Una mujer increpa a Ana Redondo por los fallos en las pulseras antimaltrato
También se han dirigido contra el Tribunal de Cuentas
La Fiscalía Europea y la UCO investigan al Ministerio de Igualdad por un presunto fraude de fondos comunitarios en las pulseras antimaltrato
Tras la doble causa abierta sobre las ayudas inyectadas al Gobierno para invertir en seguridad y mantenimiento de infraestructuras, en la línea de Alta Velocidad (AVE) Madrid-Sevilla, donde se produjeron los dos siniestros de Adamuz y Urda
Efectivos de la Guardia Civil se han desplazado a la sede del Departamento que gestiona Ana Redondo y al órgano fiscalizador, para recopilar documentación y expedientes
La Fiscalía Europea (EPPO), en colaboración con la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, ha abierto una investigación contra el Ministerio de Igualdad y el Tribunal de Cuentas por un presunto fraude en la gestión de los fondos públicos comunitarios que recibió el Departamento de la socialista Ana Redondo para la compra de las conocidas como pulseras 'antimaltrato'.
Según ha podido adelantar El Debate, de fuentes próximas a las pesquisas, la fuerza policial actuante se habría dirigido, de manera coordinada con la Fiscalía de la UE, tanto a Igualdad como al TC para recopilar documentación relativa a los expedientes públicos de adquisición y renovación de los dispositivos destinados a la protección de víctimas de violencia de género que, hace unos meses, se supo que fallaron. Una incidencia que dejó desvalidas a un importante número de mujeres españolas, con órdenes de alejamiento vigentes para sus maltratadores sobre los que se perdió la geolocalización y, en consecuencia, la posibilidad de alertar a las autoridades, en caso de incumplimiento.
Así las cosas, esta nueva causa abierta por la Fiscalía Europea el pasado año y que, hasta la fecha, no había trascendido, se ha adoptado en el marco de la instrucción de un presunto delito de fraude que afectaría a los intereses económicos de la UE, en la compra de las pulseras telemáticas concebidas para asegurar tanto el cumplimiento de medias cautelares, como las condenas dictadas en materia de violencia machista.
Las pesquisas cuentan, desde el primer momento, con el apoyo de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) que se encuentra parcialmente secreta.
Cabe recordar cómo, hace unos días, la institución europea ponía en marcha una segunda actuación en lo relativo a la utilización y trazabilidad del dinero público enviado al Gobierno de España y destinado, en aquella ocasión, a los trabajos de mejora en las infraestructuras y la seguridad, en la línea de Alta Velocidad (AVE) Madrid-Sevilla, donde se produjeron los dos fatídicos siniestros de Adamuz (Córdoba) y Urda (Toledo).