Marlaska usa la ley que Sánchez despreció en la invasión de Ceuta para tapar sus errores mientras veraneaba en La Mareta

¿Por qué Sánchez calificó de «violación de la integridad territorial» de España la invasión de Ceuta pero no aplicó para defender la ciudad española la Ley de Seguridad Nacional que le faculta y obliga a ello? No lo hizo hasta casi un mes después, cuando acabó sus largas vacaciones en el Palacio de La Mareta, y ahora su fiel escudero Fernando Grande Marlaska no quiere que sepan las razones del presidente para esa dejación de funciones y ha declarado secreto todo el procedimiento que ayudaría a reconstruir la secuencia de hechos.

Marlaska recurre ahora a la misma ley que Sánchez no quiso aplicar hasta 27 días después de la invasión marroquí, un acto calificado desde la Audiencia Nacional como de «guerra híbrida». La investigación que viene desarrollando El Debate trata de esclarecer por qué, una vez más, Sánchez desatiende sus propias competencias ante hechos de extrema gravedad y que él mismo ha regulado mediante su Real Decreto 1150/2021 de 28 de diciembre por el que se aprueba la Estrategia de Seguridad Nacional, en el ejercicio de las competencias que la ley le asigna exclusivamente a él, según el artículo 15.c de la Ley de Seguridad Nacional (LSN).

Casi tres meses después de la invasión a la que él se refirió en su decreto como la «entrada irregular de personas migrantes en la ciudad de Ceuta», el BOE publicaba su decisión activar los resortes de la Ley 36/2015 de 28 de septiembre de Seguridad Nacional, aplicando los artículos 23 y 24 de la LSN.

Una activación muy tardía, tras alabar Sánchez el papel de Marruecos, a pesar de las sospechas evidentes, según consta en las actuaciones de la causa que se instruye por la Juez María Tardón desde la Audiencia Nacional, de que esa invasión pudo haberse preparado precisamente allí y de los múltiples avisos del CNI y del CNIF, que el gobierno negó conocer.

Los informes desclasificados por Sánchez mostraron sus mentiras, repetidas hasta la saciedad por sus corifeos en el Consejo de Ministros, negando en todo momento que conociera la inminente invasión, iniciando una «guerra civil» en el seno del propio gobierno, que cargaba contra la ministra de Defensa Robles y el CNI, mientras Sánchez apostaba de manera pública por la versión de Marlaska.

La crisis ya se ha cobrado las dos primeras víctimas políticas: la del antiguo Delegado del Gobierno en Ceuta y su antiguo jefe de Gabinete, quien reconoció ante la Juez Instructora la existencia de esos avisos.

Marlaska invoca ahora la Seguridad Nacional para ocultar por qué Sánchez tardó 27 días en aplicar la LSN

Según el ministro, entregar a El Debate esta información «daría lugar a una documentación fragmentaria, descontextualizada y carente de valor informativo autónomo».

Sánchez no ha tardado ni 24 horas desde la convocatoria electoral para desalojar la playa del Trampolín, en Ceuta. Una maniobra con tintes electoralistas con la que aplacar los ánimos, tras la invasión de la ciudad autónoma con una avalancha de 80.000 personas procedentes de Marruecos, pero que no soluciona el problema, ya que los inmigrantes que no han regresado a Marruecos o no se han trasladado a los recursos habilitados por las administraciones, siguen por las calles impidiendo a los ceutíes llevar una vida normal.

Cuando los Reyes, a los que Sánchez ha ninguneado y tratado de silenciar, –llegando incluso a reprocharles que no han visitado en Ceuta «en 20 años»–, están a punto de pisar suelo caballa, el presidente ha metido el acelerador para intentar restablecer la tranquilidad y evitar que el problema se enquiste aún más y sea un lastre electoral para su partido.

Sin embargo, la dejadez y tardanza a la hora de actuar por parte del Gobierno ha sido más que evidente, llevando a la ciudad a una situación extrema con peleas, violaciones y una falta de seguridad que los ciudadanos trasladaron a Marlaska en forma de abucheos cada vez que ha pisado la ciudad autónoma.

Pedro Sánchez no declaró la situación de interés para la Seguridad Nacional hasta casi un mes después de la invasión, cuando tuvo a bien poner fin a sus vacaciones de lujo en La Mareta, esas que reivindicó como derecho en varias ocasiones, mientras los ciudadanos de Ceuta apenas pueden salir a la calle.

