Sánchez asalta el censo electoral de Madrid

El Tribunal Supremo examinará el próximo lunes una cuestión que ha dejado de ser una discusión abstracta sobre la denominada ley de nietos: qué está ocurriendo con el censo electoral español y qué controles se han aplicado sobre su transformación.

El caso más descriptivo de las anomalías producidas por la ley de nietos de Sánchez es Madrid. Desde las últimas autonómicas, el 41,8 % de todos los nuevos electores madrileños vive fuera de España y el pasado julio esa proporción alcanzó ¡el 64,5 %! La Oficina del Censo Electoral ha dejado de publicar los datos siguientes que confirmarían o no la tendencia de este brutal incremento a pesar de que el INE, dependiente del Ministerio de Carlos Cuerpo, explica que el censo electoral es permanente y se actualiza mensualmente, con referencia al primer día de cada mes. Las oficinas consulares remiten además mensualmente las altas, bajas y modificaciones de los españoles residentes en su demarcación. ¿Por qué este nuevo e injustificado apagón?

Lo que va a ver el Supremo

Lo que analizará el lunes la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo son las medidas cautelares solicitadas por Iustitia Europa y Vox. Piden la paralización de nuevas altas en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) vinculadas a las nacionalidades concedidas al amparo de la ley de nietos mientras se resuelve el fondo de sus recursos. Ambas reclaman además controles sobre las inscripciones ya producidas, aunque con distinto alcance. No están pidiendo suspender la ley de memoria democrática, sino sus efectos sobre el CERA y Madrid llega precisamente a esa cita judicial con unos números excepcionales que deberían hacer saltar todas las alarmas.

La instrucción de Sofía Puente: un antes y un después

Cuando Isabel Díaz Ayuso logró la mayoría absoluta en las elecciones autonómicas del 28 de mayo de 2023 y el PSOE quedó relegado a tercera fuerza política, el cuerpo electoral madrileño rondaba los 5,21 millones de electores, de los que aproximadamente 372.448 residían en el extranjero. Desde aquellas autonómicas ha ganado 286.415 electores, de los que 119.628 viven fuera de España. Es decir, el 41,8 % de todo el crecimiento del electorado madrileño desde la última mayoría absoluta de Ayuso procede del CERA. Más de cuatro de cada diez.

Lo que aporta ahora esta investigación consiste en medir cómo ha cambiado la velocidad del crecimiento antes y después de la Instrucción de 25 de octubre de 2022. Los datos publicados por la OCE hasta el 1 de julio, han permitido que tomemos exactamente la misma ventana temporal a ambos lados de aquella fecha: 44 meses antes (de marzo de 2019 a 1 de noviembre del 22) y 44 meses después (de noviembre del 22 a 1 de julio del 26).

En el último mes analizado: el 64,5 %

En los 44 meses anteriores sumó 58.419 electores, un incremento del 19,1 % y la media neta fue de aproximadamente 1.328 electores CERA al mes. En los 44 meses posteriores pasa a tener 127.860 electores más, un incremento del 35,1 % y la incorporación de 2.906 nuevos electores CERA al mes. El resultado es difícil de despachar como una comparación caprichosa: con exactamente el mismo número de meses, Madrid incorpora después de la Instrucción 2,19 veces más electores exteriores que antes.

Cuatro vocales de la JEC señalan exactamente esa fecha

La elección del 25 de octubre de 2022 como punto de corte no procede únicamente de esta investigación estadística. Cuatro miembros de la propia Junta Electoral Central lo situaron por escrito en el centro del problema. En el voto particular formulado por Carlos Vidal Prado y respaldado por Vicente Magro Servet, Fernando Marín Castán y Javier Tajadura Tejada al acuerdo de la JEC del 16 de julio, aparece un epígrafe inequívoco: «El incremento irregular del censo se debe a la Instrucción de 25 de octubre de 2022, y no a la Ley de Memoria Democrática».

El documento va todavía más lejos. Sostiene que, durante las deliberaciones, «la gran mayoría» de los miembros de la JEC consideró que la Instrucción contenía disposiciones contrarias a la propia Ley que pretendía desarrollar. Sin embargo, como reveló este medio, tras las presiones de Félix Bolaños, la mayoría entendió que la Junta Electoral carecía de competencia para intervenir sobre una materia correspondiente a la concesión de la nacionalidad.

Desde el 28-M, el exterior crece nueve veces más deprisa

La segunda fotografía es política. El 28 de mayo de 2023, Ayuso consiguió 70 diputados y renovó su mayoría absoluta. El PSOE quedó tercero, incluso por detrás de Más Madrid. Al día siguiente, Pedro Sánchez anunció el adelanto de las elecciones generales previstas para finales de año al 23-J. Desde entonces, el Censo Español de Residentes (CER) ha ganado 166.787 electores, alrededor de un 3,4 %. Sin embargo, el CERA ha aumentado en 119.628, un 32,1 %. Porcentualmente, el censo exterior madrileño ha crecido más de nueve veces más deprisa que el censo residente.

Madrid concentra hoy cerca de uno de cada cinco electores CERA de toda España, pero ha absorbido casi tres de cada diez nuevas incorporaciones netas al censo exterior desde noviembre de 2022. El crecimiento del último mes resulta más que sorprendente: entre el 1 de junio y el 1 de julio, en total 8.054 electores netos. De ellos, el 64,5 % correspondía al CERA. Casi dos de cada tres nuevos electores madrileños de ese mes vivían fuera de España.

La Oficina del censo…de Sánchez

Como también publicó este periódico, la Oficina del Censo Electoral debe comunicar a la JEC los resultados de informes, inspecciones o expedientes sobre modificaciones censales que determinen una «alteración significativa y no justificada» del número de residentes en una circunscripción, pero no consta que lo haya hecho. Los datos que hoy revelamos demuestran que hay motivos suficientes para observar ambos preceptos. ¿Por qué no lo hizo? Además, el árbitro le solicitó información y, después de recibirla, consideró necesario pedir más. El acuerdo del 16 de julio sostiene que la determinación del municipio debía quedar sometida a criterios objetivos, homogéneos y suficientemente acreditados, y reclamó que la OCE completara su informe sobre la aplicación de esos criterios.

Es decir, la cuestión que el lunes llega al Supremo no se limita a saber quién adquirió la nacionalidad. Alcanza también a qué hizo después la maquinaria electoral controlada por el Gobierno con cada persona: cómo llegó al CERA, dónde quedó inscrita y si el itinerario puede reconstruirse y auditarse, como procede en cualquier democracia homologable. El censo electoral no es de Sánchez, a pesar de que controle su oficina. Ya va siendo hora de abrir la caja.