Marisma de Doñana seca
Las mentiras de la izquierda sobre la ley de regadíos del PP y Vox en Andalucía
La norma no afectaría a Doñana ni tampoco supondría una amnistía para los pozos ilegales
El Gobierno, sus partidos y el resto de la izquierda andan inmersos en una campaña de demonización de una proposición de ley del PP y Vox en el Parlamento de Andalucía, cuya toma en consideración se aprobó la semana pasada, para regularizar regadíos en cinco municipios de la comarca del Condado de Huelva.
Lo que se plantea, según el texto, es una corrección del Plan Especial de Ordenación de la Corona Forestal de Doñana (PEOCFD) de 2014 para solventar la injusticia que sufren desde entonces cientos de agricultores que vieron cómo «muchas hectáreas que tradicionalmente eran objeto de cultivos en regadío pasaron por la Administración Autonómica a considerarse no aptas para el mismo» como consecuencia de una decisión basada en una planimetría de 2004.
Sin embargo, y pese a tratarse de una cuestión de ordenación del territorio, la izquierda se escuda en una sentencia condenatoria de la Unión Europea sobre Doñana para torpedear la iniciativa parlamentaria recurriendo incluso a mentiras fácilmente desmontables, como las que les vamos a exponer a continuación. Mientras, el Gobierno elude su compromiso de ejecutar las obras necesarias para el trasvase de aguas superficiales para estos regadíos.
Los regadíos están en Doñana
El propio título de la iniciativa no alude en ningún momento a Doñana: «Proposición de Ley para la mejora de la ordenación de las zonas agrícolas del Condado de Huelva, en los términos municipales de Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado (Huelva)». El más cercano se encuentra a unos 30 kilómetros del preparque.
En el texto se subraya que «el desarrollo y efectos de esta norma se aplican en terrenos agrícolas que están fuera del espacio natural, en lo que se denomina el área de influencia socioeconómica». «Cualquier normativa que pueda afectar directa o indirectamente a Doñana debe cumplir una premisa infranqueable: respetar, garantizar y potenciar, si cabe, los valores ambientales que hacen de Doñana un lugar único e inigualable a nivel mundial», se añade.
Así pues, el plan de regadíos no representa una amenaza real para Doñana y su acuífero. «No estamos regulando nada dentro del Espacio Natural de Doñana, solo se pretende armonizar y regular los regadíos fuera del parque, en concreto, al norte de la propia corona forestal que protege el parque», se reitera más adelante.
Se legalizarán 1.500 ha de regadío
Se desconoce cuántas hectáreas (ha) de regadío se legalizarían. «Se deberá comprobar caso a caso las explotaciones agrícolas que se encuentran en este supuesto [regadíos declarados no aptos en 2014] para ser considerados sus suelos regables con aguas superficiales preferentemente (SARAS) salvo que la Administración hidráulica de la demarcación hidrográfica donde se encuentren estos terrenos establezca un origen de recursos diferente», establece el texto. Para ello, se creará la Oficina de Seguimiento del Plan.
Amnistía a pozos ilegales
La ley tampoco supondría una amnistía para los pozos ilegales, sino todo lo contrario. Todos los expedientes sancionadores abiertos continuarían tramitándose; ninguno de ellos se paralizaría. Así lo dice el texto:
«Tiene que ser firme la acción del Gobierno autonómico de continuar y aplicar de forma estricta las determinaciones contenidas en el Plan de inspección, vigilancia y seguimiento, aprobado de conformidad con lo establecido en el artículo 18.2 del Decreto 178/2014, tanto en materia forestal […] como en materia hidráulica en el ámbito hidrográfico del Tinto-Odiel-Piedras, con el sellado de pozos y la prohibición de aprovechamientos hasta tanto no se otorguen definitivamente los derechos que correspondan».
