El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, participa este viernes, en un acto electoral en Arnedo con el que los socialistas riojanos dan comienzo a su campaña para las elecciones del próximo 29 de noviembre.- EFE/Raquel Manzanares
Balance Judicial
La UCO registra la legislatura de Sánchez en busca de las obras públicas amañadas, las 'mordidas' y la presunta financiación irregular
Dos comisiones judiciales, una de ellas instada por el juez Ismael Moreno de la Audiencia Nacional, entraban, esta semana, en el Tribunal de Cuentas, para recopilar nueva documentación relacionada con la supuesta 'caja B' de Ferraz
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil acudía, este jueves, al Tribunal de Cuentas, horas antes del arranque oficial de la campaña electoral, en busca de nueva información sobre las presuntas irregularidades cometidas por el PSOE, que analiza el órgano fiscalizador, en el marco de la financiación irregular. Lo hacían por orden del juez instructor del 'caso Koldo', en la Audiencia Nacional, que investiga los movimientos contables del Partido Socialista de Pedro Sánchez, bajo sospecha durante las dos últimas legislaturas, cuando tanto José Luis Ábalos como Santos Cerdán estuvieron al frente de la Secretaría de Organización de Ferraz.
Los agentes accedían al interior del céntrico edificio, a media mañana, y salían unas horas después cargados de cajas con documentos correspondientes a las donaciones que, el PSOE declaró haber recibido, en los últimos ocho años. No en vano, el pasado mes de diciembre, el magistrado Moreno decidía abrir una pieza separada secreta con la información reclamada a la propia formación, sobre sus pagos en metálico, para reintegrar gastos anticipados de la cúpula, entre 2017 y 2024. Y es que, tal y como se había descubierto antes, el propio Koldo García Izaguirre, ex asesor de Ábalos, recibió un total de 24.000 euros, en cinco años, fuera del sueldo oficial que percibió en ese mismo tiempo.
Los datos aportados, en un informe de parte, consignado por el PSOE en un 'pendrive' en la Audiencia Nacional incluían datos personales de trabajadores, simpatizantes o voluntarios, por lo que el juez consideró que lo más «racional» era decretar el secreto de las averiguaciones, «mientras se practican las diligencias» correspondientes.
Y es que el instructor, tras recibir la documentación correspondiente a este asunto que le envió su compañero Leopoldo Puente, desde el Supremo, sospechó que pudo existir una 'caja B' en Ferraz que se rellenase, en efectivo, con un mayor número de aportaciones de las que recibieron en realidad. Entre otros indicios porque, sorprendentemente, en contra de la tendencia de otros partidos, crecieron en el PSOE, durante la pandemia por encima de lo habitual.
Además, esta supuesta contabilidad paralela habría servido tanto al exministro José Luis Ábalos, como a su lugarteniente Koldo, gracias a la falta de controles efectivos, para blanquear el dinero obtenido de las 'mordidas' que recibieron, entre otros, por los contratos de mascarillas. Ambos lo habrían hecho inflando los gastos anticipados del partido, con tickets de gasolina, comidas, dietas y otros conceptos falsos que, tras un primer análisis se usaron para blanquear el dinero obtenido de sus presuntas actividades ilegales en materia de obra pública y contratos de mantenimiento de carreteras y vías férreas.
Los registros en la sede de Adif- Alta Velocidad (en Madrid, Sevilla y Córdoba) y en varias empresas constructoras implicadas en los tramos de Adamuz y Urda, como Azvi -que, además contrató a Koldo, por 6.000 euros al mes más bonus del 0,75 % por operación, cuando salió defenestrado junto al ya ex ministro Ábalos- apuntan a las comisiones irregulares que ambos, aunque también Santos Cerdán, con su cupo vasco y los hermanos Corvillo (Rubén y Cristian), recientemente incorporados a la causa, pudieron recibir por asignar licitaciones, previamente, amañadas.
De hecho, más allá de los actores involucrados, hasta la fecha, los agentes han apuntalado la «vinculación» de los Corvillo con las tramas que nacen y se desarrollan tras la llegada de Sánchez a La Moncloa, precisamente, de la mano de su núcleo duro en las primarias de 2017. Aunque numerosos testimonios han apuntado a que Corvillo actuó como chófer del presidente, durante la etapa en la que viajó en un Peugeot por toda España para recuperar la Secretaría General de su partido, la realidad es que la relación de Corvillo fue más estrecha de lo que parecía en un principio.
Así las cosas, la UCO localizaba «una conversación entre Corvillo y Aldama que resulta reveladora tanto del grado de vinculación de Corvillo con el PSOE, al referir mantener una interlocución directa con el secretario general del partido y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como de su conocimiento de los asuntos relacionados con (el exministro José Luis) Ábalos, sobre los que trata directamente con él», con fecha de abril de 2023.
«Mañana viene el presidente a Córdoba y tengo reunión privada con él, me ha llamado Óscar López», recogía el mensaje de Corvillo a Aldama que, al día siguiente, apuntaba un dato más: «Con el presidente, de lujo». En un encuentro que los guardias civiles sitúan en 35 minutos de ambos a solas y consideran que se utilizó para «hablar del jefe», en referencia a Ábalos. De hecho, Corvillo mantenía «una dinámica propia» con Koldo y Ábalos, «diferenciada» de sus interlocuciones con el empresario Víctor de Aldama.
Una relación a tres bandas que ha permitido a la UCO apuntalar «al papel de Corvillo como elemento de conexión entre Aldama y Ábalos, facilitando la entrega de dinero en efectivo a este último», incluso, con la intención de financiar una vivienda que adquirió la actual pareja del ex ministro, Andrea de la Torre, quien también fue detenida en el marco de la operación policial que se precipitaba hace una semana.
Corvillo pudo ser, por tanto, el «catalizador» de las subtramas que integran la corrupción socialista en la cúpula del Ejecutivo y que, más allá de las mascarillas, le llevaría a estar presente en hidrocarburos y contratos públicos. De hecho, y como hecho relevante para las investigaciones en curso, los agentes consideran que Cristian fue el «testaferro» de la red de corrupción que utilizó el Ministerio de Transportes como sede de operaciones, presuntamente, sin que Sánchez lo supiera.