El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene en el pleno en el que se debate y vota los decretos de vivienda del Gobierno celebrado este viernes en el Congreso.
Sánchez meditará el adelanto electoral en función de la reacción social en los próximos días
El Gobierno considera que lo ocurrido con el decreto de vivienda es «muy grave» y prepara un análisis de sus consecuencias antes de decidir los siguientes pasos. Fuentes del Ejecutivo sostienen que las próximas horas y días servirán para estudiar qué ha sucedido y cómo «paliar» y corregir el hecho de que hayan decaído las medidas incluidas en el decreto.
Las fuentes consultadas aseguran que el Gobierno ha realizado un «ejercicio consciente de no ir a la pantalla electoral». El Ejecutivo pretende, según esta versión, centrar el análisis en el problema de la vivienda y en las consecuencias del rechazo del decreto, en lugar de trasladar inmediatamente la situación al terreno electoral.
En este sentido, desde el entorno presidencial señalan que todo dependerá de «cómo se posicione la sociedad en los próximos días». El Gobierno considera que la reacción social ante lo ocurrido será uno de los elementos que deberán analizarse antes de determinar los siguientes pasos. Las mismas fuentes sostienen que el mayor problema al que se enfrenta actualmente la sociedad española es el acceso a la vivienda. El caso de Maricarmen habría provocado, a su juicio, que todo el foco político y social se concentrara en esta cuestión. Por ello, el Ejecutivo considera que la situación generada tras la votación obliga a abrir un periodo de análisis. «Días de analizar lo que ha pasado», reiteran las fuentes.
Las mismas fuentes evitan anticipar decisiones y aseguran que el Gobierno no descarta «ninguna opción». El Ejecutivo quiere analizar primero el resultado de la votación y su repercusión antes de adoptar nuevas iniciativas. «No hagamos más cábalas», señalan estas fuentes, que sitúan ahora el foco en las consecuencias políticas y sociales del rechazo.
Desde el entorno del presidente se sostiene que el decreto había sido negociado con Junts y que el texto incorporaba «el 90% de lo que pedía» esta formación. Fuentes gubernamentales subrayan que el hecho de negociar un decreto no significa negociar directamente el voto de un grupo parlamentario. «Cuando hablas, negocias un decreto, no hablas del voto», explican.
Según esta versión, el texto había quedado «pactado y acordado» con Junts. Sin embargo, el proceso de negociación terminó conduciendo a una situación en la que el decreto no salió adelante. El Gobierno considera necesario analizar ahora cómo se ha llegado hasta ese punto y qué consecuencias tiene para las medidas planteadas.
El Ejecutivo sitúa el acceso a la vivienda en el centro de su argumentación y defienden que no se trata de una cuestión ideológica, sino de un problema «transversal» que afecta a ciudadanos con diferentes posiciones políticas. «Hay votantes de Vox, del PP y de Junts que tienen muchas dificultades de acceso a la vivienda», sostienen desde el entorno del presidente. En esta interpretación, el problema trasciende las posiciones partidistas y afecta a ciudadanos que votan a distintas formaciones.
Imagen de la manifestación de este viernes frente al Congreso en Madrid
Las fuentes gubernamentales sitúan como «punto de inflexión» el desahucio de Maricarmen. A partir de ese momento, consideran que el problema de la vivienda pasó a ocupar el centro del debate y que se generó una oportunidad para ejercer presión social sobre el Parlamento con el objetivo de evidenciar que las políticas de vivienda no responden exclusivamente a una determinada orientación política. «El acceso a la vivienda es transversal, no es ideológica, es una cuestión de humanidad», sostienen las mismas fuentes.
Contra PP, Vox y Junts
Desde el entorno de Sánchez se considera que tres formaciones no habrían entendido esa dimensión transversal del problema: Junts, PP y Vox. El Gobierno sostiene que estos partidos «han engañado a los ciudadanos» al votar en contra de las medidas. El Gobierno atribuye directamente a PP, Vox y Junts la responsabilidad política del rechazo de las medidas. Desde el entorno del presidente sostienen que los tres partidos «no lo han entendido así» y consideran que han desaprovechado la oportunidad de abordar el problema. «Se presentaron a las elecciones para mejorarles la vida y hoy han votado en contra de mejorar la vida de los ciudadanos, millones de personas»