Nuevos pozos
«Le escribo con mucha inquietud y urgencia en relación con la propuesta de permitir nuevas captaciones de agua para riegos del Parque Nacional de Doñana». Así comienza la carta que la eurodiputada socialista Iratxe García ha remitido en nombre de su grupo al vicepresidente de la Comisión Europea, Frans Timmermans, y al comisario de Medio Ambiente, Virginijus Sinkevicius, para pedirles una reunión «urgente» sobre el plan de regadíos.
Carta de la socialista Iratxe García a la Comisión Europea sobre regadíos en Doñana
Por lo pronto, la Junta de Andalucía carece de competencias para permitir nuevos pozos en Doñana. Pero en cualquier caso, la proposición de ley contradice la afirmación de la eurodiputada socialista: «La naturaleza de este Plan es meramente de ordenación del territorio, debiendo obtenerse todos los permisos necesarios para su efectiva puesta en cultivo y, en este caso, la obtención de derechos de agua superficial de forma preferente, y progresivamente cesando las extracciones legales actuales y ser sustituidas por otros recursos hídricos alternativos».
Por otro lado, se recalca que «la supervivencia y conservación global del espacio natural pasa por la sustitución progresiva de derechos ya concedidos de agua subterránea por derechos de agua superficial. Esta opción sí es real en una provincia como Huelva, ya que la cuenca hidrográfica del Tinto, Odiel y Piedras ha sido históricamente excedente en recursos hídricos, así como otros planteamientos alternativos relacionados con la regeneración de aguas depuradas o desalinización».
PP y Vox prometen agua a los regantes
La ley no les garantizaría derechos de agua a los regantes. El texto establece que «la viabilidad de mantener en ellos [los suelos] cultivos agrícolas dependerá y estará condicionada en todo momento a la obtención de los correspondientes derechos de agua superficial, que depende de la existencia de recursos disponibles para ello y, en especial, del desarrollo de las infraestructuras hidráulicas declaradas de interés general del Estado en la Ley 10/2018, de 5 de diciembre, sobre la transferencia de recursos de 19,99 hm³ desde la Demarcación Hidrográfica de los ríos Tinto, Odiel y Piedras a la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir; y de la puesta a disposición de otros recursos hídricos como las aguas regeneradas o las aguas desalinizadas».
Por ello, se reclama al Gobierno que ejecute dichas obras. Se le afea que, casi cinco años después, algunas estén pendientes aún «de forma total y otras con una ejecución muy incipiente». Las obras son las siguientes:
En la demarcación del tinto, odiel y piedras:
- Construcción de la presa de Pedro Arco
- Desdoblamiento del túnel de San Silvestre
- Desdoblamiento sifón Odiel, 2.ª fase
- Desdoblamiento del sifón por la margen izquierda del Odiel hasta la galería forzada
- Aumento de la capacidad de regulación de la balsa de regulación del anillo hídrico.
- Aumento de la capacidad de transporte del anillo hídrico entre los depósitos de Huelva y la balsa
de regulación del anillo hídrico.
EN LA DEMARCACIÓN DEL GUADALQUIVIR
- Balsas de regulación e infraestructuras de distribución
- Infraestructuras propias de transporte y regulación del trasvase
La ley no respeta la sentencia de la UE
La Comisión Europea considera esta proposición de ley una «violación flagrante» de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que en 2021 condenó a España por las extracciones «desmesuradas de agua subterránea» en Doñana, vinculadas principalmente a la agricultura de regadío que se practica en el Condado de Huelva.
Sin embargo, por todo lo anterior, el PP y Vox entienden que con esta iniciativa —donde se habla en todo momento de aguas superficiales— lo que hacen es cumplir «en parte» la sentencia del TJUE, «pues en la misma se exhorta al Reino de España a implementar el máximo de medidas posibles para preservar el estado del acuífero y de los humedales, por lo que es vital avanzar en las obras de interés general que facilitarán la llegada del agua superficial».
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se reunirá la semana que viene con el comisario europeo de Medio Ambiente, Virginijus Sinkevicius, para explicarle en qué consiste realmente el plan de regadíos que defienden su partido y Vox para el Condado Huelva lejos del ruido y las falacias que pesan sobre la propia proposición de ley.
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