El consejero de Universidad, José Carlos Gómez Villamandos, en la rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno
Andalucía El Gobierno andaluz blinda la financiación de sus universidades y la condiciona en parte a sus resultados
Las universidades andaluzas contarán con un nuevo modelo de financiación hasta 2027 que incorpora una cláusula de salvaguarda como garantía de recursos
El Gobierno de Juanma Moreno ha aprobado este martes el nuevo modelo de financiación de las universidades públicas andaluzas para el periodo comprendido entre 2023 y 2027, un instrumento que por primera vez incorpora una cláusula de salvaguarda para que estas instituciones no reciban menos recursos de un año para otro, así como una dotación por resultados.
Este nuevo marco de distribución, diseñado por la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación, garantizará la suficiencia financiera del sistema, atendiendo a las particularidades de cada una de ellas, y les dará certidumbre para que puedan organizar su planificación a medio y largo plazo, según la Junta de Andalucía.
La nueva herramienta plurianual, que se aplicará a las diez universidades públicas, incluye como novedad la evaluación y verificación permanente de los resultados que obtengan dichas instituciones a partir de los objetivos marcados, con el fin de lograr la eficiencia y la equidad del sistema, además de una mayor adecuación a las necesidades y singularidades, según la Junta.
Este documento de bases se completará, posteriormente, con una segunda parte compuesta por un conjunto de reglas de cálculo en virtud de las cuales se determinará en cada ejercicio presupuestario la financiación correspondiente a las diez universidades. Así, ya se está trabajando en la concreción de estas variables, y la previsión es que esa formulación pueda estar finalizada en octubre.
Además, para asegurar un marco estable, se ha establecido una cláusula de salvaguarda, aplicable en los cinco años de vigencia del modelo, para garantizar a estas instituciones académicas los mismos recursos recibidos en el ejercicio anterior más el incremento de las retribuciones salariales de su personal ―perteneciente al sector público― acordado por la Administración General del Estado.
El modelo entrará en vigor a partir de este año. No obstante, su ejecución será parcial, ya que los fondos ya se han asignado en su mayoría. La norma determina específicamente que la cuantía que se abonará al sistema en el último cuatrimestre se destinará en su totalidad a cubrir los gastos de personal y de funcionamiento y a impulsar proyectos estratégicos del sistema universitario.
El nuevo diseño reconoce la contribución decisiva de las instituciones universitarias públicas andaluzas al crecimiento del PIB regional, a través de su investigación, su transferencia del conocimiento y su implantación territorial, según destaca el Gobierno autonómico.
Por ello, contempla que las transferencias de la Junta con destino a la educación superior deberán adoptar una senda de crecimiento sostenido que permita alcanzar hasta 2027 el 1 % del PIB. Actualmente, ese esfuerzo presupuestario representa el 0,97 % sólo de financiación básica, que alcanza el 1 % con los proyectos estratégicos.
Este instrumento sustituye al modelo aprobado para el periodo 2022-2026, cuya implantación coincidió con unas circunstancias económicas excepcionales en la esfera internacional, lo que generó una serie de desviaciones que han sido necesarias corregir.
El primer esquema se aprobó para el periodo 2002-2006, al que le siguió el definido para los años 2007-2011, un documento que se fue prorrogando hasta 2016. Desde ese ejercicio hasta la pasada legislatura, Andalucía carecía de unas directrices de asignación planificadas y actualizadas.
Ejes de financiación
El nuevo diseño se ordena en torno a cuatro grandes categorías: la financiación básica armonizada, la financiación por resultados, la financiación de nivelación y los proyectos estratégicos del sistema universitario andaluz. Toda esta estructura se nutrirá de las transferencias procedentes del presupuesto de la Junta de Andalucía de cada ejercicio.
La primera de ellas está destinada a cubrir los costes necesarios del sistema público para prestar los servicios académicos, de investigación y de transferencia de conocimiento y hacen referencia a los gastos de personal, de funcionamiento y de mantenimiento.
Por otro lado, la financiación por resultados busca homogeneizar la calidad del servicio y la eficiencia en el uso de los recursos y se articulará a través de los denominados contratos programa, una planificación de objetivos orientados hacia la mejora de la competitividad, así como a la eficacia y la profesionalización de la gestión.
Pueden recoger reformas estructurales, la adecuación de las infraestructuras, la estabilización y promoción del personal, iniciativas de apoyo al estudiantado, la atención a la diversidad, el impulso de la internacionalización o el fomento de la investigación. Se concertarán anualmente desde la Consejería de Universidad con cada una de las instituciones académicas, teniendo en cuenta sus particularidades.
La financiación de nivelación se orientará a corregir los desfases estructurales motivados por la aplicación de los modelos de financiación anteriores con el fin último de propiciar la convergencia entre las universidades.
Por último, en el apartado de los proyectos estratégicos, tendrán cabida aquellas iniciativas singulares acordadas con los rectores que mejoren la competitividad de sus campus y den respuesta a las demandas de la sociedad. La Consejería de Universidad destinará a este capítulo una inyección de 14 millones de euros hasta final de año.
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