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Varias personas durante el recuento del voto CERA en el Palacio de Justicia de BilbaoEuropa Press

Un tercio del voto CERA puede no llegar nunca

Un informe reservado de Interior, Exteriores y la OCE destapa los graves problemas de entrega o seguimiento del voto de 782.117 españoles en el extranjero. A catorce días del 29-N, la incógnita es si la OCE ha depurado el CERA, como le exige la ley, o persisten las deficiencias que ella misma denunció

La radiografía del voto exterior español elaborada conjuntamente por Interior, Exteriores y la Oficina del Censo Electoral (OCE) que reveló este periódico pone los pelos de punta. Interior, Exteriores y la Oficina del Censo Electoral constituyeron en septiembre de 2022 un grupo de trabajo para evaluar las consecuencias de la supresión del voto rogado, que obligó a enviar automáticamente la documentación electoral a todos los españoles residentes en el extranjero.

Informe reservado de Interior, Exteriores y la OCE

Informe reservado de Interior, Exteriores y la OCE

El nuevo sistema se estrenó parcialmente en las autonómicas de mayo de 2023 y se aplicó por primera vez a todo el CERA en las generales del 23 de julio de aquel año. Después llegaron las europeas de junio de 2024.

Tras analizar ambas convocatorias, los tres organismos concluyeron que era imprescindible reformar el procedimiento. Propusieron revisar el doble envío de documentación electoral, actuar ante las entregas fallidas, permitir que los electores renunciaran a recibir los sobres y modificar el sistema de devolución de los gastos postales adelantados.

La comunicación remitida a la Junta Electoral Central solicitaba su criterio para poner en marcha «lo antes posible» las reformas «imprescindibles», incluso mediante una nueva norma reglamentaria. El informe concluye que el nuevo sistema es «difícil de gestionar» y «definitivamente ineficiente». En consecuencia, el Gobierno solicitó al árbitro reformas y pidió aplicarlas «lo antes posible», pero nunca informó al Parlamento ni llegó a presentar las reformas que él mismo solicitó.

El caos de los envíos de Correos

Sus propias cifras cuestionan la eficacia de la distribución de documentación electoral a los españoles residentes en el extranjero. En las generales de julio de 2023, 782.117 electores, uno de cada tres inscritos en el CERA, residían en países con dificultades de entrega o ausencia de información de seguimiento postal.

Un año después, en las europeas de junio de 2024, Correos registró 475.649 devoluciones de documentación electoral. Casi medio millón de sobres que no llegaron a sus destinatarios. A las puertas de las generales del 29 de noviembre es necesario conocer qué ha hecho el Gobierno para corregirlos.

Para las generales de 2023, Correos clasificó los países en tres categorías: nueve sin información de seguimiento, con 348.073 electores; 67 de riesgo alto, con 93.061; y 33 de riesgo medio, con 340.983. Los dos últimos grupos sumaban 434.044 electores expuestos a riesgos de entrega. Al incorporar los países sin información de seguimiento, el universo alcanzaba los 782.117.

Para las europeas de 2024, sin embargo, Correos utilizó otra relación de destinos con dificultades potenciales, correspondiente a 107.674 envíos, y presentó por separado las devoluciones efectivas. ¿Por qué no se midió lo mismo en ambas elecciones?

Las cifras no permiten comprobar con criterios homogéneos si las deficiencias aumentaron o disminuyeron. El Debate ya había documentado problemas semejantes en la información oficial sobre la ley de nietos: cambios de periodos de referencia y magnitudes que dificultaban reconstruir la evolución de las altas censales. Este periódico desconoce estos cambios respondieran a una intención deliberada de ocultación. Pero su consecuencia es que impiden evaluar con precisión si las medidas adoptadas dieron resultado.

La OCE reconoce que las depuraciones no resolvieron el problema

Aquí aparece una de las revelaciones más importantes del expediente. En su página 26, el informe conjunto reconoce que los listados de documentación devuelta habían servido para realizar nuevas depuraciones del censo. Sin embargo, admite que los esfuerzos extraordinarios de verificación «no han modificado en lo sustancial esta situación».

