El Gobierno recurre al franquismo: crea un banco de ADN de víctimas y da 2 millones para «fallecidos» por la democracia

El último Consejo de Ministros del Gobierno de Pedro Sánchez –el que se celebró el pasado martes, un día después de que se anunciara la convocatoria electoral– aprobó dos medidas relacionadas con el franquismo, y ambas en aplicación de la Ley de Memoria Democrática que el Ejecutivo sacó adelante en 2022 gracias al apoyo de Bildu.

En este contexto, el Consejo de Ministros, a través del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes que encabeza el socialista Félix Bolaños, ratificó un Real Decreto «por el que se regula el Banco Estatal de ADN de víctimas de la Guerra y la Dictadura, previsto en la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática».

Según explicó la cartera de Bolaños en un comunicado, la creación «responde al compromiso del Gobierno de asumir como política de Estado la demanda de las familias que, durante décadas, desconocieron el paradero de sus seres queridos, muchos de ellos desaparecidos y enterrados en fosas comunes». De la misma forma, indica que su «objetivo es facilitar su localización e identificación y contribuir a que puedan recibir una sepultura digna, poniendo fin a la revictimización de sus familias».

«La regulación del Banco Estatal de ADN constituye una medida de justicia, dignidad y reparación y da cumplimiento a lo establecido en la Ley de Memoria Democrática. Durante décadas, miles de familias han convivido con la incertidumbre sobre el paradero de sus seres queridos, sin poder identificarlos y darles un enterramiento digno. La puesta en marcha de este Banco Estatal pretende contribuir a responder a esa demanda y a avanzar en la identificación de las víctimas y la reparación de sus familias», agrega.

Indemnizaciones de 2 millones

Igualmente, el Consejo de Ministros del 6 de octubre, mediante el Ministerio de Hacienda de Arcadi España, sacó adelante un acuerdo con el que se otorga al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática 1.979.170,01 euros –prácticamente 2 millones– para «atender al pago de las indemnizaciones a personas fallecidas o con lesiones por su actividad en defensa y reivindicación de la democracia».

En concreto, la normativa aprobada gracias a los votos de Bildu señala que «en atención a las circunstancias excepcionales que concurrieron en su muerte, se reconoce el derecho a una indemnización, por una cuantía de 250.000 euros, a las personas beneficiarias de quienes fallecieron durante el período comprendido entre el 1 de enero de 1968 y el 29 de diciembre de 1978, en defensa y reivindicación de las libertades y derechos democráticos». No obstante, relata que «no podrán causar estas indemnizaciones, ni beneficiarse de las mismas, quienes hayan pertenecido o pertenezcan a bandas o grupos armados terroristas».

Asimismo, la Ley de Memoria indica que «podrán ser personas beneficiarias de la indemnización» los «hijos y el cónyuge de la persona fallecida, si no estuviera separada legalmente, ni en proceso de separación o nulidad matrimonial». «Podrá ser persona beneficiaria aquella que hubiere venido conviviendo con la persona fallecida de forma permanente y con análoga relación de afectividad a la del cónyuge durante, al menos, los dos años inmediatamente anteriores al momento del fallecimiento», añade.

De esta forma, la referencia del Consejo de Ministros asevera que «para hacer frente al señalado gasto, es preciso autorizar la aplicación del Fondo de Contingencia y la concesión de un suplemento de crédito por un importe de 1.979.170,01 euros, de conformidad con lo establecido en la Ley General Presupuestaria».