Afloran más de 2.800 casos de irregularidades padronales tras sustituir el Gobierno las visitas a los hogares por un censo digital

En España se puede figurar empadronado en una casa en la que nunca se ha vivido. Incluso en una vivienda que no existe. No es una hipótesis de laboratorio ni una extravagancia estadística. Lo han descubierto la Policía Nacional, la Guardia Civil y distintos ayuntamientos en investigaciones que abarcan desde Mallorca hasta el País Vasco, Madrid, Castilla y León o Andalucía. Y mientras afloran estos casos, España ha dejado de contar físicamente a sus habitantes mediante entrevistas censales para construir su censo de población a partir del cruce de bases de datos administrativas.

El problema es que un registro administrativo puede reproducir una falsedad sin descubrirla. Cuando esa información se transmite a otros sistemas públicos, el error puede adquirir apariencia de certeza y consolidarse sin que salten las alarmas.

La cuestión cobra especial relevancia después de que El Debate revelara ayer la existencia de miles de personas fallecidas que continúan figurando en registros censales. Son anomalías de distinta naturaleza, pero ambas afectan a la calidad de la información que manejan las administraciones.

El 27 de marzo, El Debate publicó cómo el Instituto Nacional de Estadística (INE) había culminado una transformación histórica del censo de población. El organismo la denominó «cambio de paradigma». En 2011 se utilizó un modelo mixto de registros y encuestas. En 2021, ya con Pedro Sánchez en La Moncloa, España elaboró por primera vez su censo de población íntegramente a partir de registros administrativos. En 2023 consolidó el sistema de censos anuales.

Las entrevistas domiciliarias dejaron de formar parte del recuento censal. Eso no significa que desaparecieran otras comprobaciones municipales, pero sí que la recogida directa de información en los hogares fue sustituida por otra metodología para determinar quién reside en España.

Empadronados en casas que no existen

Las operaciones policiales y las inspecciones municipales permiten reconstruir una sucesión de irregularidades que afectan a localidades de toda España.

En Alcúdia (Mallorca), la Guardia Civil detuvo en septiembre de 2025 a un funcionario municipal investigado por 430 empadronamientos presuntamente fraudulentos. Entre los domicilios utilizados figuraban solares, viviendas inexistentes y edificios sin terminar. La investigación apuntaba a inscripciones realizadas a cambio de dinero.

En Archena (Murcia), la operación Falsitatis investigó alrededor de 600 certificados fraudulentos expedidos entre 2021 y 2024. Fueron detenidos un funcionario municipal y un intermediario que presuntamente cobraban entre 50 y 600 euros por documento.

En Seseña (Toledo), la Guardia Civil identificó más de 400 empadronamientos presuntamente fraudulentos. Una sola vivienda tenía 91 personas inscritas. Los investigadores detectaron contratos de alquiler y autorizaciones supuestamente falsificados. Cuatro personas fueron detenidas.

En Sant Cugat del Vallès (Barcelona), las inspecciones presenciales del Ayuntamiento permitieron comprobar que 322 de las 324 inscripciones sospechosas examinadas no correspondían a residentes reales. El 99 % de los casos investigados resultaron irregulares.

Inscritos donde nunca vivieron

En Irún (Guipúzcoa), la Policía Nacional descubrió en 2022 que 61 de las 75 personas empadronadas sucesivamente en dos viviendas nunca habían residido allí. La operación terminó con trece detenidos. De los falsos residentes, 45 pagaban entre 50 y 100 euros mensuales y 22 utilizaron sus certificados para realizar trámites administrativos.

En Arganda del Rey (Madrid), el Ayuntamiento detectó en septiembre de 2026 unos cincuenta empadronamientos presuntamente irregulares en trece domicilios. La investigación comenzó cuando un vecino intentó empadronar a su hijo recién nacido y descubrió que en su vivienda figuraban cuatro desconocidos.

En Carabanchel (Madrid), la búsqueda de un menor desaparecido permitió descubrir que figuraba empadronado en una vivienda cuyos residentes aseguraban no conocerlo. La Policía Municipal investigó una trama que utilizaba contratos de alquiler ficticios y hojas padronales falsificadas. La operación terminó con un detenido y otras catorce personas investigadas.

En Ávila, la Policía Nacional detuvo a dos personas por una presunta trama de empadronamientos ficticios. Identificó a 27 extranjeros inscritos en cuatro viviendas donde no residían. Los investigados cobraban entre 200 y 600 euros y presuntamente falsificaban contratos de alquiler.

En Ourense, la Policía Nacional detuvo en agosto de 2026 a un hombre acusado de facilitar empadronamientos ficticios a 33 ciudadanos extranjeros. La operación Natilla descubrió que utilizaba cuatro inmuebles, dos en Ourense y otros dos en O Carballiño, y que en algunos casos los residentes reales desconocían las inscripciones.

