El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en una imagen de archivo
Andalucía Moreno crea una tabla salarial en la Junta: cobrará por ley un 5 % menos que los portavoces parlamentarios
El Gobierno andaluz regula los sueldos de los altos cargos de la Junta para mejorar el control retributivo
El Gobierno de Juanma Moreno ha creado por ley una especie de tabla salarial para regular los sueldos de los altos cargos de la Junta de Andalucía y que establece que la persona titular de la Presidencia de la Junta cobrará un 5 % que los portavoces parlamentarios.
Se trata de una reforma de la Ley 3/2005, de 8 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Administración de la Junta de Andalucía y de Declaración de Actividades, Bienes, Intereses y Retribuciones de Altos Cargos y otros Cargos Públicos, recogida en el decreto ley que aprobó ayer miércoles el Consejo de Gobierno andaluz en su última reunión de 2023, que trae consigo una subida del sueldo de 269 altos cargos, incluido el de Moreno, que aumentará un 18,8 % y pasará a ser de 87.333 euros anuales.
Desde el Gobierno andaluz han fundamentado la elaboración y aprobación de este decreto ley en que el sistema retributivo de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Junta de Andalucía «carece de una regulación normativa sistemática y completa, de forma que dicho sistema retributivo exige una regulación integral y no dispersa, en una sola disposición con rango legal, que permita una normativa más estable, garantizar la mejor fiscalización y control e incrementar así la seguridad jurídica exigible a una correcta aplicación del Derecho Administrativo».
De esta manera, este decreto ley pretende incorporar a la Ley 3/2005, de 8 de abril, «un régimen retributivo uniforme e integral de las retribuciones del conjunto de las personas altos cargos y asimilados».
Del mismo modo, el Gobierno andaluz argumenta para justificar esta nueva normativa que «las retribuciones del personal alto cargo de la Junta de Andalucía no han experimentado en los últimos años las mismas actualizaciones que las del personal funcionario», por lo que «se considera adecuado actualizar dichas retribuciones tomando como referencia las cuantías que perciben por todos los conceptos con carácter fijo y periódico los portavoces de los grupos parlamentarios andaluces, y minorándolas en los porcentajes que se establecen en este decreto ley en función del rango de los distintos órganos».
En concreto, en lo que respecta a la persona que ostente la Presidencia de la Junta, el decreto ley establece que la cuantía de sus retribuciones, «excluidos los trienios o complementos de antigüedad, será equivalente a la establecida para retribuciones e indemnizaciones por la Mesa del Parlamento de Andalucía, en cómputo anual y por todos los conceptos, salvo locomoción, para los portavoces de grupos parlamentarios, minorada en un 5 %, sin derecho a pagas extraordinarias y referida a doce mensualidades, sin perjuicio de la percepción de catorce mensualidades de la retribución por antigüedad que pudiera corresponderle de acuerdo con la normativa vigente».
Consejeros y otros altos cargos
El Gobierno andaluz también establece en este decreto que la cuantía de las retribuciones de consejeros, viceconsejeros, secretarios generales, directores generales, secretarios generales técnicos, delegados del Gobierno andaluz, delegados territoriales y provinciales se determinará disminuyendo la cuantía referida para la persona titular de la Presidencia de Junta en una serie de porcentajes.
En concreto, a la retribución de un vicepresidente se le aplicará una minoración del 3 % respecto de la del presidente, y a la de un consejero, una reducción del 4,5 %. Además, un viceconsejero cobrará un 9,5 % menos que el presidente; un director general, un 13 % menos, y un delegado territorial o provincial, un 27 %.
Por otro lado, el decreto regula también las retribuciones del personal alto cargo del Consejo Consultivo de Andalucía, del Consejo Audiovisual de Andalucía y del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía.
Al respecto, la cuantía de las retribuciones de quien presida el Consejo Consultivo será «la establecida para la titular de la Presidencia de la Junta», mientras que se equiparan las retribuciones del presidente del Consejo Audiovisual a las de los consejeros del Gobierno andaluz, y las del director del Consejo de Transparencia a las de viceconsejeros.
La Junta defiende que estas medidas legislativas se adopten «lo antes posible» teniendo en cuenta que «las bases de este régimen retributivo deben estar aprobadas antes de que entre en vigor la Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma, el día 1 de enero de 2024».
Opción de docencia universitaria
Por otro lado, el decreto ley introduce una modificación del artículo 3.3 de la Ley 3/2005, de 8 de abril, con la que se permite que los altos cargos de la Junta puedan «compatibilizar sus funciones con el ejercicio, retribuido o no, de la docencia en la enseñanza universitaria».
No obstante, el decreto ley precisa que se podrá compatibilizar esa docencia universitaria siempre que ésta «no suponga detrimento de su dedicación y, en todo caso, con un límite no superior a las setenta y cinco horas anuales o su equivalencia con el régimen de dedicación del profesorado expresado en créditos ECTS siempre que la retribución que, en su caso, se perciba no supere el 15 % de las que les corresponda por razón del cargo».
Asimismo, se permite compatibilizar las funciones de alto cargo con las actividades de investigación y de asesoramiento científico o técnico, «siempre que estén vinculadas a la universidad».
El ejercicio de estas tareas universitaria requerirá además para los altos cargos «la autorización expresa de la persona titular de la Consejería competente en materia de administración pública».
Justificación de urgencia
El Gobierno andaluz sostiene que está justificada la legislación de urgencia que conlleva este decreto ley por «la inminente proximidad del inicio del año 2024 y la necesidad de que las retribuciones del personal alto cargo y asimilado de la Junta de Andalucía y de sus agencias administrativas y de régimen especial, del Consejo Consultivo de Andalucía, Consejo Audiovisual de Andalucía y Consejo de Transparencia y Protección de Datos estén adaptadas desde el inicio del ejercicio presupuestario».
Además, el Gobierno pretende con ello «dar seguridad jurídica a la modificación del artículo 40 del Texto Refundido de la Ley Andaluza de Universidades, estableciendo la necesidad de la previa autorización por la Consejería competente en materia de administración pública y la limitación retributiva en su caso, y de horas para ejercer la docencia en la enseñanza universitaria».
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