29-N: El Gobierno garantiza la trazabilidad de los lectores de MiDNI, pero no la verificación de cada votante

El Gobierno de Pedro Sánchez ha diseñado un sistema para seguir el recorrido de cada lector QR de MiDNI desde su entrega en las mesas electorales hasta su recogida al finalizar las elecciones generales del 29 de noviembre. Sin embargo, la orden publicada en el Boletín Oficial del Estado no contempla una garantía equivalente para comprobar posteriormente si cada votante fue identificado correctamente. El Ejecutivo asegura la trazabilidad de los aparatos, pero no exige que quede constancia auditable de las verificaciones digitales.

La diferencia resulta especialmente significativa tras la investigación de El Debate que destapó las grietas de seguridad de MiDNI y miDGT y precedió a la decisión de la Junta Electoral Central (JEC) de suspender su utilización hasta que existieran garantías suficientes.

La Orden PJC/1129/2026, aprobada por el Consejo de Ministros el 27 de octubre y publicada el día 29, en pleno luto por la tragedia ferroviaria, modifica específicamente las obligaciones de Correos para distribuir y recuperar los lectores de MiDNI. El BOE no contempla un despliegue equivalente para miDGT, la otra aplicación cuya utilización electoral también quedó suspendida.

Silenciosa y ambigua urgencia

El Gobierno acelera la distribución de los dispositivos sin imponer en esa disposición una auditoría de las identificaciones digitales. El Ejecutivo, sin embargo, no ha informado expresamente a los ciudadanos de esta novedad en sus comunicaciones oficiales. La guía electoral publicada por La Moncloa el 20 de octubre enumera únicamente el DNI, el pasaporte y el carné de conducir como documentos válidos para identificarse en las urnas.

La nota de prensa con la que Interior anunció el 27 de octubre la aprobación del manual de las mesas menciona MiDN omite también la noticia. Sin embargo, ese mismo manual ya contempla los dispositivos móviles para verificar sus códigos QR y, dos días después, el BOE publicó la orden para distribuirlos. El Ejecutivo prepara así la utilización del DNI digital en las urnas sin anunciarla expresamente en las dos comunicaciones oficiales examinadas.

La confusión alcanza al propio manual electoral. Aunque en su página 7 contempla dispositivos móviles para verificar los códigos QR de MiDNI, no precisa cuál de las tres modalidades de identificación de la aplicación –DNI Edad, DNI Simple o DNI Completo– deberán presentar los votantes. La diferencia es relevante: cada modalidad muestra distintos datos personales y la mesa necesita instrucciones inequívocas sobre cuál resulta suficiente para acreditar la identidad del elector. Tampoco la guía pública de La Moncloa del 20 de octubre ni la nota de prensa de Interior del 27 anuncian expresamente que se pueda votar con MiDNI.

La situación se complica porque el Gobierno ya ha aprobado el manual, con el parecer favorable de la JEC, y ha previsto distribuir 900.000 ejemplares para las elecciones del 29-N. Si la Junta mantiene la suspensión de MiDNI o exige nuevas condiciones de verificación, habría que comunicar instrucciones complementarias a las mesas y garantizar su aplicación uniforme. Con la documentación electoral ya aprobada y la votación a menos de un mes, la incorporación efectiva del DNI digital dependerá no solo de disponer de los dispositivos, sino de que sus miembros conozcan exactamente qué modalidad admitir y cómo comprobarla.

Una tarifa para transportar cada lector, pero no para auditarlo

La orden incorpora a las obligaciones de Correos la entrega y recogida de los equipos necesarios para identificar mediante MiDNI a los electores. El anexo fija una tarifa máxima de 28,0667 euros por el servicio de entrega y recogida del dispositivo de lectura del QR. No es el precio de adquisición del aparato, sino la contraprestación prevista para su distribución y recuperación.

Moncloa exige, además, habilitar un sistema de trazabilidad de esos movimientos, coordinado entre Correos, Interior, los ayuntamientos y las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno.

Es decir, el Ejecutivo ha previsto cómo documentar la circulación del material. Pero no establece que los lectores deban conservar un registro de cada QR escaneado, del resultado obtenido, de su fecha y hora o de las incidencias producidas. Seguir el recorrido de un aparato permite acreditar dónde estuvo y cómo se transportó. Auditar una verificación sirve para comprobar si la identificación se realizó correctamente. Son garantías diferentes y el Gobierno solo ha impuesto expresamente la primera en esta orden.

Dispositivos móviles sin especificar

El manual oficial para las mesas electorales del 29-N, prevé un dispositivo móvil con cámara y navegador que tendrá incorporado el verificador QR de la web oficial de MiDNI. No necesariamente un lector especializado. Sin embargo, el BOE no identifica marca, modelo, fabricante, propietario, sistema operativo ni configuración técnica de los equipos. Tampoco especifica su conectividad, si estarán limitados al uso del verificador o si incorporarán herramientas adicionales de auditoría.

El dato adquiere especial importancia al examinar la documentación oficial de MiDNI. La Dirección General de la Policía declara que no queda registrado ningún dato de verificación ni la geolocalización de las operaciones. Su política de privacidad explica igualmente las limitaciones previstas para impedir el seguimiento de las comprobaciones desde los servidores policiales. La ausencia de registro es, por tanto, una característica declarada del verificador ordinario de MiDNI.

Nueva actuación ante la JEC

La falta de garantías ha provocado una nueva actuación ante la Junta Electoral Central El 2 de noviembre, Iustitia Europa solicitó mantener suspendida la identificación electoral mediante MiDNI y miDGT para el 29-N mientras no exista un protocolo público, uniforme y operativo. En su escrito advierte de los posibles fallos de conexión, servidores policiales, lectores, cámaras, navegadores, baterías y códigos QR caducados o ilegibles. La formación reclama que se determine cómo actuar ante cada incidencia, qué dispositivos de sustitución estarán disponibles y cómo quedarán documentadas las comprobaciones.

No deja huella

La documentación confidencial técnica de MiDNI describe cómo se generan y comprueban los códigos QR mediante mecanismos criptográficos que permiten verificar su autenticidad e integridad. Pero disponer de una herramienta capaz de validar un código no equivale a demostrar posteriormente que se utilizó correctamente.

La lista numerada de votantes deja constancia de quién ha ejercido el sufragio. Sin embargo, no identifica el método de identificación utilizado ni acredita si se escaneó el QR, qué resultado devolvió el dispositivo o si hubo incidencias. La norma no impone la conservación de esos datos técnicos. Esto no demuestra que los equipos carezcan necesariamente de registros internos, pero sí que el Ejecutivo ha omitido esa obligación en la disposición que regula su despliegue.

La autorización suspendida para el voto por correo

La controversia alcanza también al voto por correo. Como reveló El Debate, Juan Manuel Serrano, íntimo amigo de Sánchez y antiguo jefe de su Gabinete, consiguió como presidente de Correos que la Junta Electoral Central autorizara la identificación digital en los trámites postales. El árbitro electoral acabó suspendiéndola, junto con las demás aplicaciones digitales. Hasta ahora no consta una nueva autorización para el 29-N.

Entretanto, las prisas del Gobierno por desplegar MiDNI en pleno luto oficial por las 69 víctimas de la tragedia ferroviaria contrastan con las garantías previstas: asegura la trazabilidad de los aparatos, pero no exige que quede constancia de cada verificación digital. Una decisión que reabre el debate sobre la seguridad de la identificación electoral y la integridad de las urnas, precisamente las grietas que viene destapando este periódico y que llevaron a la JEC a intervenir.