Un Gobierno acorralado y al límite lanza un ataque frontal contra el Estado de Derecho

Hace apenas dos semanas, la presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, tuvo que recordar al Gobierno qué significa la lealtad institucional. Lo hizo, además, en presencia del jefe del Estado, durante la apertura del Año Judicial. «Exige que los poderes del Estado respeten la función que la Constitución asigna al Poder Judicial, un verdadero contrapeso de los demás poderes del Estado, según la teoría constitucional de los balances», señaló.

El mensaje de Perelló cayó en el saco roto de un Ejecutivo al que ya no le quedan líneas rojas por cruzar. La ministra Diana Morant acusó el lunes al juez Juan Carlos Peinado de firmar la «solución final» contra Begoña Gómez, utilizando el concepto con el que los nazis se referían al exterminio del pueblo judío. Al día siguiente, la ministra portavoz instó al jurado popular que juzgara a la mujer del presidente a absolverla. «Hacer justicia es declarar a Begoña Gómez inocente», afirmó Elma Saiz desde la sala de prensa de la Moncloa, cuando aún faltan muchos meses para el juicio.

Y así un día tras otro. Al sanchismo, herido y acorralado por la acción de la Justicia, sin posibilidad de escapatoria, no le queda más recurso que el de enseñar las fauces en lo que parecen sus estertores. Subir el tono y la frecuencia de sus críticas al Poder Judicial, como garante del Estado de Derecho, para socavar la confianza ciudadana. En ello siguen: en julio, El País publicó una encuesta en la que el 65 % de los entrevistados opinaba que existe lawfare en España.

Los socialistas ya intentaron lo demás antes. Intentaron montar una red de chantaje y extorsión sufragada con dinero del PSOE para eliminar a jueces como Beatriz Biedma y Juan Carlos Peinado, a fiscales y a miembros de la UCO; en un caso actualmente en manos del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz. E intentaron intervenir la Justicia con fórceps, primero con la malograda ley Begoña y después con un proyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que sigue bloqueada en el Congreso.

La lluvia ácida del Poder Ejecutivo contra el Poder Judicial forma parte de una estrategia perfectamente diseñada en la Moncloa para rehuir toda responsabilidad política, incluso judicial, poniendo en entredicho las decisiones de los jueces.

De la ley de nietos al caso Ceuta

Caso Begoña al margen, el ejemplo más reciente es la ley de nietos. La decisión del Tribunal Supremo (por cinco votos a uno) de suspender cautelarmente el derecho a voto de una parte de los nacionalizados mediante la Ley de Memoria Democrática provocó una reacción iracunda por parte del Ejecutivo. El ministro Óscar López llegó a llamar «lobos solitarios» a algunos jueces la semana pasada, como si fueran terroristas yihadistas. Su compañero Óscar Puente acusó a los magistrados del alto tribunal de «retorcer el Derecho». El Ejecutivo podía haberse limitado a recurrir el auto del Supremo, como también ha hecho a través de la Abogacía del Estado, pero quería sangre.

Otra de sus víctimas recientes es la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón, por asumir una investigación que incomoda profundamente al Gobierno: la de la invasión de Ceuta del 30 de julio. El presidente, su Gobierno y su partido cargaron contra ella por pedir informes a la Policía Nacional y la Guardia Civil y ordenar a los agentes que no pasaran por las manos de sus superiores. También han cuestionado su imparcialidad y profesionalidad porque hace tres décadas fue concejal del Ayuntamiento de Madrid con un alcalde del PP (José María Álvarez del Manzano).

El Ejecutivo tiene siempre el gatillo preparado. El miércoles de la semana pasada, por la tarde, la Audiencia Nacional acordó paralizar los trabajos en el campamento instalado en el puerto de Ceuta. El Gobierno sabía que era una decisión momentánea, que sería corregida en cuanto entregara al juez la documentación que faltaba. Y, aun así, no desaprovechó la oportunidad de emitir un comunicado esa noche para mostrar su «perplejidad». A la mañana siguiente, la Audiencia Nacional autorizó que siguieran las obras.

Cuando en junio el Tribunal Supremo condenó a 24 años al exministro José Luis Ábalos y consideró probada la existencia de una organización criminal que anidó en el corazón del Ejecutivo, el Gobierno cuestionó lo rápido que iba la Justicia para juzgar a socialistas. Cuando en mayo el juez Santiago Pedraz ordenó que la UCO entrara en la sede de Ferraz, el Gobierno criticó tanta parafernalia para «un simple requerimiento de información».

El juez del caso Plus Ultra, José Luis Calama, tampoco se ha librado de las atenciones del Ejecutivo. Incluso lo acusaron, a través de terminales mediáticas como El Plural, de ser el responsable de la filtración de las agendas privadas y los whatsapps de José Luis Rodríguez Zapatero. También, de asumir a pies juntillas las tesis de la UDEF en sus resoluciones.

El Gobierno siempre se ampara en su libertad de expresión, para lo que también tuvo respuesta Perelló en la apertura del Año Judicial: «Cuando la crítica a una resolución se transforma en una descalificación personal de quien la dicta, el daño no se limita al juez ni al asunto concreto: se proyecta sobre la función jurisdiccional y debilita la confianza de los ciudadanos en la Justicia», afirmó, como quien predica en el desierto.