Viajes a la final de la Champions o estancias hoteleras: qué hay detrás de la condena a un teniente general de la Guardia Civil

Los viajes a las finales de la Champions League de 2016 y 2017, estancias hoteleras para él y su familia, un cobertor para su piscina y entregas de dinero en efectivo por más de 39.000 euros. Estos son algunos de los beneficios que el jurado popular ha considerado probados en el juicio contra el teniente general retirado de la Guardia Civil Pedro Vázquez Jarava, declarado culpable por unanimidad de un delito de cohecho junto al empresario Ángel Ramón Tejera de León en el denominado caso Cuarteles.

El veredicto, emitido este miércoles, considera acreditado que el alto mando favoreció al empresario en la adjudicación de obras en distintos acuartelamientos del Instituto Armado a cambio de esas dádivas. Entre los viajes que recibió figuran desplazamientos a Milán y Cardiff para asistir a las finales de la Champions de 2016 y 2017 –que ganó el Real Madrid–, respectivamente, a los que acudió acompañado de un familiar y un amigo. El empresario también habría costeado estancias en hoteles para el general y su familia, además de entregarle dinero que este ingresó en sus cuentas bancarias.

Con todo, el jurado popular ha declarado a Vázquez Jarava y a Tejera de León culpables por cohecho en el caso Cuarteles. Según las acusaciones, Vázquez Jarava aprovechó su posición como responsable de la gestión de recursos económicos del cuerpo para favorecer a las empresas de Tejera de León, que obtuvieron contratos para trabajos de impermeabilización y mejora de fachadas mediante corcho proyectado. La investigación abarcó 120 contratos menores adjudicados entre 2008 y 2019 en 13 comandancias, por un importe total de 3,3 millones de euros.

A su vez, el jurado ha considerado probado que el general recomendó al empresario ante distintas comandancias y que, en 2016, las empresas de este consiguieron contratos por cerca de 1,4 millones de euros. El veredicto también señala que muchas de las obras se ejecutaron de manera inadecuada, ya que el constructor carecía de la técnica necesaria para aplicar el corcho proyectado. La relación entre ambos, según los miembros del jurado, era de amistad y los regalos constituían una contraprestación por el trato de favor.

Tras conocerse el veredicto, la Fiscalía, la Abogacía del Estado y las acusaciones populares ejercidas por la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) y la Asociación de Suboficiales de la Guardia Civil (ASESGC) han mantenido su petición de un año de prisión para cada acusado por cohecho. El jurado se ha opuesto a que se suspenda la pena o se conceda un indulto, mientras que las defensas han anunciado que recurrirán y han solicitado una rebaja por las dilaciones indebidas de una causa que se inició en 2019.