La historia detrás del «desahucio» a 75 familias de guardias civiles en Toledo que ha denunciado Feijóo

El pasado viernes, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, criticó al Gobierno de Pedro Sánchez por el desahucio el año pasado de 75 familias de guardias civiles del cuartel de la comandancia de Toledo. Unas declaraciones que hizo desde la capital manchega y que han devuelto a la palestra una historia que se remonta a principios de los años 2000 y que todavía sigue sin solucionarse.

En octubre de 2002, el entonces presidente de Castilla-La Mancha, José Bono, prometió seis millones de euros para arreglar los cuarteles de la Guardia Civil de la región. Esa inversión nunca se produjo y dos años después, la Asociación Unificada de Guardias Civiles lo denunció y, aunque el Ejecutivo regional de entonces se comprometió a poner solución, la problemática siguió coleando muchos años más.

No fue hasta 2019 cuando la entonces alcaldesa de Toledo, la hoy ministra de Educación con Pedro Sánchez, Milagros Tolón, anunció que el cuartel en el que habitan cientos de familias de guardias civiles iba a trasladarse a una nueva parcela de Vega Baja.

Sin embargo, y a pesar de que el propio ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, llegó a asegurar que no había ningún problema con la construcción del cuartel en esa zona, lo cierto es que sí había problemas. Y es que el estudio del georradar de la Junta de Comunidades desveló que en esa ubicación había restos arqueológicos.

Este hallazgo, unido a la presión de la oposición y de la ciudadanía, hizo rectificar a Tolón, que, pocos meses antes de las elecciones autonómicas y municipales de 2023, inauguraba junto a la entonces directora de la Guardia Civil, María Gámez, el cartel de las obras del nuevo cuartel, que iba a ubicarse en un terreno alternativo en La Peraleda, cedido al Ministerio del Interior por el Ayuntamiento de Toledo.

En esos comicios, Carlos Velázquez, del Partido Popular, se hizo con el bastón de mando de la alcaldía de Toledo. Pocos meses después de su llegada, salió a la luz un informe del propio redactor del anteproyecto de la Comandancia de la Guardia Civil que alertaba de serias limitaciones en la parcela escogida. En concreto, advertía de la inundabilidad del terreno y su afección al cono visual del Casco, lo que hacía inviable el desarrollo del proyecto, salvo que se aplicaran una serie de excepciones urbanísticas, algunas de ellas prácticamente insalvables.

Así las cosas, en octubre de 2023 se celebra una reunión en el Ayuntamiento con los responsables de la Guardia Civil a quienes se les explican los inconvenientes detectados. Durante las siguientes semanas se celebran varios encuentros entre la Benemérita y los técnicos municipales en los que se barajan diferentes parcelas.

Finalmente, se llega a la conclusión técnica de que la mejor ubicación posible, debido a la premura manifestada en reiteradas ocasiones por la Guardia Civil para fijar una localización para el proyecto, era la unión de dos parcelas en el barrio de Santa María de Benquerencia, pertenecientes al Consistorio y a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Una vez ya fijada una reunión para cerrar los detalles del borrador del convenio por las tres partes implicadas -Ayuntamiento, Junta y Guardia Civil-, la Guardia Civil cancela su asistencia a la reunión a instancias de Tolón, en ese momento delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha.

Así, el proyecto vuelve a quedar en suspenso, mientras el alcalde, los meses sucesivos, envía varias cartas a las autoridades correspondientes para conocer cuáles son los planes de Defensa respecto a la parcela de La Peraleda porque, si finalmente no van a construir el nuevo cuartel, se dará por resuelta la cesión.

En este contexto, en octubre de 2024 la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, manda una carta al alcalde indicándole que se va a proceder a iniciar el expediente de revisión de la parcela cedida. El 2 de diciembre se reúnen ambas administraciones y concluyen que la opción más plausible es que el nuevo cuartel se levante en su ubicación actual, en la Avenida de Barber.

A comienzos de 2025, 75 familias del cuartel son desalojadas por motivos de seguridad —otras 90 continúan— y en junio de ese mismo año comienzan las demoliciones de los 8 bloques de viviendas previstos, después de que el Consejo de Ministros declarase la emergencia por el deterioro estructural que padece el inmueble.

Sin embargo, al poco de comenzar, se paralizaron las obras de demolición durante un mes al encontrarse restos de amianto en el edificio. El 9 de julio de 2025 se reanudó la demolición tras implementarse medidas de control como monitorización semanal de la calidad del aire, pantallas protectoras y cañones de agua para reducir el polvo.

El último episodio de este asunto que parece no tener fin se produjo el pasado 12 de octubre, cuando el alcalde de Toledo pidió al Gobierno de Sánchez una respuesta inmediata sobre el futuro del cuartel y fijar una fecha concreta para el inicio de las obras de reconstrucción de unas instalaciones que «llevan años esperando una solución».

Las palabras de Feijóo

En este contexto, el pasado viernes Feijóo afirmó desde Toledo que «cuando un gobierno desahucia a las fuerzas y cuerpos de seguridad no tiene ninguna capacidad para dar lecciones de desahucio a nadie».

En este sentido, recordó que «desde el año 2019 se comprometió una nueva instalación», criticando que «cada vez que había elecciones aparecían los altos cargos con las autoridades locales para comprometer el nuevo cuartel».

«Primero se comprometieron a hacerlo en una parcela que resulta que era inviable desde el punto de vista medioambiental. Después se comprometieron a hacerlo en otra parcela que también resultó inviable desde el punto de vista urbanístico. Resultado: en 2025 desahucio a 75 familias de la Guardia Civil», concluyó.

Unas declaraciones que no gustaron al delegado del Gobierno de España en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, quien recordó que fue el actual alcalde quien decidió no construir un nuevo cuartel en La Peraleda alegando que había unos metros cuadrados ubicados en zona inundable, y «a pesar de que se le propuso cambiar esa delimitación por otros, ubicados también en el mismo entorno, se negó y decidió rehabilitar el actual, ubicado en la Avenida de Barber».

«No me sorprende que el señor Feijóo se sume a la incompetencia del señor alcalde de Toledo, como están comprobando todos los españoles. No sabe de lo que habla. Trata de engañar a los guardias civiles y a todos los toledanos. Y además de mezclar desalojos por rehabilitación con desahucios que tanto protege y legitima, la propia Guardia Civil sabe que no hay cuartel por un único responsable, el señor alcalde de Toledo», apostilló.