En Algeciras (Cádiz), la Policía Local comprobó 187 inscripciones irregulares en marzo de 2026 y otras 149 en abril: 336 en dos meses, tras examinar 845 altas. Entre las direcciones utilizadas había casas abandonadas, inmuebles tapiados, un antiguo pub, una peluquería, un despacho de abogados, una ONG y números de calle inexistentes.

En agosto, la Policía Nacional practicó otras cinco detenciones en una investigación sobre ocho personas empadronadas en dos viviendas donde nunca habían residido. No está descartado que exista solapamiento entre las inscripciones de ambas investigaciones.

En Roquetas de Mar (Almería), la Guardia Civil descubrió 188 empadronamientos fraudulentos después de que varios propietarios denunciaran la presencia de desconocidos inscritos en sus viviendas. La investigación identificó tres grupos presuntamente implicados y dio lugar inicialmente a 18 detenciones.

En Las Palmas de Gran Canaria, la Policía Nacional desarticuló una trama relacionada con 133 empadronamientos fraudulentos. Según la investigación, algunos beneficiarios ni siquiera residían en España y viajaban a la isla para recibir asistencia sanitaria.

En Vizcaya y Guipúzcoa, la Policía Nacional investigó una organización dedicada a facilitar documentación falsa, incluidos empadronamientos ficticios. Identificó 118 episodios de falsedad documental y al menos 42 permisos de residencia vinculados a las actuaciones investigadas. Los 118 episodios comprenden diferentes modalidades de falsificación, no exclusivamente inscripciones padronales.

Gandía: 127 empadronamientos falsos y 1.386 inmuebles bajo examen

El caso de Gandía (Valencia) incorpora una nueva controversia. En diciembre de 2025, la Policía Nacional desarticuló una trama de 127 empadronamientos irregulares realizados en viviendas cuyos propietarios desconocían las inscripciones. La investigación se saldó con cinco detenidos y 15 propietarios afectados. Los presuntos responsables utilizaban contratos de alquiler falsificados y cobraban entre 200 y 1.000 euros.

El 9 de noviembre de 2026, el PP denunció que, según un informe municipal, 1.386 inmuebles tenían seis o más personas empadronadas, frente a 1.238 en 2025. Una dirección registraba 57 personas y otras dos, 42 cada una.

El Ayuntamiento, gobernado por el socialista José Manuel Prieto, sostiene que los casos extremos corresponden a residencias de mayores y establecimientos colectivos. También asegura haber tramitado 3.732 bajas por inscripción indebida durante el mandato. La concentración de empadronados no acredita por sí sola un fraude, y todavía no se ha establecido cuántas de esas bajas afectaron al censo electoral.

El censo electoral también se alimenta de los padrones

Las investigaciones reunidas por El Debate permiten contabilizar más de 2.800 inscripciones, certificaciones y episodios documentales cuestionados en distintas comunidades autónomas. La cifra incluye actuaciones de diferente naturaleza: empadronamientos fraudulentos detectados por la Policía, certificados falsos, inscripciones sometidas a revisión y otros delitos documentales.

La conexión electoral de estas irregularidades está en el padrón municipal. El censo de población y el censo electoral son instrumentos diferentes: el primero mide la población residente y el segundo determina quién tiene derecho a votar. El censo electoral no se genera a partir del resultado estadístico del censo de población, pero ambos utilizan los padrones municipales como fuente fundamental.

La Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) establece que los ayuntamientos colaboran con la Oficina del Censo Electoral en la actualización de las inscripciones. Un empadronamiento incorrecto puede tener consecuencias electorales cuando afecta a una persona con derecho de sufragio y no es detectado por los controles correspondientes.

El alcance de esas irregularidades resulta especialmente relevante en municipios pequeños. En Valdelugueros (León), un juzgado ordenó en febrero de 2026 revisar los empadronamientos de hasta 21 allegados inscritos en dos viviendas vinculadas al alcalde, Emilio Orejas (PP). El municipio tenía 501 empadronados frente a 178 tarjetas sanitarias. La resolución exigió comprobar individualmente la residencia efectiva, sin dar por fraudulentas todas las inscripciones.

En localidades de ese tamaño, unas pocas altas indebidas pueden modificar de manera apreciable el número de electores.

El filtro estadístico que no examina las grandes ciudades

La Oficina del Censo Electoral dispone de mecanismos específicos para detectar incrementos anómalos de electores. Pero el procedimiento estadístico publicado por el INE bajo el título Control de las altas en el Censo Electoral contiene una limitación significativa: se aplica únicamente a municipios de hasta 2.000 electores inscritos en el censo de residentes en España.

