El juego de trileros de la ley de nietos: con el plazo cerrado, el contador subió a 2,5 millones

Ayer contábamos que dos días antes de las campanadas de fin de año el Gobierno anunció que 2,4 millones de personas habían «pedido cita» para convertirse en españoles mediante la ley de nietos. Era la plusmarca final de 2025 después de mantener durante meses congelado el contador oficial en 876.321 solicitudes con un baile de cifras inexplicable. También, cómo Ángel Víctor Torres subió el marcador a 2,3 millones introduciendo el innovador y ajurídico concepto de personas «interesadas» en la nacionalidad española. Hoy continuamos el recorrido de los documentos y declaraciones oficiales del propio Gobierno. Verán cómo José Manuel Albares siguió la escalada de Torres moviendo y cambiando de nombre y hasta de contenido los contadores. Y cómo, finalmente, la portavoz Elma Saiz zanjó la cifra en 2,5 millones de supuestos beneficiarios de la ley sin un solo dato fiable ni verificable.

2,45 millones que «manifestaron su interés»

El 29 de abril de 2026, durante una visita al Consulado General de España en México, José Manuel Albares hizo balance de la aplicación de la Ley de Memoria Democrática. La nota oficial de Exteriores anunció «más de 2,45 millones de personas que manifestaron su interés en optar por la nacionalidad española».

Nota oficial de Exteriores, 29 de abril de 2026

Lo asombroso es que el propio Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática había publicado desde Buenos Aires, el 1 de octubre de 2025, una nota oficial —21 días antes del cierre del plazo— con datos a 31 de julio. El cuerpo de la nota cifraba en 876.321 las personas que habían solicitado la ciudadanía española y su destacado precisaba que la habían solicitado «oficialmente».

Si el plazo se había cerrado el 22 de octubre, ¿cómo era posible que quienes habían mostrado su interés siguieran aumentando? El 18 de noviembre, cuando Torres hizo balance en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, dio una zancada olímpica: elevó la cifra a más de 2,3 millones de personas que «se han interesado» por obtener la nacionalidad española. Algo más de cinco meses después, Albares anotó otro récord al hablar de «más de 2,45 millones de personas que manifestaron su interés» en optar por ella.

Las dos expresiones significan esencialmente lo mismo. Pero hay un problema: el plazo había concluido el 22 de octubre. ¿Cómo puede aumentar meses después del cierre, el número de quienes habían manifestado su interés?

Entre ambos hitos hubo un escalón intermedio: el 29 de diciembre de 2025, el balance oficial de Ángel Víctor Torres elevó el contador a 2,4 millones de personas que «han pedido cita» para convertirse en nuevos españoles. De este modo, el recorrido oficial fue de más de 2,3 millones de «interesados» en noviembre a 2,4 millones de «personas con cita» en diciembre y a más de 2,45 millones que «manifestaron su interés» en abril.

La realidad administrativa permite una distinción muy sencilla. Después del 22 de octubre podían aumentar las comparecencias, los expedientes presentados, las concesiones de nacionalidad y las inscripciones. Lo que no podía aumentar por nuevas entradas era el universo de personas que habían solicitado válidamente su cita dentro del plazo. Si las cifras posteriores incorporaban personas ya registradas antes del cierre, pero aún no contabilizadas en el balance central, el Gobierno debe explicar por qué sus sucesivos contadores eran incompletos. El plazo estaba cerrado, pero el contador de «interesados» seguía abierto.

1.225.188 solicitudes. Seis días después, 2,5 millones

El 23 de junio, Exteriores publicó finalmente una categoría inequívoca. Con datos a 31 de mayo había exactamente 1.225.188 solicitudes presentadas personalmente en las Oficinas Consulares, 571.761 expedientes aprobados y 333.696 inscripciones. Los «interesados» habían desaparecido del balance. Pero el 29 de junio, solo seis días después, Moncloa volvió a mover el cubilete. La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, afirmó: «Han pedido la nacionalidad 2,5 millones de descendientes de españoles exiliados».

Seis días antes, el Ministerio encargado de los consulados hablaba de 1.225.188 solicitudes presentadas personalmente. Ahora Moncloa decía que 2,5 millones «han pedido la nacionalidad». Entre ambos contadores hay 1.274.812 personas. La diferencia no significa que aparecieran en seis días: demuestra que el Gobierno volvió a utilizar dos contadores distintos sin explicar con precisión qué incluía cada uno.

El broche de Elma Saiz añade otra contradicción. La portavoz del mismo Gobierno cuya Instrucción de 2022 abrió la vía también a descendientes de españoles originarios sin exigir en ese supuesto la prueba del exilio presentó los 2,5 millones como «descendientes de españoles exiliados». Ya no cambiaba solo la cifra ni la categoría estadística: cambiaba también la descripción de quiénes estaban dentro del contador.

Que el Supremo levante los cubiletes

Cuatro vocales de la Junta Electoral Central sostuvieron en su voto particular de 16 de julio que determinados apartados de la Instrucción de 25 de octubre de 2022 contienen previsiones contrarias a la propia Ley 20/2022 y que la Instrucción amplió el derecho más allá de lo aprobado por el legislador. La Instrucción fue firmada por Sofía Puente, entonces directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública. No es la única cuestión que exige una explicación.

Los propios datos oficiales y la forma en que el Gobierno ha ido presentando las cifras revelan que ya no estamos ante una simple confusión estadística. Cuando interesa exhibir la dimensión de la ley aparecen 2,3, 2,4, 2,45 o 2,5 millones. Cuando Exteriores abre parcialmente la caja y cuenta solicitudes presentadas personalmente aparecen exactamente 1.225.188. Y el nombre de lo contado también cambia: solicitudes, citas, «interesados», personas que «manifestaron su interés» y, finalmente, 2,5 millones que supuestamente «han pedido la nacionalidad». Urge auditar la trazabilidad completa: quién pidió cita dentro de plazo, quién compareció, quién presentó expediente, quién obtuvo la nacionalidad y cuál fue después su recorrido hasta el Registro de Matrícula Consular, el PERE y, en su caso, el CERA. Cuando está en juego quién adquiere la nacionalidad española y quién termina incorporándose al censo electoral, una democracia no puede aceptar contadores que cambian de cifra, de nombre y hasta de contenido.

El 7 de septiembre, Iustitia Europa, basándose en las investigaciones publicadas por El Debate, pedirá al Tribunal Supremo que fiscalice precisamente esa caja negra, con Presidencia del Gobierno y el INE ya codemandados en la causa. Esperemos que la Sala obligue, por fin, a levantar los cubiletes: la nacionalidad española y el censo electoral no admiten juegos de manos.