El contador trucado del cronómetro del CERA cuya responsable es una estratega de datos

Un mes puede parecer poca cosa en una estadística de casi cuatro años. Pero cuando se trata del censo electoral, mover un mes el cronómetro cambia el punto desde el que se mide todo lo que viene después. Eso es exactamente lo que hizo la Oficina del Censo Electoral (OCE) al explicar la evolución del Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) después de la entrada en vigor de la instrucción de Sofía Puente que abrió la puerta a las nacionalizaciones de tataranietos en ley de Memoria Democrática. Lo hizo en el informe del el 9 de julio entregado a la Junta Electoral Central.

El cronómetro retrasado

La OCE toma como referencia diciembre de 2022, al considerar que se trata del «primer censo mensual formado con la información remitida por los Consulados con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley». El cronómetro empieza un mes más tarde dejando fuera el primer crecimiento producido después de la Instrucción de Sofía Puente dejando fuera 1.119 electores netos más. Ese es el punto de partida real en que comienza la transformación más extraordinaria de la historia del censo exterior y no el aportado por la OCE.

Cuarenta y cuatro meses después, el incremento mensual había pasado de 1.119 a 20.536 electores. El contador no sólo había crecido. Había multiplicado por 18,35 su velocidad. Y después el INE produjo su primer apagón en la publicación de la estadística oficial, como reveló este periódico en la crónica del juego de trileros con la ley de nietos. Ese día informábamos también que se había producido el primer apagón de los datos de las estadísticas oficiales.

Lo que demuestra también el cronómetro real es que, desde el primer cierre mensual posterior a la instrucción de Sofía Puente, es que el CERA ha incorporado 457.105 electores: ha pasado de 2.290.583 inscritos a 1 de noviembre de 2022 a 2.747.688 a 1 de agosto de 2026, un incremento del 19,96 %.

La caja negra que solo el Gobierno controla

Las 1.119 altas netas de noviembre no significan que fueran beneficiarios de la ley de nietos porque precisamente la OCE no ofrece públicamente esa trazabilidad individualizada. Su variación mensual incorpora movimientos producidos por distintas causas. Lo que se mide es otra cosa: qué ocurre con el censo exterior a partir del primer cierre posterior a la decisión administrativa que alteró el alcance con el que se aplicaría la disposición adicional octava.

Sin embargo, estos datos son hasta ahora una gran caja negra que solo el Gobierno conoce y controla que este periódico ha venido pidiendo que se abra porque la OCE solo publica el saldo total. Los ficheros que hace públicos no identifican cuántos de esos nuevos electores obtuvieron la nacionalidad mediante la disposición adicional octava de la ley de Memoria Democrática. Tampoco permiten separar directamente en el saldo mensual las altas derivadas de nuevas nacionalidades de las correspondientes a españoles que trasladan su residencia al extranjero, ni reconstruir sólo con la cifra agregada todas las altas y bajas que produjeron el resultado final.

En dos autos el Tribunal Supremo aprobó las medidas cautelares solicitadas por Iustitia Europa y Vox. Ordenó abrir de forma taxativa y urgente el puchero que contiene la caja negra del censo de Sánchez y congelar la incorporación al CERA de quien no acredite el exilio. Es un éxito sin precedentes debido a los recursos interpuestos por Iustitia Europa y VOX. Hasta ahora la OCE no ha aportado información alguna sobre el desglose de las altas.

Repescada por Sánchez

Precisamente, como revelaba ayer El Debate, al frente de la Oficina se encuentra Elena Manzanera, es una de las especialistas españolas con mayor experiencia en integración de registros administrativos, interoperabilidad, georreferenciación y explotación de datos públicos. Una funcionaria que comenzó su andadura en cargos de responsabilidad al frente de las estadísticas en Andalucía de la mano de los gobiernos socialistas de Manuel Chaves, José Antonio Griñán y Susana Díaz. Fue reubicada por Juanma Moreno a propuesta de Ciudadanos y repescada por Pedro Sánchez en el momento del salto olímpico del CERA con la falsa ley de nietos que se metió en la manga el Ejecutivo por obra y gracia de Sofía Puente. Aunque para ser más precisos con su alcance real la denominaremos ley de tataranietos.

Manzanera es experta en que cada dato se produzca una sola vez por el organismo mejor situado para mantenerlo al día y ser reutilizado después por el resto del sistema estadístico y cartográfico en Andalucía, en lo que se ha venido en denominar como el «dato único», presenta enormes lagunas a la Junta Electoral Central, el organismo constitucionalmente establecido para que controle y supervise el correcto funcionamiento de su oficina.

La estratega de datos

Es precisamente esta estratega de los datos de cada persona especialista en escalarlos para optimizar las decisiones de las administraciones públicas la responsable del organismo que no aporta al árbitro electoral los datos mínimos necesarios para garantizar el juego limpio en los procesos electorales. La autora de la frase «los datos se han convertido en un elemento estratégico» tampoco informa a la JEC de los sucesivos incrementos desorbitados del censo de votantes procedentes del exterior, cortocircuitando la actuación de control de los partidos políticos. La misma experta que tampoco informó en julio al de si ha realizado las preceptivas inspecciones a las oficinas consulares que inscriben a los nuevos votantes. Y la misma estratega responsable del informe que trucó el contador moviendo el cronómetro.

La estratega nombrada por un Gobierno que sabe que en las generales del 23-J de 2023 catorce provincias tuvieron el último escaño a menos de un punto de cambiar de partido. El mismo Ejecutivo que clama por tumbar las cautelares del más alto tribunal, mientras el CIS de Tezanos amplía la ventaja del PSOE sobre el PP a 5,5 puntos a pesar del revulsivo de Ceuta.