Transportes encargó la seguridad de la zona del accidente a una empresa sabiendo que estaba sancionada con 17 millones por corrupción

El Ministerio de Transportes encargó el mantenimiento de la seguridad de la línea Madrid-Sevilla, en el tramo donde chocaron un AVE y un Iryo en Urda, a una empresa que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) había sancionado dos años antes con 17 millones de euros por amañar contratos. Adif, la empresa pública dependiente de Transportes, se lo adjudicó en enero de 2024, dos meses después de que Óscar Puente tomara posesión como ministro, y sin competencia, ya que solo se presentó una oferta.

La sanción es de las más graves que ha impuesto el regulador. El 29 de septiembre de 2021, la Sala de Competencia de la CNMC declaró acreditada una infracción «muy grave» de la Ley de Defensa de la Competencia y del Tratado de la UE, constitutiva de cártel. Impuso a Thales España una multa de 17.029.041 euros por participar en él desde julio de 2002 hasta diciembre de 2017. El cártel nació, según la CNMC, en 2002, por iniciativa de Alcatel, que desde 2007 es Thales, y Dimetronic. Se sumaron después Siemens, Alstom, Cobra, Nokia, Bombardier y CAF. En total, las multas superaron los 127 millones de euros.

El cártel coordinó sus ofertas para repartirse 82 licitaciones convocadas por el Ministerio de Fomento, el Gestor de Infraestructuras Ferroviarias y Adif entre julio de 2002 y diciembre de 2017. El presupuesto de licitación sumó 5.498 millones de euros. De esos 82 concursos, 72 acabaron en manos de empresas del cártel, el 87,8 %, por 4.142 millones. La CNMC multó además a diez directivos, entre ellos el presidente y consejero delegado de Thales, con 60.000 euros. La propia administración que ahora contrataba a la empresa había convocado aquellos concursos.

Así se repartían los contratos, según los correos que la CNMC recogió en la inspección. El 2 de diciembre de 2014, un directivo de Thales escribió que, ante la renovación de las instalaciones de la línea Madrid-Sevilla, había que «respetar el acuerdo histórico», refiriéndose al sistema de seguridad de Madrid a Córdoba para Thales, el de Córdoba a Sevilla para Siemens, «todos los enclavamientos nuevos» para Thales y «todo el mantenimiento, 20 años, para Thales».

El Debate publica los detalles del contrato. Adif adjudicó por 72.161.510 euros más IVA, a cuatro años, el mantenimiento de las instalaciones de control de tráfico y sistemas complementarios de las líneas Madrid-Sevilla, Córdoba-Málaga y el ramal de La Sagra a Toledo. El presupuesto era de 72,52 millones. La única oferta, la de la UTE GTS Transportation Spain, participada al 80 % por la filial ferroviaria de Thales y al 20 % por Sistemas y Montajes Industriales, rebajó el precio en apenas un 0,5 %. En total, 362.000 euros.

El contrato cubre el Centro de Mantenimiento de Urda, entre los kilómetros 62,8 y 125,8 de la línea. El accidente fue en el kilómetro 118. Incluye los equipos del sistema LZB, el de protección de trenes que falló la mañana del 28 de octubre, además de circuitos de vía, contadores de ejes, señales y enclavamientos electrónicos. Exige personal de guardia las 24 horas, los 365 días del año, y un plazo máximo de 60 minutos para llegar a las instalaciones sin personal permanente. Obliga también a registrar las incidencias y los tiempos de restablecimiento, y a elaborar informes mensuales de fiabilidad.

Hay un dato más que mira hacia atrás. El contrato anterior de mantenimiento de la misma línea, adjudicado también a Thales en 2019, costó 56,8 millones sin IVA a 48 meses, con una rebaja del 20% sobre el presupuesto y dos ofertas. El de 2024, con una sola oferta, cuesta 72,16 millones sin IVA a cuatro años, un 27 % más. El nombre de uno de los firmantes se repite: Eugenio Nasarre Serrano, por Adif, firmó el contrato de 2024. Según los documentos de la licitación, era también uno de los cuatro técnicos que, en julio de 2021, dieron por buena la oferta de Thales para renovar la seguridad de la línea, pese a que rebajaba el precio un 28,45 %, por encima del umbral de oferta anormal.

GTS Transportation Spain pertenecía a Thales cuando se adjudicó el contrato. En mayo de 2024, cuatro meses después, el negocio ferroviario de Thales pasó a Hitachi Rail, que hoy mantiene la línea. El Debate ha publicado que el LZB de la zona de Urda llevaba varios días dando problemas antes del accidente. Este periódico publicó también que los técnicos de Transportes han hallado un sobrecoste de 10,9 millones de euros que «un tercero» exigió en el contrato de renovación de la seguridad de la línea, y que el departamento de Puente encargó a cinco funcionarios revisar el expediente con el objetivo de echar la culpa a la empresa adjudicataria.

El accidente ha dejado al menos 69 muertos, según el último balance del Gobierno de Castilla-La Mancha, y decenas de heridos, 15 de ellos graves. Entre las víctimas está Fátima Báñez, exministra de Empleo y Seguridad Social con Mariano Rajoy y presidenta de la Fundación CEOE, de 59 años, que viajaba en la cola del Iryo hacia Sevilla para un acto de la Confederación de Empresarios de Andalucía. La CEOE confirmó su fallecimiento el pasado jueves. El Gobierno ha decretado tres días de luto oficial, hasta el 31 de octubre.