La jueza Beatriz Biedma, en una imagen de archivo
El PP pide a Bruselas protección para la jueza Biedma tras el complot para «eliminarla» desvelado por El Debate
En una pregunta escrita, Dolors Montserrat asegura que «la independencia judicial es uno de los pilares del Estado de Derecho europeo»
El Partido Popular, a través de la jefa de la delegación en el Parlamento Europeo ha llevado hasta Bruselas las amenazas vertidas contra la juez que llevó el caso del hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, después de que la magistrada Beatriz Biedma reconociera en la Audiencia Nacional las maniobras realizadas presuntamente por algunas personas relacionadas con el PSOE para «eliminarla» que habían sido desveladas por El Debate.
En una pregunta escrita dirigida a la Comisión Europea por parte de la jefa de la delegación española del PP en el Parlamento Europeo y vicepresidenta del Partido Popular Europeo, Dolors Montserrat, pide que «ejerza sus responsabilidades como garante de los tratados y determine si los hechos investigados deben ser objeto de seguimiento dentro de los mecanismos europeos de protección del Estado de Derecho».
La jefa de la delegación del PP recuerda que «la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dejado claro que los jueces deben estar protegidos frente a intervenciones o presiones externas susceptibles de afectar a su juicio independiente. Por eso, la Comisión Europea no puede limitarse a observar: debe determinar si estos hechos son compatibles con las obligaciones que imponen los Tratados a España», ha afirmado Montserrat.
El mismo texto apunta que, además de la denuncia de la jueza ante la Audiencia Nacional que corroboraba lo publicado por El Debate, un informe de la UCO incorporado a la investigación recoge «testimonios sobre seguimientos a Biedma» y sobre contactos con personas vinculadas al narcotráfico en los que se habría planteado la posibilidad de «eliminar» a la magistrada.
En opinión de Dolors Montserrat, «Europa no puede mirar hacia otro lado en un caso como este: una jueza denuncia haber sido intimidada por ejercer su función y cuando los investigadores de las causas que dirige denuncian presiones. La independencia judicial no es elegible según a quién afecta. Es uno de los pilares del Estado de Derecho europeo», ha señalado Montserrat.
La eurodiputada reclama a la Comisión que determine si unos hechos de esta naturaleza serían compatibles con los artículos 2 y 19 del Tratado de la Unión Europea y con las garantías europeas de independencia judicial para los Estado miembros.
Montserrat pregunta, asimismo, qué garantías exige el Derecho de la Unión frente a las «presiones» sobre investigadores que trabajan en causas que afectan a personas vinculadas al poder político y qué actuaciones concretas está dispuesta a adoptar la Comisión para verificar los hechos y determinar si comprometen la independencia judicial en España.