Ahora, pese a la transparencia prometida por el Gobierno, el ministro del Interior Marlaska oculta qué informes puso a disposición de Sánchez el Departamento de Seguridad Nacional de Moncloa que le desaconsejaran declarar la situación de interés para la Seguridad tan pronto se produjo esa violación de la integridad territorial, denunciada por él mismo; qué alertas tempranas manejó y desde cuándo llegaron a presidencia del gobierno, advirtiendo de la invasión masiva en la que el jefe de espías marroquí condecorado por Marlaska, Abdellatif Hammouchi, jugó un importante papel; qué comunicaciones mantuvo con Ursula Von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, para desplegar el Frontex o si Marruecos había advertido al gobierno español de la avalancha que se avecinaba.

Marlaska invoca ahora la Seguridad Nacional y la Seguridad Pública, las dos gravemente afectadas precisamente por la invasión que Sánchez ha aceptado a regañadientes cuatro semanas después, para no rendir cuentas al respecto y mantener secreta tal información.

Así lo señala la Secretaría de Estado de Seguridad en sendos escritos en poder de El Debate, fechados este 1 de octubre, en los que su directora de gabinete, María del Puy Zatón, se niega a facilitar nuevos informes al respecto de la invasión, limitándose a señalar que tanto Sánchez como Marlaska ya dieron la información suficiente en sus comparecencias en el Congreso y que los únicos informes a los que puede acceder la ciudadanía son los ya desclasificados por Moncloa, ya que el resto deben ser secretos para preservar la seguridad nacional y la seguridad pública.

De hecho, considera que conocer las alertas tempranas sobre la llegada masiva de inmigrantes y su procedencia, así como las medidas adoptadas o las posibles comunicaciones que llegaron de Marruecos advirtiendo de las consecuencias que tendría la sentencia del Tribunal Supremo sobre las devoluciones, deben permanecer secretas ya que esta información «permitiría conocer procedimientos, capacidades, metodologías de análisis, sistemas de detección y valoración de amenazas, mecanismos de coordinación interinstitucional y criterios empleados para la adopción de decisiones operativas».

Además, también impone el silencio al respecto de si de las comunicaciones con la Comisión Europea en relación con el despliegue de Frontex en la frontera con Marruecos, con la excusa de que esta documentación «forma parte de los procesos internos de deliberación, asesoramiento y adopción de decisiones gubernamentales en una materia especialmente sensible desde la perspectiva de la seguridad nacional».

Marlaska tampoco es capaz de señalar el «número de migrantes que han entrado en Ceuta y los que quedan pendientes de devolución», porque la divulgación de cualquiera de estos asuntos «ocasionaría un perjuicio efectivo y evaluable para los intereses públicos», aunque el baile de cifras ha sido constante y con discrepancias permanentes entre el Gobierno central y el de Ceuta. Un ejemplo es que el 20 de agosto, las autoridades ceutíes calculaban que había entre 9.000 y 10.000 migrantes en la ciudad autónoma mientras que Marlaska lo cifraba una semana después en 5.000, un dato que tuvo que corregir el 21 de septiembre, cuando el ministro Ángel Víctor Torres, aseguró que de los 10.000 migrantes que permanecen en la ciudad autónoma, «algo más de 3.000» seguían viviendo en las calles.

Hacer pública esta documentación fragmentaria fuera de contexto y fragmentada carece de valor informativo, según Marlaska

El ministro sostiene igualmente que facilitar toda esta información eliminando los puntos críticos, de forma parcial «daría lugar a una documentación fragmentaria, descontextualizada y carente de valor informativo».

Esta negativa lleva implícita la existencia de nuevos documentos sobre lo ocurrido en Ceuta, más allá de los avisos y notas desclasificadas por Moncloa para calmar las aguas e intentar zanjar la disputa abierta entre Margarita Robles y Marlaska a cuenta de las advertencias lanzadas por el CNI sobre la invasión, ya que mientras la ministra de Defensa aseguraba en el Congreso que los agentes de inteligencia informaron a la Delegación del Gobierno en Ceuta del riesgo de una entrada a nado, información que no siempre se entrega por escrito, precisó, Marlaska afirmaba en la rueda de prensa del Consejo de Ministros que «no hubo ningún informe».

Esta contradicción también se trasladó a la propia Delegación del Gobierno en Ceuta. Tras las declaraciones de Robles, el organismo emitió un comunicado respaldando la versión de Interior en el que negaban haber recibido «en ningún momento, informe alguno que advirtiera de lo que iba a suceder el 30 de julio». Sin embargo, el jefe de gabinete de la Delegación, Gonzalo Sanz, tenía su propia versión, que ha ratificado ante la jueza que instruye el caso. Sanz argumentó que, en cuanto lo recibió, trasladó a su superior un aviso del CNI sobre la existencia de mensajes en grupos de redes sociales –donde participaban 180.000 personas– en vísperas de la entrada de miles de migrantes.

Sea como fuere, tanto Sanz, como el delegado, Miguel Ángel Pérez Triano, han sido los únicos que han tenido que dejar el cargo por la crisis, e incluso la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón a ya ha acordado abrir diligencias previas sobre el exdelegado del Gobierno, mientras la coartada de Moncloa ha pasado por la desclasificación de una serie de documentos que señalaban directamente a su inoperancia.

