Un grupo de inmigrantes hacen cola en el Puerto de Ceuta en 2025
Sánchez da privilegios a los menores regularizados: «En las guarderías van a tener prioridad»
Expertas consultadas por El Debate advierten del colapso del sistema sanitario, de los servicios sociales y de los privilegios que pueden tener los menores regularizados respecto a los españoles
El Boletín Oficial del Estado publicó este pasado miércoles el texto definitivo del Real Decreto de la regularización extraordinaria de migrantes, aprobado este martes por el Consejo de Ministros. Con él, el Gobierno que lidera Pedro Sánchez prevé que puedan beneficiarse de esta medida, que entra hoy en vigor, 500.000 extranjeros.
Entre las disposiciones transitorias que constan en la norma, se especifica que se «facilitará el acceso de las hijas e hijos de las personas extranjeras que soliciten la regularización a una autorización con una vigencia de cinco años», mientras que el límite para los adultos es tan solo de un año.
María Sánchez, abogada especializada en Extranjería, ha expresado en conversación con El Debate que esta diferencia de cuatro años entre la duración de la regularización entre adultos y menores de edad «no tiene ningún tipo de sentido». «Entiendo que quieran proteger al menor, pero no es coherente que el Estado regularice al menor y no al adulto que está a su cargo. Eso puede generar situaciones absolutamente caóticas», advierte esta letrada.
En esta misma línea, avisa de que este desequilibrio del tiempo de permiso entre menores y adultos «rompe la lógica habitual», ya que «los permisos de los menores siempre han estado vinculados al del progenitor. Si el padre es irregular y el menor es regular, se crea una incoherencia», señala Sánchez.
Esto se le suma a un más que previsible colapso de los servicios: «Creo que puede colapsar principalmente los servicios sociales de ayuntamientos y comunidades autónomas. En cuanto a la Seguridad Social, también puede haber impacto indirecto. Se les da un permiso que les permite trabajar, y en teoría eso implica que pueden incorporarse al sistema. Pero en la práctica, una vez regularizados, accederán al sistema estén trabajando o no. Esa es una diferencia respecto a otras regularizaciones», apunta a este periódico.
Prioridad en las guarderías
Por su parte, Elena Ramallo, doctora en Derecho, alerta en conversación con El Debate que «lo que se está haciendo con la regularización es poner en riesgo la seguridad del país por una decisión con fines electorales». A su juicio, ya no solo tiene como consecuencia la saturación del sistema sanitario o de los servicios sociales, sino que «en servicios como las guarderías públicas, estos inmigrantes van a tener prioridad».
Este lunes es día clave para los padres de los niños más pequeños
Ramallo explica que «el criterio de acceso a una plaza de guardería pública muchas veces es la renta. Eso implica que personas en situación vulnerable pueden tener prioridad frente a otras familias que sí trabajan porque se prioriza la vulnerabilidad económica».
Asimismo, respecto a la diferencia de tiempo de regularización entre menores y adultos, esta jurista sostiene que «es una trampa» porque «en la práctica, no vas a separar a los niños de sus padres, así que eso implica que se les irá prorrogando la estancia», revela.
