Vox amplía la querella contra Sofía Puente por la instrucción de la ley de nietos para incluir a la presidenta del INE

Vox ha presentado un escrito ante la sección de instrucción del Tribunal de Instancia número 3 de Madrid para solicitar la ampliación de la querella que interpuso en julio –y que ha sido admitida a trámite esta misma semana– contra Sofía Puente, entonces directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública, y su sucesora María Ester Pérez por la instrucción relativa a la ley de nietos de octubre de 2022 y la de noviembre de 2024, e incluir en la misma a Elena Manzanera, presidenta del INE y directora de la Oficina del Censo Electoral.

El partido de Santiago Abascal imputa a Manzanera un presunto delito electoral y otro de prevaricación administrativa por omisión y pide al juzgado que la cite en calidad de investigada. Como recoge Vox en su escrito, considera que «bien por acción, bien por omisión de control» sobre ella «pende la efectiva incorporación al censo de las personas que adquirieron la nacionalidad en aplicación de los criterios de la Instrucción».

La formación se hace eco del auto del Tribunal Supremo que, aceptando adoptar las medidas cautelares como pidió Vox, apunta un «incremento exponencial de electores inscritos en el CERA», señalando que «no se había producido con anterioridad» a la vigencia de la ley de nietos (disposición adicional octava de la ley de Memoria Democrática) y de la citada instrucción de Puente, unas circunstancias que para la Sala «pueden afectar a la transparencia del proceso electoral y a la confianza de la ciudadanía en sus resultados, amén de generar una circunstancia fundada de incertidumbre sobre el resultado electoral».

Vox subraya que Manzanera dirige la Oficina del Censo Electoral desde agosto de 2022, antes de que entrase en vigor la ley de memoria y antes de la instrucción de Puente, y «durante todo el periodo de crecimiento del CERA». Y recoge, como ha contado El Debate, la cualificación en materia de datos dada su trayectoria, lo que para Vox «sería relevante para valorar tanto su conocimiento de la situación como su capacidad efectiva para identificar, desglosar y auditar el origen de las altas en el CERA».

En su escrito, el partido recalca que pese a ese «incremento excepcional» en el registro del censo exterior, «no consta que la OCE (Oficina del Censo Electoral) ejerciera dichas funciones de control, supervisión y comprobación respecto de las altas derivadas de las Instrucciones» ni que «esté en condiciones de identificar el origen jurídico de esas altas», algo que considera «incoherente e incompatible con las funciones que tiene atribuidas y los medios con los que cuenta para ello».

Eso en lo que respecta al presunto delito electoral en que cree que podría haber incurrido Manzanera. Y en lo que concierne al presunto delito de prevaricación administrativa por omisión, Vox incide en ese incremento del registro en el CERA que la presidenta del INE conocía y alude por tanto a que tenía posibilidad de haber actuado y contaba con los medios y la cualificación al respecto.