El PP prosigue en el Senado la presión al Gobierno por la ley de nietos: sus 12 exigencias

El Partido Popular quiere continuar con la presión política sobre el Gobierno por la conocida como ley de nietos, la disposición adicional octava de la ley de Memoria Democrática, de 2022, y la instrucción de Sofía Puente, y por ello el grupo liderado por Alicia García ha registrado en el Senado una moción consecuencia de la interpelación urgente que dirigió en el Pleno de la semana pasada al ministro de Justicia, Félix Bolaños. Se debatirá en el Pleno del martes y se votará el miércoles 30 de septiembre.

En su texto, la formación de Alberto Núñez Feijóo subraya que «lo que nació como un régimen extraordinario de acceso a la nacionalidad para determinados descendientes de españoles ha terminado generando un volumen de solicitudes y concesiones de una magnitud que obliga a garantizar que su aplicación se está realizando» en los límites que establecieron las Cortes, en esa disposición adicional octava de la ley de memoria, que establece unos supuestos concretos para que accedan a la nacionalidad descendientes de españoles que se exiliaron.

Señala en este sentido que con la instrucción de Sofía Puente, aprobada unos días después de que se aprobara la ley, y que el PP denuncia que es «de nulo derecho», se producen efectos que pueden «desbordar» esos supuestos, y recuerda además que durante la tramitación de la ley se rechazaron las propuestas para ampliar esos supuestos, por ejemplo a los que habían emigrado por razones económicas, por lo que se evidencia que «la voluntad del legislador fue clara». Así, el PP subraya que «una instrucción administrativa no puede sustituir al legislador ni crear por vía interpretativa derechos que las Cortes Generales decidieron no reconocer». Por una cuestión de jerarquía normativa.

Además, en su moción, los populares ponen el acento en el volumen de solicitudes de la nacionalidad por esta vía: unas 2,6 millones. Por ejemplo, solo en Argentina se concentran más de un millón, o en Cuba, más de 350.000, como ha venido desvelando El Debate.

Ante esto, el partido de Alberto Núñez Feijóo subraya que la incorporación de nuevos españoles al registro CERA debe hacerse con «todas las garantías de identificación, trazabilidad y adscripción territorial». Y reclama que la adquisición de la nacionalidad esté sujeta a procedimientos «rigurosos, transparentes y homogéneos, con plena seguridad jurídica y con criterios que puedan ser conocidos y fiscalizados por las instituciones».

Así, el PP recoge en su moción 12 exigencias. En primer lugar, que el Gobierno garantice que la aplicación de la ley de nietos se ajuste «estrictamente» a los supuestos que establece la ley, no ampliándose con instrucciones posteriores. También, que se revise de oficio la instrucción de Sofía Puente para garantizar que «no realiza una interpretación que exceda de la potestad interpretativa de la Administración». E insta a que se garantice que la acreditación del vínculo familiar sigue criterios «homogéneos, objetivos, verificables y trazables».

Asimismo, reclama información detallada sobre el número de solicitudes, expedientes resueltos y pendientes, nacionalidades conseguidas y solicitudes rechazas a través de la vía de la ley de nietos, así como «su distribución por países y oficinas consulares». También, acerca de los criterios que se han seguido para tramitar esos expedientes, con todas las «instrucciones, circulares, notas interpretativas o criterios administrativos», y sobre el impacto de esas concesiones de nacionalidad en el CERA.

El PP quiere también que se garantice que la incorporación al CERA se realiza «con todas las garantías de identificación, trazabilidad y correcta adscripción territorial». Que se revisen y se corrijan las inscripciones en las que ha habido errores o no se han aplicado los criterios que establece la ley. Y que se garantice que toda actuación administración relacionada con la aplicación de la ley de nietos está «sometida a los controles previstos» en el ordenamiento jurídico.

Por otro lado, el partido pide al Gobierno que comparezca en el Senado para informar sobre la aplicación de esta ley, la evolución de las solicitudes y concesiones de la nacionalidad, los criterios que se han seguido y el impacto sobre el CERA. Asimismo, solicita un informe con las medidas con las que se garantiza que todo se ha ajustado a la ley tal como salió de las Cortes. Y exige garantizar que cualquier modificación «sustancial» de los supuestos para el acceso a la nacionalidad se debata en el Parlamento.

Fuentes populares subrayan que si el PSOE cree que todo lo que se ha hecho es legal, no debería tener inconveniente en hacer pública esta información que solicitan.

Por otra parte, también señalan que la enmienda que ha registrado Sumar a una ley de educación, que trata de convertir en norma legal la polémica instrucción de Puente, es «un reconocimiento de culpa». Según denuncian, el Gobierno ha querido hacer todo esto por la puerta de atrás, ahora el Supremo lo ha paralizado, a la espera de una sentencia definitiva al respecto, y pretende hacer que la instrucción tenga rango de ley.