El Gobierno intenta instrumentalizar el caso de Maricarmen y acaba metido en una guerra interna

Pedro Sánchez pretendía utilizar el desahucio de Maricarmen contra «las derechas» en general, y contra el PP en particular, por no aplicar la Ley de Vivienda y por impedir la prórroga de la prohibición de los desahucios a colectivos vulnerables. Sin embargo, el caso de la anciana ha acabado provocando una guerra entre los socios del Gobierno, con reproches mutuos, Ada Colau llamando a Sumar a abandonar el Ejecutivo para no ser «cómplices» de «la cobardía del PSOE» y un áspero toma y daca mantenido en X entre los ministros Óscar Puente y Mónica García.

El titular de Transportes escribió este jueves en la red social, después de descargar varias ráfagas contra su colega de Sanidad: «A ver si toda esta movida sirve al menos para que los que resolverían el problema de la vivienda en un pis pas, resuelvan uno que debería ser más sencillo: el suyo (…). Solo tienen que ponerse de acuerdo y no ir bajo 20 siglas y regalarle el gobierno a la ultraderecha».

Sumar está presionando al PSOE para que lleve al Consejo de Ministros del próximo martes, sin más dilación, la expropiación del piso en el que vivía Maricarmen y el real decreto ley de vivienda que el presidente se comprometió a aprobar antes de las vacaciones y no ha aprobado aú. El socio minoritario quiere que incluya la congelación y prórroga de los alquileres, la regulación de los pisos turísticos, las viviendas de temporada y las habitaciones y la protección de las familias e inquilinos frente a los fondos buitre.

El problema es que Sánchez no quiere tropezar con la misma piedra por cuarta vez. En lo que va de año, el Gobierno ha llevado a convalidación al Congreso tres reales decretos leyes con medidas sobre vivienda, y los tres han sido derogados con los votos del PP, Vox y Junts: dos veces la moratoria de la prohibición de desahuciar a colectivos vulnerables y una vez la prórroga de los alquileres más allá de los cinco años.

A finales de junio, el Gobierno anunció que en julio lo intentaría por cuarta vez, pero en esta ocasión pactando de antemano con todos los socios para asegurarse la convalidación de la norma en el Congreso. Y hasta hoy, porque el PSOE se ha encontrado con el problema de siempre: la incompatibilidad entre lo que exige Podemos y lo que quiere Junts, y a ambos necesita Sánchez.

Sumar quiere que el PSOE lleve el real decreto ley al Consejo de Ministros del martes aunque no lo haya acordado con los socios de investidura, para después presionar al PP y a Junts durante el mes que tarde en votarse en el Congreso. Pero es que esa estrategia ya la intentaron la última vez y no funcionó. Sánchez fue preguntado al respecto en la rueda de prensa que dio desde Nueva York y no quiso comprometerse a que el próximo martes habrá medidas. Simplemente pidió «responsabilidad» a los partidos y garantizó que el Gobierno hará lo que esté en su mano.

El PSOE y Sumar están de acuerdo en prorrogar la prohibición de los desahucios. Ahí el escollo es Junts, que la relaciona con la inquiokupación. Pero en lo que no están de acuerdo los socios del Gobierno es en cómo evitar que se disparen los precios de los alquileres cuyos contratos van venciendo a los cinco años legales. Ahí existe desde hace meses un tira y afloja entre los vicepresidentes Carlos Cuerpo y Yolanda Díaz.

Sumar quiere mantenerlos congelados por real decreto ley otra vez, pese a tratarse de una medida que inicialmente fue concebida para la coyuntura de la pandemia. El pasado marzo, el socio minoritario obligó al PSOE a aprobar un real decreto ley que prorrogaba los alquileres. Sánchez sabía de antemano que estaba condenado a su muerte parlamentaria porque Junts no iba a ceder. Así ocurrió un mes después, en abril. Los socialistas ni siquiera movieron un dedo para hacer cambiar de idea a los de Carles Puigdemont, lo que enfadó mucho a Sumar.

Cuerpo y los socialistas siempre han sido más partidarios de bonificar a los propietarios el 100 % de la renta en el IRPF si mantienen el precio del alquiler. Una iniciativa que sugirieron en enero y fue rechazada de plano por su socio por ser un «regalo de dinero público a los rentistas», como llegó a afirmar Díaz.

Sumar tiene más fácil el discurso, pero la responsabilidad de una hipotética cuarta derrota parlamentaria recaería sobre las espaldas de Sánchez. Y es lo que no quiere el presidente.