La Guardia Civil organiza a los inmigrantes para su traslado al Puerto de Ceuta, a 18 de septiembre de 2026, en Ceuta (España)
La Audiencia Nacional reclama ahora al Gobierno los expedientes del campamento del puerto de Ceuta
La Audiencia Nacional ha pedido al Ministerio de Transportes que le haga llegar los expedientes administrativos sobre el campamento de inmigrantes habilitado en el puerto de Ceuta para estudiar el recurso del sindicato policial SUP contra esta instalación por motivos de seguridad, que ha sido admitido a trámite.
Lo hace en el decreto de admisión a trámite del recurso, en el que la Sala de lo Contencioso Administrativo da al Ejecutivo un plazo improrrogable de veinte días para remitirle la documentación, informa Efe. Además, precisa que, en el caso de que haya documentos declarados confidenciales, estos deben quedar en depósito de la Administración, aunque «a plena disposición del tribunal».
Los Cuerpos de Seguridad del Estado desplegados durante el traslado de inmigrantes en Ceuta
Esta admisión a trámite, que no prejuzga el fondo del recurso, llega después de que la Audiencia Nacional decidiese el pasado jueves rechazar la medida cautelarísima solicitada por el sindicato policial de frenar la habilitación del espacio portuario para alojar a los migrantes llegados a la ciudad autónoma durante la crisis migratoria.
Tras la denegación de esta medida cautelar y mientras la Sala de lo Contencioso Administrativo estudia el fondo del recurso, el Gobierno ha seguido adelante con su plan para alojar a los inmigrantes y trasladó ayer a 1.700 personas desde las playas de Benítez y El Trampolín al nuevo centro temporal.
En un comunicado, el sindicato policial SUP ha defendido su tesis de los riesgos de seguridad que puede acarrear este dispositivo de acogida y ha recordado que la Autoridad Portuaria de Ceuta inicialmente rechazó esta ubicación por considerarla incompatible con la normal explotación del puerto, aunque posteriormente Puertos del Estado informó favorablemente por razones de interés general.
Ahora que el campamento está operativo, el SUP ha asegurado que exigirá «conocer y fiscalizar» las evaluaciones de riesgos, protocolos, efectivos y medios previstos para garantizar la seguridad de los policías destinados en «un entorno especialmente sensible».
«Nuestra obligación como sindicato no es esperar a que ocurra un incidente para lamentarlo, sino anticiparnos al riesgo y proteger a nuestros compañeros», han remarcado en la nota remitida.
