El Gobierno asume que no hay un cauce legal para doblarle la mano al Supremo con la ley de nietos

Cándido Conde-Pumpido no está «por la labor» de torcerle, una vez más, la mano al Supremo en otro exceso de competencias, para contentar al Gobierno, en esta ocasión, a cuenta de la ley de nietos. La inmediatez de unas elecciones que los sondeos presentan desfavorables para la reelección de Pedro Sánchez, la sensación de que «ya ha pagado con creces» su nombramiento al frente del Constitucional, tras nueve meses prorrogado en el cargo; y el informe desfavorable de la Abogacía del Estado a un posible recurso de amparo, con cautelarísimas sobre las cautelares dictadas por el Alto Tribunal, han llevado al Ejecutivo a asumir que no hay cauce legal para neutralizar el revés de la Sala Tercera al censo de votantes nacionalizados españoles, como descendientes de exiliados durante la Guerra Civil y el franquismo.

La maniobra con la que el Gobierno aspiraba a incorporar a un total de 400.000 electores para las próximas generales del 29-N ha entrado, por tanto, en vía muerta aunque en La Moncloa buscan remedios «a la desesperada». No en vano, desde que se conociese la última doble resolución del Supremo contra los recursos con los que el Ejecutivo socialista aspiraba a levantar las medidas provisionales que pesan sobre la polémica norma, la única posibilidad es que los propios afectados, uno a uno, presenten sus alegaciones al quedar excluidos de unas listas para participar en los comicios, que se cerraron este mismo lunes. Y, aún así, los plazos no dejarían margen a que la Corte de Garantías se pronunciase a tiempo.

Así las cosas, y según ha podido saber El Debate, los servicios jurídicos de La Moncloa han descartado la posibilidad de que el Constitucional pueda «suspender la suspensión», de la mano de la mayoría izquierdista del Pleno. En especial, teniendo en cuenta que, como reconocieron en sus últimos escritos ante el Supremo, resulta materialmente «imposible» revisar los más de 170.000 expedientes a los que afectan las prevenciones vigentes. Un hecho que vendría a confirmar, de manera «implícita», que los trámites se llevaron a cabo en un proceso sin todas las garantías exigibles o, como mínimo, sin que éstas puedan ser demostradas, de manera objetiva, tal y como pedía la Sala Tercera del TS.

Es decir, «persisten las razones» que llevaron a seis de los siete magistrados llamados a fiscalizar este asunto a activar un cortafuegos «tan excepcional» como lo es la suspensión cautelar de la presunción de validez de las altas en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) de las que derivaban efectos electorales que, en caso contrario, podrían haber tenido consecuencias irreversibles, con independencia de a quién hubiese beneficiado.

Así las cosas, en el Constitucional ha cuajado la idea de que un recurso de amparo, planteado por la Abogacía del Estado, en representación de unas administraciones que «no cuentan con legitimación» para discutir las resoluciones del Alto Tribunal porque no son «titulares del derecho de sufragio», «no tendría ningún recorrido en circunstancias normales».

La mayoría de los expertos consultados por El Debate ya avanzaron que el derecho fundamental que podría considerarse afectado, según el artículo 23 de la Constitución (CE), es de carácter personal y no colectivo, por lo que el único «encaje alternativo» posible para el Gobierno sería alegar el derecho a un proceso con todas las garantías: practicar pruebas, formular alegaciones, recibir notificaciones... (24.2 CE), sin que hasta la fecha haya «ninguna razón objetiva, con base legal mínima, para cuestionar la actuación del Supremo», en sentido contrario.

Por no ahondar en el hecho de que los recursos de reposición que el Gobierno instó con la idea de dirigirse al TC «no agotan la vía judicial previa» que exige la doctrina «más que consolidada» en vía de amparo. Por lo que, a ojos de los magistrados que integran el órgano constitucional, no se darían, por prematuras, las circunstancias que habilitan la impugnación de cualquier decisión judicial previa, mientras ésta siga abierta en el tribunal ordinario competente que, en este caso, es el Supremo. Esto es, la posición del Pleno pasa por entrar en el fondo de la materia electoral solo cuando el Supremo haya dictado sentencia sobre la legalidad, o no, de la instrucción dictada por Sofía Puente, para la inscripción de nuevos electores nacionalizados, durante su etapa al frente de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública.

Y, hasta entonces, el Constitucional tendrá que mantenerse en compás de espera, con la única salvedad de que el Gobierno consiga 'armar' una reclamación individual, o varias, para aquellos descendientes de españoles, nacionalizados, que estén en disposición de «certificar», a fecha de 1 de agosto de este año, que han reclamado un reconocimiento perdido por el exilio de sus antepasados, por ascendencia, en base a motivos de persecución política por ideología u orientación sexual. Tampoco se descarta desde el Ejecutivo una solución anómala de la mano del Defensor del Pueblo. Si bien, este última baza, sería excepcional y requeriría, de nuevo, activar la «creatividad jurídica» de la que ya ha hecho gala, en otras ocasiones, Conde-Pumpido, desde un cargo que le ha llevado a «sus máximos de desprestigio» profesional.