Sánchez rompe la barrera de los 30 decretos leyes y subiendo con las Cortes disueltas

El Gobierno ha roto la barrera de los 30 reales decretos leyes con las Cortes ya disueltas. Y habrá más antes de las elecciones del 29 de noviembre, porque el presidente no para de repetir que seguirá gobernando hasta el último día. El Consejo de Ministros aprobó el martes el real decreto ley número 31 de este año 2026, desafiando los límites de la «extraordinaria y urgente necesidad» que, según la Constitución, han de justificar el recurso a una figura legislativa con rango que ley que debería ser excepción; pero que Pedro Sánchez ha convertido en norma. Y en atajo.

Y, también, en principal herramienta de sus martes sociales electorales. Porque cuatro de esos reales decretos leyes han sido aprobados tras la convocatoria de los comicios. Ello quiere decir que será la Diputación Permanente y no el Pleno del Congreso el órgano sobre el que recaerá su convalidación, donde al PSOE le basta el voto de los partidos de izquierdas y del PNV -no necesita a Junts-. En concreto, se trata de los dos decretos leyes de vivienda que cuatro días antes había tumbado el Pleno, otro con 45,3 millones de euros de ayudas directas a Ceuta y medidas de flexibilidad fiscal y el de este martes: el 31/2026.

Se trata de un real decreto ley que facilita el acceso a la pensión de viudedad a las parejas de hecho con hijos en común que acrediten dos años de convivencia, mejora la prestación para padres por cuidado de menores con cáncer o enfermedades graves de sus hijos y amplía los supuestos de incapacidad temporal. En concreto, a mujeres con patologías incapacitantes asociadas a la menopausia, a víctimas de violencia de género y a autónomos y asalariados afectados por catástrofes como la dana. Además, mejora la pensión para las víctimas de violencia de género y de terrorismo.

El Gobierno ya no sabe qué aducir

Tanto viene abusando el Ejecutivo del decretazo que ya no sabe qué aducir a la hora de redactar la exposición de motivos. En la del último, en lo referido a la mejora de la pensión para las víctimas del terrorismo, el Gobierno argumenta: «Se trata de personas, en el mejor de los casos, ya de una avanzada edad y en otros supuestos que han fallecido (…). La demora inherente a la tramitación legislativa ordinaria podría impedir que la reparación alcanzase a parte de sus destinatarios, frustrando de manera irreversible la finalidad de la reforma». Como si fuera una reivindicación de ayer, cuando los colectivos de víctimas llevan años en esta lucha por ver mejorada su pensión.

Desde los tiempos de la pandemia y de los sucesivos estados de alarma no se veían unas cifras similares. Entonces sí había una auténtica excepcionalidad. En 2020, el Consejo de Ministros aprobó 39 reales decretos leyes. En 2021 fueron 32. Desde entonces, el número había descendido (20 en 2022; 8 en 2023; 11 en 2024; 17 en 2025). Pero, en octubre de 2025, Junts anunció el bloqueo de la legislatura y el PSOE se puso a darle a la manivela de los decretos leyes para tener que negociar lo mínimo con los grupos parlamentarios.

Que el Consejo de Ministros haya impulsado 31 de estas normas este año no quiere decir que todas ellas hayan sobrevivido más allá de un mes (el tiempo máximo que ha de transcurrir hasta su convalidación en el Congreso). En 2026 se ha producido una situación inédita en democracia. Hasta la llegada de Sánchez a la Moncloa, que el Parlamento tumbara al Gobierno un decreto ley era una absoluta anomalía. Sin embargo, el actual presidente lleva ocho derogados solo este año.

Quedan cinco Consejos de Ministros ordinarios hasta las elecciones y el Gobierno va a seguir quemando sus naves, puesto que hasta el 29-N tiene sus funciones intactas. El ministro de la Función Pública, Óscar López, confirmó este miércoles que el Ejecutivo incrementará el sueldo a los funcionarios un 4,5 %, como había acordado previamente con los sindicatos. A ello se sumarán las subidas del salario mínimo interprofesional y de las pensiones. Por lo pronto.

De momento, el Congreso no ha comunicado cuándo se celebrará la Diputación Permanente que ha de convalidar los últimos decretos leyes. Ni siquiera ha aclarado si habrá una o dos, aunque lo más probable es que sea solo una. El Gobierno la quiere más adelante, precisamente para tener más margen para aprobar más medidas que necesiten pasar por el Parlamento. La fecha que se plantean es el jueves 12 de noviembre, un día después de la huelga general y un día antes del arranque oficial de la campaña.