Informe de Interior, Exteriores y la OCE

También explica que, cuando no se consigue contactar con los electores, resulta imposible actualizar sus datos o tramitar las bajas correspondientes, de modo que las deficiencias persisten de una convocatoria a otra. La Administración reconoce, por tanto, que se habían realizado comprobaciones, pero que los problemas continuaban.

¿Cuántas direcciones corrigió la OCE después de las generales de 2023? ¿Qué resultados obtuvo antes de las europeas de 2024? ¿Cuántas incidencias ha resuelto desde entonces? El informe no proporciona un balance homogéneo que permita responder.

Los consulados colaboran; la OCE tiene la obligación de controlar

El Debate reveló el pasado 25 de octubre que la OCE explicaba cómo Correos recopila las devoluciones y las remite a Exteriores para que los consulados realicen las comprobaciones correspondientes. Pero trasladar los listados a los consulados no agota las responsabilidades legales de la OCE.

El artículo 29.3 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General establece que los consulados actúan como colaboradores de la Oficina del Censo Electoral. El artículo 30.c atribuye expresamente a esta última el control y la revisión de oficio de las altas y bajas tramitadas por los organismos competentes. Y el artículo 34 establece la actualización mensual del censo.

Los consulados realizan comprobaciones y tramitan modificaciones. La OCE debe coordinar, supervisar y ejercer sus propias competencias de revisión. Según expertos consultados por este periódico, no significa que pueda dar de baja automáticamente a un elector porque Correos haya devuelto una carta, pero sí debe poder acreditar qué controles realizó y cuáles fueron sus resultados.

Al frente del INE y, por razón de su cargo, de la OCE se encuentra Elena Manzanera, nombrada por el Gobierno de Pedro Sánchez en agosto de 2022. Su trayectoria profesional está vinculada precisamente a la integración de registros administrativos y al análisis de grandes bases de datos.

Su gestión del CERA y las dificultades para identificar las altas derivadas de la falsa ley de nietos fueron reveladas por este periódico. Tras la intervención del Tribunal Supremo, el INE incorporó una variable adicional al fichero consular para distinguir determinados supuestos de adquisición de nacionalidad. Ahora reaparece la misma exigencia de trazabilidad, esta vez con las incidencias documentadas por el propio Gobierno de la documentación electoral.

¿Ha depurado la OCE el CERA antes del 29-N?

A catorce días de las generales del 29-N, Elena Manzanera debería explicar si la OCE ha depurado el censo exterior conforme a sus obligaciones legales, cuántas incidencias ha comprobado, cuántas ha corregido y dónde están los datos que lo acreditan. Los españoles tienen derecho a conocer la situación real del caos censal del voto CERA que reveló el propio Gobierno al árbitro electoral y nunca hizo público. Constatar los fallos del censo no equivale a cumplir la obligación de controlarlos y corregirlos.

Porque hay una cuestión que se desconoce: ¿facilita la OCE a la JEC la relación individualizada de los cientos de miles de envíos devueltos por Correos —destinatarios desconocidos, ilocalizables, direcciones insuficientes y fallecidos— para cruzarla con los registros de quienes votan efectivamente en el CERA? ¿Se comprueba si existen coincidencias que puedan revelar irregularidades electorales?

La pregunta no es gratuita. En las primarias del PSOE de 2017 que ganó Pedro Sánchez, Koldo García, el chofer del entonces secretario general y posteriormente asesor del ministro de Transportes, José Luis Ábalos. aseguró haber escuchado que habían votado incluso personas fallecidas. En los mensajes de WhatsApp a Patricia Úriz incluían la instrucción «Mete de los otros cuatro rumanos», según reveló El Español. Ábalos y Koldo cumplen condenas de prisión entre otros delitos por organización criminal. Unas afirmaciones del entorno más cercano al presidente del Gobierno que recuerdan por qué las garantías electorales deben poder comprobarse.