Las asociaciones judiciales de Extremadura respaldan a la juez del hermano de Sánchez ante las presiones para apartarla

Las tres asociaciones judiciales con representación territorial en Extremadura han cerrado filas con la magistrada Beatriz Biedma Rojano, instructora de la causa contra David Sánchez, ante las informaciones difundidas en los últimos días por El Debate sobre las presuntas presiones, maniobras de descrédito y actuaciones dirigidas contra ella y su entorno familiar. La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y Foro Judicial Independiente (FJI) han firmado este martes un comunicado conjunto en el que expresan públicamente su «respaldo y solidaridad» con la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz.

El pronunciamiento llega después de que la propia Biedma haya pedido personarse como acusación particular en la causa que instruye el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz sobre las actuaciones atribuidas a la trama de Leire Díez. La magistrada sostiene que existen indicios de que fue objeto de actuaciones destinadas a obtener información sobre ella, su familia y su entorno, desacreditarla personal y profesionalmente, promover denuncias contra ella y, finalmente, apartarla de determinados procedimientos judiciales. En su escrito también pidió que se investigasen los contactos que, según la información de la que dispone, personas vinculadas a la trama habrían mantenido con miembros de un conocido clan relacionado con el narcotráfico en Badajoz.

Las asociaciones judiciales extremeñas no entran en su comunicado a valorar la responsabilidad de ninguna de las personas investigadas, pero sí consideran necesario denunciar públicamente el contexto en el que se están produciendo estas informaciones. «En los últimos días, diversos medios de comunicación han difundido informaciones sobre la existencia de presiones externas, situaciones de hostigamiento personal y familiar que tuvieron lugar con la pretensión de deslegitimar su labor jurisdiccional», señalan en el documento firmado este 22 de septiembre.

El comunicado insiste en que cualquier intento de presión, intimidación o descrédito hacia jueces y magistrados mientras desempeñan sus funciones constituye, a juicio de las tres organizaciones, una amenaza para el Estado de Derecho y para el funcionamiento de las instituciones democráticas. Las asociaciones destacan además la «profesionalidad y compromiso con la legalidad» de Biedma y reafirman su defensa de la independencia judicial, que califican como uno de los pilares fundamentales del sistema democrático.

Biedma fue la instructora de la investigación que llevó a juicio a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, por su contratación en la Diputación de Badajoz y que posteriormente terminó con una condena a nueve años de inhabilitación. Precisamente por su papel en aquella investigación, la UCO señaló en uno de sus informes que una de las líneas de actuación de la organización investigada tenía como objetivo a Biedma. La propia magistrada ha sostenido ante Pedraz que las actuaciones que ahora se investigan podrían haber buscado «neutralizar, perturbar o incluso destruir» el procedimiento que tenía encomendado.

Las nuevas informaciones conocidas esta semana han añadido además referencias a la obtención de datos personales de la magistrada. Cintia Rocho, vinculada al clan de los Rochos, aseguró que recibió llamadas relacionadas con Biedma y que llegaron a facilitarle información personal de la jueza, incluido su domicilio y fotografías. Según su relato, dos personas se pusieron en contacto con ella para plantearle actuaciones contra la magistrada, aunque rechazó participar.

En paralelo, la atención se ha centrado también en el exjuez Luis José Sáenz de Tejada, que había promovido distintas actuaciones contra Biedma y cuya figura aparece vinculada a la investigación sobre las maniobras destinadas a apartarla.