Sánchez mide sus opciones de sobrevivir a un adelanto electoral tras su mayor derrota de la legislatura

Pedro Sánchez ha logrado que parezca que convocar elecciones después de sufrir la mayor derrota de la legislatura, una comparable a perder una cuestión de confianza, es solo una opción más y no la única posible. El presidente del Gobierno se fue ayer de fin de semana a la carrera, sin decretos ley de vivienda y sin explicaciones. Porque en el discurso que dio en los compases finales del Pleno extraordinario no las hubo. En realidad, fue un mitin en el que se limitó a señalar al PP, a Vox y a Junts como culpables del «daño a nuestro país» y a engordar la hipótesis de que va a llamar a los españoles a las urnas. «Hagan lo correcto, porque la historia les juzgará antes de lo que creen y con más contundencia de la que se imaginan», les advirtió.

Le hicieron caso omiso. El decreto ley de la prohibición de los desahucios hasta 2030 -incluido- y la ampliación de los contratos en vigor hasta 2028 cayó con los 178 votos del PP, Vox, Junts y UPN, y el de la prórroga indefinida de los alquileres con 184, porque a los votos anteriores se unieron los del PNV y Coalición Canaria. Nunca se había visto con tanta claridad en el panel de votaciones la mayoría de derechas que salió de las elecciones generales de 2023, aunque a los miembros del Gobierno progresista no les gusta que se lo recuerden.

El interés del Gobierno por hacer sonar los tambores de un adelanto electoral desde primera hora del día fue tan evidente como sospechoso. Dos horas antes del inicio del Pleno, las terminales mediáticas habituales del PSOE ya anunciaban que ministros y dirigentes del partido apostaban mayoritariamente por convocar elecciones si caían los decretos. Sánchez se quedó toda la mañana en el Congreso, pero no en su escaño, sino en las dependencias del Ejecutivo. Y su equipo se ocupó de que los periodistas supieran que allí iba pulsando las opiniones de sus ministros.

Después intervino de forma inesperada en el hemiciclo y alentó el runrún deliberadamente. Al término del Pleno, de nuevo su equipo trasladó a la prensa que se iba a tomar unos días para reflexionar qué camino seguir. Como en abril de 2024, cuando el juez Juan Carlos Peinado imputó a su mujer. «Todo depende de cómo se posicione la sociedad», señalaron esas fuentes. En otras palabras: de las encuestas internas.

Para tener alguna posibilidad, Sánchez necesita sacar de la abstención a 1,5 millones de españoles que en 2023 votaron al PSOE. La izquierda está intentando aparentar que hay remontada posible a partir del desahucio de Maricarmen, pero si el presidente no convoca elecciones a la vuelta de esta reflexión, será la señal inequívoca de que la vivienda no está resultando ser el energizante que necesitaban. «Cabeza fría. Hay que entender que no tienen nada a su izquierda para poder sumar», advirtió a los socialistas el portavoz de ERC, Gabriel Rufián.

Eso fuera del hemiciclo, porque dentro la autocrítica de la izquierda fue cero. Los ministros Isabel Rodríguez y Pablo Bustinduy, el propio Rufián, los portavoces del PSOE, de Sumar, de Bildu, del BNG y de Compromís dirigieron su frustración contra los diputados del PP, Vox y Junts, a los que amenazaron con que pagarán por su voto en contra. Hubo mucha sobreactuación, motivada por ese aroma a campaña que ha venido este curso para quedarse. Al término del Pleno, los ministros y diputados de Sumar comparecieron juntos para hacer un llamamiento a las organizaciones sociales, para que convoquen movilizaciones este fin de semana en toda España. «No bajéis los brazos», les pidió el ministro de Derechos Sociales.

«Solo ha habido cálculo electoral, todo diseñado pensando en las encuestas. ¿Cree que tiene la coartada? Que ponga fecha (…). La escapada debe terminar aquí», señaló Alberto Núñez Feijóo tras el doble varapalo al Ejecutivo. «Elecciones limpias, libres de violencia y transparentes ya. Porque este Gobierno está desahuciando a España», pidió Santiago Abascal.

Sánchez no puede aspirar a cortocircuitar el avance de las instrucciones judiciales, pero unos comicios en noviembre en torno a la vivienda evitarían al presidente concurrir con su partido imputado. «O con los buitres o con la gente», resumió la ministra de Vivienda a modo de eslogan electoral. Isabel Rodríguez sigue sosteniendo que tenía un acuerdo con Junts y que los de Carles Puigdemont la traicionaron. ¿Y ahora? Le preguntó El Debate a la salida del hemiciclo. «No hemos tenido tiempo de pensarlo», contestó la ministra, resoplando.

Puede que, al final de su reflexión, el presidente se limite a anunciar que el Gobierno peleará por aprobar un nuevo real decreto ley de vivienda, que sería el sexto en lo que va de año. O que acelere la aprobación de los Presupuestos de 2027 en el Consejo de Ministros para así pasar la pantalla cuanto antes. Porque Palestina, Donald Trump y Benjamin Netanyahu ya han quedado viejos en su repertorio.