El voto particular contra la amnistía de la malversación empaña el intento de Pumpido por dejar a su vicepresidenta al frente del TC

El presidente del Constitucional (TC), Cándido Conde-Pumpido ha elegido el próximo día 1 de octubre para visitar el Nueva Economía Forum. Toda una declaración de intenciones del aún presidente del Tribunal que, se sentará en público en el aniversario del procés, coincidiendo con el debate interno sobre la amnistía de la malversación de los políticos condenados por el 1-O, que mantienen dividida a de la Corte de Garantías.

La presencia de Fernando Ledesma, ex presidente y ahora miembro permanente Consejo de Estado, como padrino del evento ha sido interpretada por muchos como un avance de la salida de Conde-Pumpido del TC, una vez resueltos los asuntos ideológicamente más comprometidos para Pedro Sánchez. Según apuntan varias fuentes consultadas por El Debate, ambos habrían hablado para acordar su renuncia al cargo, dejando al frente del órgano a la actual vicepresidenta Inmaculada Montalbán, con lo que se mantendría el control afín al Ejecutivo socialista y la mayoría aritmética del mismo. De ahí, como ya ha venido avanzando este diario, también, desde hace un par de años, los movimientos del Consejo de Estado para inhabilitar a María Teresa Fernández de la Vega, liberando una vacante que estaría pensada para el propio Cándido.

El interés de Conde-Pumpido en reactivarse, en una maniobra sin precedentes, como parte del Pleno del TC que resolvió sobre la constitucionalidad de la amnistía, dejando fuera en cambio al magistrado José María Macías, ahora ponente del recurso cabecera, no fue por lo tanto inocuo; y, cómo Montalbán ha hecho «méritos propios para ganarse la confianza» del Ejecutivo, apuntan varias fuentes, con la sentencia de los ERE que corrigió a la Sala Segunda y levantó las condenas impuestas por el Supremo a los socialistas andaluces, entrando en una interpretación normativa que excedió de las competencias propias de la Corte de Garantías.

Cabe recordar, además, que Montalbán llego de la mano de Conde-Pumpido, rompiendo el consenso generalizado e histórico para los presidentes y vicepresidentes de la Corte, en los que se buscaba la representación de una sensibilidad plural y entrando en el cargo cuando no se encontraba, según la tradición no escrita, en el último tercio de su mandato sino en el primero.

Y, mientras tanto, ajeno a las maniobras políticas , el ponente del recurso cabecera instado por Jordi Turull, Macías presentará el 5 de octubre el nuevo texto de la sentencia, de acuerdo con el enfoque de la mayoría del Pleno, favorable al borrado penal íntegro del procés, si bien manteniendo su aval al Supremo, contrario a incorporar la malversación en el catálogo de delitos amnistiables, a través de un voto particular discrepante.

El TC no es una «instancia casacional»

Para Macías, como ya sucediese para la Sala Segunda del Alto Tribunal, la polémica norma -aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez, a la medida de sus socios de Junts-, no cubre ese delito patrimonial en el caso de los separatistas al frente de la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) de Cataluña, de 2017. Y, así las cosas, aunque la mayoría aritmética, le ha llevado a rehacer su propuesta inicial, para dar la razón en amparo a Turull —fijando el criterio para Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Dolors Bassa, Raül Romeva, Toni Comín y Lluís Puig—, Macías incluirá en el borrador su propio voto particular en el que se incorporan varias tesis ya recogidas en su primera ponencia. En concreto los fundamentos tercero y cuarto de la resolución que respaldan la interpretación motivada y ajustada al espíritu y la literalidad de la amnistía que hizo el Alto Tribunal para cada uno de los casos analizados.

De hecho, no sólo insiste Macías, como lo hizo en el cónclave del pasado día 22 de septiembre, en que la posición de la Sala Segunda del Alto Tribunal fue ajustada a derecho y que, en base a lo previsto en la polémica norma, no cabe que los políticos independentistas se beneficien de la misma, por el uso ilegal de fondos públicos para financiar el procés. Añade, además el magistrado que «el derecho a la tutela judicial efectiva» que solicitan los independentistas del Constitucional no puede, en ningún caso, convertir a la Corte de Garantías «en una instancia casacional destinada a velar por la corrección interna de la interpretación jurisdiccional de la ley ordinaria» porque, para corregir al Supremo y cómo éste interpretó la literalidad de una norma vigente, el TC «carece de jurisdicción».

Todavía, con mayor motivo cuando Macías defiende que los dos autos de 1 de julio y 30 de septiembre de 2024, en los que el Supremo rechazó eliminar la condena de 12 años de inhabilitación absoluta impuesta a Turull y al resto de ex consejeros, en idéntica situación, es fruto de una «respuesta razonada y estructurada». Esto es, que «permite conocer con claridad el itinerario seguido para alcanzar la decisión adoptada, dando razón del Derecho interpretado y aplicado».