La Comisión Europea seguirá «supervisando» a España en la lucha contra la corrupción que afecta al propio Gobierno

«La lucha contra la corrupción es una prioridad fundamental para la Comisión, que está preparando la primera estrategia anticorrupción de la UE y prevé que esta se adopte antes de que termine el año», raza la respuesta de la oficina del comisario de Democracia, Justicia, Estado de Derecho y Protección de los Consumidores, el irlandés Michael McGrath, a un escrito presentado por Hazte Oír, para informar sobre los indultos del Gobierno de Pedro Sánchez a políticos condenados por corrupción.

Además, el principal órgano ejecutivo de la UE incide en que la primera Directiva comunitaria sobre la lucha contra la corrupción, fue adoptada el 29 de abril de 2026 y, desde entonces, «debe transponerse al Derecho nacional a más tardar en junio de 2028». Un cometido que España tiene pendiente. De ahí que dicha obligación, a cumplir por parte de todos los Estados miembros, incluida España, «será objeto de un estrecho seguimiento», adelanta la Comisión a la entidad española, preocupada por el borrado penal de los delitos de la separatista Laura Borrás, que quedó fuera de la amnistía del procés, o de los que Sánchez prepara para el ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz y el que reclama el ex ministro de Transportes José Luis Ábalos.

De hecho, la Comisión ha recordado en su escrito cómo uno de sus principales cometidos es el de supervisar e informar, anualmente, «sobre la evolución de la situación del Estado de Derecho en todos los Estados miembros, incluida España, en particular en lo que respecta a los marcos de lucha contra la corrupción» que salpica al entorno del PSOE y del propio presidente, pero también a algunos de sus socios independentistas de legislatura, en los últimos tiempos.

Así las cosas, cabe recordar cómo el último informe de la UE sobre el Estado de Derecho. que se publicó el pasado 17 de julio ya recogía algunas advertencias concretas a nuestro país sobre transparencia y legalidad.

No obstante, desde la Comisión Europea no han dejado de «subrayar que la evaluación de la legalidad de los indultos concretos, incluido el 1 Directiva (UE) 2026/1021 sobre la lucha contra la corrupción cumplimiento de los requisitos de procedimiento nacionales aplicables, es competencia de las autoridades y los órganos jurisdiccionales nacionales». Esto es, en su caso, el órgano sentenciador o el Supremo en el caso de quienes fueron juzgados como aforados.

«La Comisión seguirá supervisando de cerca la evolución de la situación en España y colaborando con las autoridades españolas para promover el Estado de Derecho, también en el contexto de la preparación del Informe sobre el Estado de Derecho en 2027», finaliza el texto al que ha tenido acceso El Debate.