En concreto, los 40 documentos de Inteligencia publicados por Sánchez demuestran que el CNI no solo avisó a Policía Nacional, Guardia Civil y Delegación del Gobierno, sino que también alertó a los servicios de Inteligencia marroquíes. Entre ellos, destaca la nota del CNI que informaba de la movilización de hasta 180.000 usuarios para intentar entrar en Ceuta, pero que Pedro Sánchez desdeñó y retorció para salvase desde su perfil de X, afirmando que «en modo alguno constituía o podía interpretarse como un indicador de la escala, naturaleza o probabilidad de lo que pasó después».

Del mismo modo, los documentos desclasificados ponen de relieve la inacción de Marruecos. En uno de ellos, fechado el 30 de julio, el CNI señala que las fuerzas marroquíes quedaron sobrepasadas ante el pequeño número de efectivos desplegados y no realizaron ninguna acción proactiva ante la pérdida de control de la situación. Sin embargo, los informes policiales recabados por la jueza van más allá.

El análisis de la unidad de inteligencia de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional señala que esta avalancha fue un «proceso predefinido con objetivos diferentes a los migratorios» en el que existió un «guiado activo de la masa hacia los lugares de paso», concluyendo que se trató de un «proceso planificado y ejecutado» por varios actores, que requiere una «alta capacidad de influencia en redes sociales, en personas vinculadas a las fuerzas de seguridad de Marruecos y en personas o instituciones con la capacidad necesaria» para ello.

Por ello, no es de extrañar que muchas de las miradas de hayan dirigido a Abdellatif Hammouchi, la mano derecha de Mohamed VI en cuestiones de seguridad y terrorismo, que controla bajo su puño de hierro el aparato que mantiene el orden en el país vecino y sus servicios de inteligencia.

Tal y como desveló El Debate, el responsable de la policía y los servicios de inteligencia interior del reino alauí es, además, un viejo conocido de Marlaska, ya que fue condecorado con la Gran Cruz de la Orden del Mérito de la Guardia Civil, por la colaboración en seguridad y lucha antiterrorista de Marruecos, según publicó Interior en redes sociales al entregarle la medalla en 2025. No obstante, la entrega oficial, según consta en el propio BOE, se produjo en 2019, sin que el ministerio haya aclarado las razones de la condecoración, ni de la tardanza en su entrega. Todo ello, con el hackeo del móvil de Pedro Sánchez como telón de fondo.

El Gobierno cierra filas con Rabat pese a los informes policiales que señalan su connivencia

Pese a que las sospechas de la connivencia marroquí en la invasión ya se lanzaron desde el principio de la crisis, desde el Gobierno se han cerrado filas con Rabat e incluso, el mismo 30 de julio, el propio ministerio lanzaba una nota oficial en la que destacaba la «ejemplar colaboración de España con Marruecos» y agradecía «a las autoridades marroquíes los esfuerzos realizados en los últimos días por sus fuerzas de seguridad, que han impedido miles de intentos de migración irregular», demostrando, además, de que conocían la situación crítica que atravesaba la frontera.

Así, mientras que 80.000 personas asaltaban Ceuta, ante la pasividad de los gendarmes marroquíes, Interior sostenía que «ambos países han acordado reforzar la coordinación y los esfuerzos para hacer frente a estos flujos y se han comprometido a revisar e implementar medidas para la entrega, lo antes posible, de todas las personas que han entrado ilegalmente en Ceuta».

La Audiencia Nacional solicita las conversaciones entre Vivas y Sánchez y nuevos informes sobre la invasión

Sin embargo, más de dos meses después la situación en la ciudad autónoma sigue siendo complicada, pese al inmediato desalojo de la playa del Trampolín tras el anuncio de elecciones. Mientras, en la Audiencia Nacional, se sigue el procedimiento pertinente para depurar responsabilidades. La jueza María Tardón ha solicitado nuevos informes a la Guardia Civil, a la Policía Nacional y al CNI para conocer qué pasó en aquellas horas y quién estaría detrás de una posible financiación, al igual que ha pedido al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, la relación de llamadas que mantuvo con Sánchez, a través de su director del gabinete Diego Rubio.

La magistrada, además, ha abierto diligencias contra el exdelegado del Gobierno, Pérez Triano, por presunta prevaricación y desórdenes públicos, tras la querella presentada por Abogados Cristianos, mientras mantiene abierta su investigación para dirimir si se produjo un «ataque grave contra la integridad territorial de España», que llevaría aparejado los delitos contra la paz y la independencia del Estado, contra los derechos de los migrantes, organización criminal y homicidio imprudente.