El Gobierno certifica que de 163.355 afectados solo 901 son descendientes de exiliados y pueden votar

El Gobierno de Pedro Sánchez ha entregado este miércoles en plazo la lista solicitada por el Tribunal Supremo con la identidad de las 163.355 personas afectadas por la suspensión del derecho a voto a consecuencia de la conocida como ley de nietos. Sin embargo, fuentes de Exteriores consultadas por la agencia Efe han certificado que, de todos ellos, solo 901 personas han acreditado su condición de descendientes exiliados «certificada por los cónsules».

De acuerdo con los datos de la Abogacía del Estado, un total de 163.020 nacionalizados en virtud de la ley de nietos habían sido incorporados al Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA). Las medidas cautelares dictadas por el Supremo aseguran que solo quienes puedan demostrar documentalmente que descienden de exiliados podrán ejercer su derecho de voto en la próxima cita con las urnas.

La Sala de lo Contencioso Administrativo reclamó el pasado viernes a los ministros de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, la relación nominal de las personas afectadas inscritas en el Centro de Residentes Ausentes (CERA), que debían de entregar antes de las 15:00 horas de este miércoles, con la advertencia de multas o deducción de testimonio en caso de incumplimiento.

Fuentes de Justicia informan de que se ha cumplido el plazo y se ha facilitado la relación nominal de los 163.355 afectados, ligeramente superior a los 163.020 que se habían notificado previamente sin llegar a identificarles, si bien han lamentado que buena parte de ellos, previsiblemente, verán suspendido su derecho al voto, tal y como ha acordado el Alto Tribunal en caso de que no puedan certificar que son hijos o nietos de exiliados.

La queja de los diplomáticos

Este miércoles, la Asociación de Diplomáticos Españoles (ADE) ha denunciado la dejación del Ministerio de Exteriores y la «falta de apoyo» a los cónsules para cumplir con el requerimiento del Tribunal Supremo.

En un comunicado de la asociación, defienden que los cónsules han tramitado las solicitudes de nacionalidad en el marco de la ley de nietos conforme al conjunto de las instrucciones dictadas por las autoridades, a pesar de que la red consular «se encuentra gravemente desatendida» en lo que se refiere a medios humanos y técnicos, de infraestructuras o seguridad en el trabajo.

Y pese a esas deficiencias que denuncian, los consulados han cumplido «con un esfuerzo descomunal» todos esos requerimientos y lo han hecho además -se quejan- sin conocer el plazo para acometer la revisión de los 163.020 expedientes afectados, que no se conoció hasta el pasado 23 de octubre, «lo cual es impropio de una administración pública».