Conde-Pumpido carga contra los jueces que, según él, judicializan la política: «Es cuestionar la democracia»

El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, ha denunciado el exceso de judicialización de la vida pública en España y ha cargado contra las organizaciones que, a su juicio, convierten las controversias políticas en procedimientos penales. «No creo que exista lawfare en España. Lo que tenemos es un problema de arquitectura procesal que no existe en ningún otro país europeo. Es un problema de judicialización de la política», afirma en una entrevista publicada este domingo por El País, en la que también advierte de que cuestionar las resoluciones del órgano que preside equivale, en su opinión, a cuestionar la propia democracia.

Las declaraciones llegan en plena polémica por la sentencia del Constitucional que ordena al Tribunal Supremo aplicar la ley de amnistía al delito de malversación por el que fueron condenados dirigentes del procés. La resolución, de la que ha sido ponente el propio Conde-Pumpido, corrige el criterio del alto tribunal, que había rechazado extender el perdón a estos hechos al considerar que el uso de fondos públicos para financiar el proceso independentista podía constituir un beneficio patrimonial para los condenados. La decisión del Constitucional, aprobada por siete votos frente a cinco, abre la puerta a que Carles Puigdemont y otros dirigentes independentistas puedan beneficiarse de la amnistía.

En la entrevista, el presidente del Constitucional trata de rebajar el alcance del enfrentamiento institucional y asegura que el Supremo actuó «con toda corrección, de acuerdo con su criterio» al interpretar inicialmente la norma. Sin embargo, defiende que la ley de amnistía tiene una finalidad propia y que la excepción relativa al enriquecimiento personal no puede extenderse a los casos en los que los fondos públicos se destinaron a sufragar el proceso independentista sin desviarse al aprovechamiento particular.

Conde-Pumpido, que fue magistrado de la Sala Segunda del Supremo durante 22 años, insiste en que la resolución no supone un reproche personal a los magistrados del alto tribunal, pero sí corrige su interpretación de la ley. La sentencia considera que esa lectura vulneró derechos fundamentales y ordena expresamente que se dicte un nuevo pronunciamiento en el que se declare amnistiada la malversación.

A su vez, Conde-Pumpido también ha negado las acusaciones de parcialidad que ha recibido durante su mandato, especialmente por parte del PP, que ha cuestionado la independencia del tribunal ante algunas de sus resoluciones más controvertidas. El presidente del TC rechaza que la división entre magistrados progresistas y conservadores responda a una adscripción partidista y atribuye las discrepancias a la pluralidad interna del órgano. «Mi única ideología es la Constitución», asegura. «Quien cuestiona al Tribunal Constitucional está cuestionando la Constitución y quien cuestiona la Constitución está cuestionando la democracia», ha asegurado.

Durante la entrevista en El País, Conde-Pumpido también ha negado que en España exista lawfare, término utilizado para denunciar una supuesta instrumentalización de la justicia con fines políticos, pero atribuye parte del problema a las posibilidades que ofrece el sistema procesal para que determinadas organizaciones participen en causas penales. «Cualquier debate político sobre cualquier cuestión se convierte en un proceso penal inmediatamente a través de unas organizaciones que se dedican a eso», afirma.

El presidente considera que esta situación no tiene equivalente en otros países europeos y sostiene que «ningún país europeo admite que los partidos políticos puedan participar directamente en los procesos penales». Por ello, reclama una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y recuerda que tanto el PP como el PSOE han planteado iniciativas en ese sentido, aunque ninguna ha llegado a aprobarse.

Defiende el rechazo en frontera en Ceuta

La entrevista aborda asimismo la invasión de Ceuta y el debate sobre las devoluciones en frontera, después de que distintas resoluciones judiciales hayan tenido consecuencias sobre la actuación de las autoridades ante las entradas irregulares. Conde-Pumpido afirma que la españolidad de Ceuta y Melilla está «perfectamente» garantizada por la Constitución y defiende que el rechazo en frontera es «un procedimiento absolutamente constitucional».

«Toda persona que cruza ilícitamente la frontera desde África a la UE debe ser devuelta de manera inmediata, sin más trámites», asegura, aludiendo a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del propio Constitucional. Sin embargo, evita valorar directamente la interpretación que ha hecho el Supremo en sus resoluciones sobre las entradas a nado y afirma que no le corresponde pronunciarse sobre las decisiones de otros tribunales.