría producirse la visita del Rey Felipe VI. La Ley de Extranjería se ha convertido en un corsé legal y administrativo para el Ejecutivo. Pero prefiere eso que saltar su propio muro y pactar cualquier reforma con el PP, poniéndose en contra a sus socios habituales. Sería la primera vez que Pedro Sánchez hiciese de la política migratoria motivo de acuerdo y no de confrontación con el principal partido de la oposición. Y no está en su voluntad.

El ministro de Política Territorial y responsable del mando único para la crisis ceutí, Ángel Víctor Torres, afirmó este martes que la ley es la que es, cerrando esa puerta. No habrá reforma ni para afrontar la urgencia actual ni tampoco para blindar la figura del rechazo en frontera de cara al futuro. Con el objetivo de que los inmigrantes que entren ilegalmente a nado también puedan ser devueltos en caliente, que es lo que deniega la famosa sentencia del Tribunal Supremo del pasado 8 de julio.

«Este es el marco legal que tenemos (…). Modificar la ley tiene sus plazos, sus dificultades», sostuvo el ministro. Además, recordó que costó dos años reformar el artículo 35 para obligar a las comunidades a la acogida -por cupos- de menores extranjeros no acompañados, una modificación que el Ejecutivo solventó finalmente a las bravas por la vía del real decreto ley por falta de acuerdo con los populares. Y prometió: «Todos los que entraron el 30 y el 31 de julio van a ser devueltos acorde a la ley».

Torres vendió como un éxito que ya hayan sido expulsados 214 inmigrantes, a los que sumó los 3.500 que han abandonado voluntariamente Ceuta desde el 10 de agosto ante la falta de oportunidades. Sin embargo, la realidad es que es una cifra pequeña: esos 214 lo han sido porque fueron detenidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por delinquir, lo que permitió su salida inmediata.

A cada uno de los demás marroquíes mayores de edad que siguen vagando por la ciudad autónoma hay que filiarlo y abrirle un expediente individualizado que puede dilatar con sucesivos recursos, puesto que además tiene derecho a asesoramiento legal. Y Marruecos debe reconocer en cada caso que se trata de un ciudadano marroquí, de ahí que el reino de Mohamed VI siga teniendo agarrado al Gobierno de Sánchez. Cuya portavoz insistió este martes, por enésima vez: «No hay ninguna evidencia, ningún informe, ningún indicio de que Marruecos participara», según Elma Saiz.

Y luego están los menores no acompañados, un nudo gordiano aún mayor porque, aunque la regla general es la repatriación, por encima de ello prima el interés superior del menor. De momento hay filiados 1.612 menores en Ceuta, de los que 1.129 lo han sido después del 30 de julio. El Gobierno no sabe los que quedan por filiar y además Sumar, con su ministra de Juventud e Infancia al frente, está presionando para que sean derivados a las comunidades autónomas.

Así pues, el único plan del Gobierno pasa por intentar «acortar al máximo» los plazos de la ley actual. El Ministerio de Justicia y el Colegio de Abogados de Ceuta pactaron el lunes incrementar el número de abogados de oficio hasta 18 (hasta agosto eran solo tres), a lo que se suman dos jueces de refuerzo llegados a la ciudad autónoma, así como medio centenar de policías nacionales más y 11 funcionarios desplazados para atender las solicitudes de asilo.

El Ejecutivo sabe que camina por un terreno resbaladizo porque, tras la avalancha que se produjo en mayo de 2021 por el Tarajal, la Justicia condenó a nueve años de inhabilitación a la exdelegada del Gobierno en Ceuta y a la exvicepresidenta primera del Gobierno ceutí por un delito de prevaricación administrativa con relación a la repatriación de menores de edad. Quisieron ir más rápido de lo que permite la ley. El ministro Torres recordó ayer ese episodio y afirmó que ninguna de las dos «merecían tal condena». «Los expedientes son como son, se hacen como se tienen que hacer. Hay procedimientos garantistas que tenemos que respetar», añadió.

El Consejo de Ministros aprobó este martes un real decreto ley que moviliza 309 millones de euros (y otros 50 en avales) para este cuatrimestre. Y anunció que ya ha dispuesto más de 3.400 plazas adicionales y que espera llegar a 6.000 próximamente. Pero no consigue sacudirse la imagen de una administración incapaz de devolver la normalidad a Ceuta, cuyos habitantes volverán a salir este miércoles a la calle para protestar por el abandono. Y, con ellos, otros decenas de miles de españoles en las concentraciones convocadas en los ayuntamientos de todo el país.