La madre de Pablo Bustinduy era ministra de Sanidad en el Gobierno del PSOE que restringió la renta antigua

Sumar, el socio minoritario del Ejecutivo, amenazó el sábado a Pedro Sánchez con no acudir al Consejo de Ministros del martes si el ala socialista del Gobierno no aprueba la «recuperación de la vivienda de Maricarmen». El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy –desde la Fiesta del Partido Comunista de España (PCE)– cargó el 26 de septiembre contra el PSOE por no defender medidas como la expropiación a la empresa Urbagestión del piso donde vivía Maricarmen, la mujer de 87 años desahuciada esta semana, o su abstención ante la propuesta de Sumar de prohibir la venta de inmuebles a fondos buitre en zonas tensionadas.

«Hay que enseñar los dientes, tiene que cambiar el miedo de bando y que el miedo no lo tenga Maricarmen a que la echen de su casa, sino que lo tengan estos malnacidos a echar a la gente trabajadora de su casa», añadió el miembro del Gobierno, que acudió al acto junto a la ministra de de Juventud e Infancia, Sira Rego.

No obstante, Bustinduy es hijo de Ángeles Amador, quien ostentó el cargo de ministra de Sanidad y Consumo durante el Gobierno de Felipe González que –en 1994– promulgó la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), norma que limitó enormemente los alquileres de renta antigua y que fue la que se aplicó para desahuciar a Maricarmen.

El Ejecutivo socialista del que formó parte la madre de Bustinduy –que fue ministra de 1993 a 1996– incluyó en la LAU una disposición transitoria que afecta expresamente a los arrendamientos elaborados bajo la legislación de Francisco Franco, los cuales solo pueden subirse de acuerdo al IPC anual.

«El contrato se extinguirá al fallecimiento del subrogado, salvo que lo fuera un hijo del arrendatario no afectado por una minusvalía igual o superior al 65 por 100, en cuyo caso se extinguirá a los dos años o cuando el hijo alcance la edad de veinticinco años si esta fecha es posterior», indica la normativa.

Así las cosas, este precepto legal fue el que provocó que la Justicia desahuciara a la anciana de 87 años. El contrato de su piso lo había firmado en primer lugar su padre, y después fue su madre la que se subrogó en este mismo alquiler. Tras el fallecimiento de su madre –en 2005– Maricarmen solo tenía derecho a continuar con el arrendamiento durante dos años, plazo que se extinguió en 2007.