El sistema analiza incrementos trimestrales y semestrales, compara su evolución con periodos anteriores y permite investigar variaciones que superan determinados umbrales. Gandía, Sant Cugat, Roquetas de Mar o Seseña quedan fuera de ese filtro estadístico concreto por su tamaño.

Eso no significa que carezcan de controles electorales. La Oficina dispone de otras facultades de inspección y revisión, aunque la documentación examinada no permite determinar qué actuaciones específicas realizó en los municipios afectados por estas tramas. Lo que sigue sin aclararse es qué mecanismos equivalentes detectan sistemáticamente las concentraciones anómalas de inscripciones en municipios de mayor población.

El INE detectó discrepancias en más de 8,3 millones de registros padronales

Un documento oficial del propio Instituto Nacional de Estadística revela la magnitud de las diferencias entre los padrones municipales y la base de datos del organismo. En su reunión del 13 de noviembre de 2025, el Consejo de Empadronamiento examinó más de 8,3 millones de registros con discrepancias en datos no identificativos, como bloque, portal, escalera, planta y puerta.

No se trata de 8,3 millones de empadronamientos fraudulentos, sino de diferencias entre bases administrativas. Pero el documento revela además que el INE había detectado movimientos de confirmación de oficio dudosos remitidos por tres municipios en noviembre de 2024 y marzo de 2025. El organismo decidió no procesarlos ni incorporarlos inicialmente a su base padronal hasta recibir las aclaraciones correspondientes.

El mismo informe recoge que 2.657 ayuntamientos presentaron alegaciones sobre 116.714 registros en el procedimiento de revisión de cifras de población. Más de 60.000 requirieron tratamiento manual.

Hay otro dato significativo: las diferencias en bloque, portal, escalera, planta y puerta comenzaron a compararse en 2023, por acuerdo del Consejo de Empadronamiento. Hasta entonces, esas variables no formaban parte de ese contraste específico entre las bases municipales y la del INE.

El riesgo de que varias bases de datos repitan la misma falsedad

El INE utiliza registros administrativos y los denominados signos de presencia para determinar qué personas deben incluirse en el censo de población. Cruza información del padrón con otras fuentes públicas y aplica controles estadísticos. El procedimiento permite identificar inconsistencias, pero presenta una limitación: que un dato figure en varias administraciones no garantiza que todas lo hayan comprobado de manera independiente.

Si distintos registros reproducen información originariamente incorrecta, su coincidencia puede resultar engañosa. Eso no significa que el INE acepte automáticamente esos datos. El organismo sostiene que el nuevo modelo mejora la calidad de las estadísticas y permite elaborar censos anuales, en lugar de esperar diez años entre operaciones. Sin embargo, la documentación sobre los miles de empadronamientos ficticios demuestra, en cualquier caso, que la verificación de la residencia efectiva continúa siendo necesaria, especialmente cuando existen indicios de irregularidad.

España, el único de los cinco grandes países europeos con este modelo

En 2021, España fue el único de los cinco países más poblados de la Unión Europea que elaboró su censo exclusivamente mediante registros administrativos, sin recogida de datos de campo específica para la operación. Alemania, Francia, Italia y Polonia empleaban otras metodologías mixtas, como hacía antes también España.

La comparación no demuestra que el modelo español sea menos fiable. Sí pone de relieve la importancia de conocer qué comprobaciones independientes permiten corregir los errores de las fuentes administrativas.

El alcance electoral de las inscripciones falsas sigue sin conocerse

Las investigaciones policiales han descubierto empadronamientos fraudulentos que permanecieron durante meses o años en los registros municipales. En algunos casos fueron los propietarios quienes denunciaron la presencia de desconocidos en sus viviendas; en otros, las inspecciones presenciales permitieron comprobar que los supuestos residentes nunca habían vivido allí.

La Oficina del Censo Electoral tiene competencias legales para inspeccionar, revisar y corregir las inscripciones. Sin embargo, la documentación examinada no permite determinar cuántos de los empadronamientos fraudulentos descubiertos llegaron a las listas electorales, cuánto tiempo permanecieron activos ni cuántos fueron detectados por iniciativa de la propia Oficina.

La identificación del votante constituye la otra garantía del sufragio. Tras la investigación de El Debate sobre miDNI y miDGT, la Junta Electoral Central suspendió inicialmente su utilización electoral. El 5 de noviembre volvió a autorizar miDNI, tras confirmarse la disponibilidad de lectores QR, al considerar que permitirían verificar la identidad «con todas las garantías necesarias». La suspensión de miDGT se mantuvo.

El Gobierno ha digitalizado la elaboración del censo de población y ha recuperado la identificación mediante miDNI para las urnas del 29 de noviembre. Pero sigue sin conocerse el alcance electoral de los empadronamientos falsos descubiertos por la Policía ni qué controles evitaron que esas inscripciones permanecieran en las listas de votantes.