Los siete magistrados izquierdistas del Constitucional (de izquierda a derecha): María Luisa Segoviano, Laura Díez, Ramón Saéz, Cándido Conde-Pumpido, Inmaculada Montalbán, Juan Carlos Campo y María Luisa Balaguer
En la sentencia de la amnistía
Hazte Oír denuncia a Conde-Pumpido y otros seis magistrados por prevaricación en la amnistía de la malversación
La entidad considera que la decisión, de la que se beneficiará Carles Puigdemont, pudo tomarse a sabiendas de que era injusta y con una motivación política en la que se excedió la jurisdicción de la Corte de Garantías
Hazte Oír ha presentado este miércoles, según ha podido adelantar este diario, una denuncia contra Cándido Conde-Pumpido y otros seis magistrados, del considerado bloque izquierdista, por la sentencia de la amnistía que ordena aplicarla a la malversación y de la que se beneficiará Carles Puigdemont.
El escrito ha sido registrado ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo por un presunto delito de prevaricación judicial y, alternativamente, usurpación de atribuciones judiciales, a raíz de la resolución del Constitucional sobre el recurso de Dolors Bassa.
HO solicita que se investigue si los siete magistrados han rebasado los límites de su función e invadido competencias del Supremo al ordenar que se declare amnistiada la malversación. La asociación pide incorporar la sentencia íntegra, los votos particulares y las resoluciones del Supremo para esclarecer los hechos y la intervención de cada denunciado.
Y, todo ello, bajo la premisa de un contexto electoral en el que, pese a que Puigdemont no protagonizará, dado que la candidata de su partido Junts es Miriam Nogueras, sí le permitirá regresar a España, tras el 29-N, y rehabilitarse desde ya en la primera línea de la política activa.
Un durísimo voto particular discrepante
De hecho, cabe recordar cómo el resto del Pleno del TC, los cinco magistrados que conforman el ala profesional, emitía un durísimo voto particular contra la resolución, cargando contra el enfoque de la sentencia firmada por Cándido Conde-Pumpido, por su «más que preocupante (y reiterada) suplantación del rol funcional que corresponde al Tribunal Supremo en la interpretación y aplicación de la legalidad ordinaria», por un lado; y, por otro, por su «disconformidad sustancial» con el «criterio metodológico empleado en la resolución del amparo» de la exconsejera Dolors Bassa, que permitirá regresar a Puigdemont a España sin ser detenido.
Para Concepción Espejel, Enrique Arnaldo, José María Macías (que ha renunciado a la ponencia cabecera de Jordi Turull), César Tolosa y Ricardo Enríquez, el TC ha incurrido en un «exceso de la jurisdicción constitucional» con la sentencia asumida, de forma mayoritaria, por el Pleno, insistiendo en «una deriva, acentuada en los últimos años» que «distorsiona y pervierte el rol» de la Corte de Garantías, renovada por Pedro Sánchez a la medida de sus socios separatistas, colocándola «en una posición que no le corresponde dentro del esquema general del sistema de Justicia en nuestro país».
Para los cinco críticos, «resulta extraordinariamente paradójico que el órgano encargado de velar por el cumplimiento del texto constitucional parezca ignorar», de nuevo, cuál es su cometido y las previsiones legales que atribuyen al Supremo el carácter de «órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes», excluyendo únicamente de sus competencias la materia de las garantías constitucionales, por corresponder precisamente al órgano encabezado por Conde-Pumpido.