Peinado envía a Begoña Gómez al banquillo por dos delitos de malversación y tráfico de influencias

Antes de jubilarse y con el aval de la Audiencia Provincial de Madrid (APM). El juez Juan Carlos Peinado, instructor de la causa contra la mujer del presidente del Gobierno, ha enviado a Begoña Gómez al banquillo de los acusados, por dos delitos de malversación y tráfico de influencias, ante un jurado popular.

Según ha podido confirmar El Debate, el magistrado ya ha firmado la resolución de 67 páginas que dará inicio al juicio oral, tras concluir todas las pesquisas practicadas y una vez resueltos los recursos planteados por las defensas. De esta manera, el sumario pasa ahora a un nuevo estadio, en la Audiencia madrileña, que será la encargada de fijar la fecha en la que se celebrará el calendario de vistas y que, como adelantó este diario, se estima que no será antes de finales del próximo año.

Con esta decisión, Peinado finaliza un proceso que arrancó en abril de 2024, a partir de una denuncia presentada por el sindicato Manos Limpias que señaló a Gómez por un total de cinco delitos diferentes que, finalmente, han quedado acotados en dos: la malversación del erario, al utilizar a su asistente de La Moncloa, Cristina Álvarez, para sus negocios particulares; y, el tráfico de influencias, al usar su «condición» de 'primera dama' para conseguir una Cátedra de Transformación Social Competitiva (TSC) en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) gracias, además, a los patrocinios de varias empresas del Ibex-35 que contribuyeron a financiar el software vinculado al título.

Se trata de la segunda ocasión en la el juez cierra su intervención contra las dos imputadas. En la primera, el pasado junio, atribuyó a Gómez y su asesora presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación de caudales públicos y acordó la retirada de sus pasaportes y la prohibición de salir del territorio.

Gómez y Álvarez recurrieron la decisión y, si bien, el órgano superior confirmó la decisión del juez de enviar a juicio con jurado popular a las imputadas, redujo los cargos contra la asesora a la malversación y retiró las medidas cautelares que afectaban a ambas.

Además, también decretó dejar fuera del juicio al empresario Juan Carlos Barrabés, el tercer imputado en la causa, acordando que en su caso las averiguaciones solo continuasen en lo relativo «a la legalidad o ilegalidad de las adjudicaciones de los contratos públicos» que, presuntamente obtuvo como resultado de las cartas de recomendación firmadas, a su favor, por la propia Gómez, de quien fue gurú y codirector en la Cátedra.

La Audiencia de Madrid señaló que los «indicios» que existen sobre Gómez sitúan su participación en presunto tráfico de influencias cometido por particular tanto en la creación del título universitario, como en «la intermediación en favor de Barrabés».

De cara al juicio, la acusación popular que lidera Hazte Oír solicita penas de 13 años de cárcel para Gómez y 6 años para Álvarez, mientras que las defensas de las imputadas y la Fiscalía -que ha venido instando el sobreseimiento del caso, de manera reiterada- piden su absolución.