Colas ante el consulado español en Buenos Aires para beneficiarse de la 'ley de nietos'
El Debate accede a los autos en primicia
El Supremo considera que el «incremento» del censo por la ley de nietos supone «riesgo de alteración serio» de los resultados electorales
El Alto Tribunal ha acordado paralizar los efectos registrales de las nacionalizaciones de descendientes de españoles, ante la ampliación presuntamente irregular de la Ley de Memoria Democrática que ha hecho el Gobierno, a través de una instrucción de la hermana de Oscar Puente
Si bien el Supremo considera que la «mera circunstancia» de que un determinado número de personas haya adquirido la nacionalidad española al amparo de la denominada 'ley de nietos' no constituye, «por sí sola», un elemento para justificar la cancelación de los efectos legales ya vigentes, sí considera que en el caso concreto de las medidas cautelares solicitadas por Iustitia Europa y Vox, era necesario proteger la eventual participación de estos en futuras citas electorales, mientras su inclusión en el censo siga cuestionada.
Y esta circunstancia no se puede permitir en el marco de los comicios que, en todo su desarrollo, tienen la obligación de ser «fiel reflejo de la voluntad y del derecho de opción del pueblo español a decidir su futuro». Lo que, por tanto, implica que los representantes públicos deben elegirse en procesos «limpios y despojados de toda circunstancia, causa u obstáculo que pueda perjudicar o poner en riesgo la libre y voluntaria elección ciudadana», reza uno de los dos autos de la Sala Tercera del Alto Tribunal a los que ha tenido acceso El Debate.
En ambas resoluciones, el Supremo ha fijado las razones por los que adoptó la decisión, adelantada el pasado 6 de septiembre, de congelar la aplicación efectiva de la polémica norma, desarrollada por el Gobiermo a través de una instrucción dictada por la ex directora general de seguridad jurídica y fe pública Sofía Puente, la hermana del actual ministro de Transportes Óscar Puente.
Una situación provisional que se prolongará hasta el la misma Sala Tercera se pronuncie sobre el fondo del asunto, el presunto incremento irregular del Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) en una sentencia firme, para resolver las dudas planteadas por Vox y la entidad Iustitia Europa sobre los votos de los españoles que viven en el extranjero.
Por el momento, y tras valorar la importancia de los diferentes intereses jurídicos en juego, los magistrados han explicado que es imprescindible preservar la transparencia de los procedimientos electorales, por encima de cualquier otro derecho que haya podido verse afectado, provisionalmente.