Olivos arrancados en la Campiña Norte de la provincia de Jaén

Olivos arrancados en la Campiña Norte de la provincia de JaénPlataforma Campiña Norte Jaén

Jaén  Cuando la moda de las renovables arrasa olivos milenarios: «Chantajean a los agricultores al amparo de la ley»

Crónica de una expropiación forzosa de cientos de hectáreas al amparo de una normativa que declara la utilidad pública de las instalaciones eléctricas y la «propaganda positiva» que siempre reciben las energías 'verdes'

Se suele decir que hecha la ley, hecha la trampa. Lo que muchos agricultores y propietarios de fincas de la Campiña Norte de Jaén, que agrupa a algunos municipios productores de aceite de oliva –Arjona, Arjonilla, Lopera, Marmolejo, Porcuna…–jamás sospecharon es que sufrirían una expropiación de sus tierras al amparo de la normativa vigente o de los vacíos legales. Ahora, el destino de unos 100.000 olivos de la zona parece ser el de acabar arrancados y sustituidos por el ingente negocio de los paneles solares.

«Nos enteramos en julio de 2024, cuando a más de cien propietarios les empiezan a llegar cartas en las que se les indica que se les van a expropiar sus tierras para la instalación de varias plantas fotovoltaicas», resume en conversación telefónica desde Lopera Rafael Alcalá, profesor de secundaria, apasionado olivarero y portavoz de la plataforma Campiña Norte contra las megaplantas solares.

Esta asociación lleva meses alertando del perjuicio humano, social y económico que supondrá para la zona esta decisión, al tiempo que reivindican el legado de estos árboles milenarios, algunos de los cuales han empezado ya a ser talados. «Muchos de estos agricultores no han dado su consentimiento, pero los inversores detrás de este proyecto han ido sumando terrenos mediante arrendamientos y nunca como compra, mediante un procedimiento más cercano a la extorsión», declara Alcalá a El Debate.

Expropiaciones forzosas y olivos arrancados

Expropiaciones forzosas y olivos arrancadosPlataforma Campiña Norte Jaén

Así, estas grandes compañías, avaladas por las instituciones por la «publicidad positiva que se le da a todo lo 'verde'», han visto rápido el negocio: «Presentan al agricultor una oferta que no es tal donde se comprometen a pagarle un arrendamiento de, pongamos 2.500 euros al año y por hectárea», aclara. «Aquí muchos de nosotros tenemos olivos por herencia familiar, lo cual a muchos les ha podido sonar bien». Pero hay una letra pequeña, que oculta la trampa. «Lo que no les dicen es que si dentro de, pongamos unos cinco años, el negocio no les es rentable, la empresa se va y deja ya aquí esos paneles. ¿Quién plantará entonces de nuevo los olivos?», alerta.

Paneles por olivos

«A cualquiera de estas empresas le sale más barato un terreno rústico que un terreno industrial», añade. No hay que irse muy lejos para encontrar el principio del fin de estos árboles, que en Andalucía no están solo amenazados en esta comarca. «En 2021, la Junta publicó la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA)», resalta Alcalá. Un cambio de legislación que propiciaba el aterrizaje de nuevos inversores para desarrollar de manera rápida las renovables. «Antes, si querías hacerlo sobre un suelo rústico, había que pasar una serie de trámites costosos y engorrosos. Ahora, con este cambio se permite implantar este tipo de proyectos de manera veloz, puesto que un olivo recibe ya la misma catalogación que un panel solar».

El portavoz de la plataforma señala que por culpa de la «idea idílica» que se ha instaurado en Occidente de la ideología verde y las virtudes de las renovables se ha llegado a este punto, con miles de olivos en peligro en una región donde son clave para salvaguardar empleos, fijar población y evitar, por tanto, la despoblación que amenaza al medio rural. «Son proyectos que suenan muy bonitos, pero mal ejecutados, como estamos viendo, son peligrosos. El Gobierno de España y la Junta de Andalucía no han tenido problema en convencerse de las supuestas virtudes que se les venden».

Vacío legal

A una legislación favorable a los intereses de estas grandes compañías, se une el vacío legal sobre esta situación, que salvan sin problemas mediante estrategias convenientemente preparadas. «Los proyectos que presentan, se fragmentan. Si fueran a instalar paneles sobre un terreno de más de 50 megavatios de producción, tendrían que vérselas con el Miteco (Ministerio Transición Ecológica), pero si no superan esa cantidad, pasan a la Consejería de Industria, que es más laxa con esos permisos».

Pero Rafael Alcalá no se olvida del papel de algunos ayuntamientos de la comarca, a los que critica «por no informar debidamente» a sus vecinos. «Colocar un papel en un tablón de anuncios medio oculto por otros, no es ofrecer información pública», asegura.

La política entra en escena

Sin embargo, el daño puede ser mucho mayor, pues hay otras inversiones similares puestas en marcha en zonas cercanas. «Echando una cuenta rápida, este proyecto va a ocupar aquí en esta zona unas mil hectáreas, si caben unos cien olivos por hectárea, ya hablamos de cien mil olivos. Pero si nos vamos al noroeste de la provincia, sabemos que hay unos 25 proyectos, por lo que ya podríamos hablar de medio millón de olivos afectados».

Recientemente, el jefe de la delegación de Vox en Bruselas, Jorge Buxadé, se desplazó a Lopera para anunciar a los afectados que llevarán este asunto a la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo. «No puede ser que esa Agenda 2030 se imponga al modo de vida de cientos de vecinos y de familias de Jaén», denunció el portavoz. Los productores de aceite «están siendo perseguidos por la vomitera legislativa de Bruselas, del Estado y de las comunidades autónomas y ahora les han generado otro enemigo: los inversores de las energías renovables», añadió Buxadé, que denunció que con ello, «se destruya esta producción de aceite jiennense para que a cambio nos traigan el aceite de Marruecos».

Sumar también se ha interesado por esta situación y ha anunciado que llevará al Congreso esta tala indiscriminada para colocar «megaplantas fotovoltaicas» en su lugar, al tiempo que se propondrá una PNL que regule este tipo de instalaciones en «terrenos productivos» .

Modificar el PGOU de los municipios

La solución pasaría por la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) con el objetivo de regular y limitar la instalación de placas fotovoltaicas en el suelo rústico del término municipal, como ya ha propuesto el Consistorio de Lopera.

La plataforma ha animado a otros ayuntamientos a que empiecen a cambiar sus planes urbanísticos para tener una herramienta para «protegerse de estas grandes empresas».

​Contra la resolución de declaración de utilidad pública de las instalaciones eléctricas que conlleva la expropiación forzosa del pleno dominio de los terrenos, cabe interponer en el plazo de dos meses, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Jaén.

​Sin embargo, cunde el pesimismo. «No podemos a ir a un juzgado a denunciar como plataforma, tiene que ser propietario por propietario, que se desaniman a ir al juzgado en solitario».
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