El Gobierno usará el voto particular de una jueza del cuarto turno para activar a Conde-Pumpido en la ley de nietos

Tras el revés judicial de la Sala Tercera del Tribunal Supremo a los presuntos planes del Gobierno para alterar el censo, a través de la deniminada Ley de Nietos, el ministro de Justicia Félix Bolaños ha manifestado su intención de buscar soluciones para evitar el perjuicio que, con ello, y en su opinión, se está causando a miles de ciudadanos españoles que, si bien tienen la nacionalidad, nunca han pisado nuestro país. Más allá de la campaña mediática y de la consigna poítica que ha puesto en guardia al Ejecutivo, contra la medida cautelar acordada por el Alto Tribunal, los socialistas buscan ya la fórmula jurídica para revertir la situación y una de las claves será el único voto discrepante de una de las magistradas del TS que consideró una «incongruencia procesal» la posición mayoritaria.

Así las cosas, María Alicia Millán Herrandis -profesora de derecho administrativo en la Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia, entre 1995 y 2000, con anterioridad a su ingreso en la Carrera Judicial fue letrada y, posteriormente, jefa de área del Gabinete Jurídico de la Generalidad, desde donde accedió por el cuarto turno a formar parte de la Carrera Judicial- se desmarcaba del resto de sus compañeros de sección para oponerse al bloqueo de la Ley de Nietos en base a meras «hipótesis» sobre un riesgo electoral, todavía, inexistente.

La posición de la magistrada, que se apoya más en «razones ideológicas y de afinidades» que en los argumentos «verdaderamente vinculantes aportados desde el criterio mayoritario», apuntan fuentes conocedoras del caso, servirá como punto de partida al Gobierno de Pedro Sánchez para justificar no sólo su relato político, sino los futuros recursos e impugnaciones necesarios para reactivar el proceso de nacionalizaciones, de la mano del Tribunal Constitucional de Cándido Conde-Pumpido. Al igual que el presidente de la Corte de Garantías, la magistrada forma parte del denominado «sector duro de la izquierda judicial», según ha podido saber El Debate.