El Parlamento pedirá al Gobierno que audite las obras en Andalucía afectadas por «mordidas» en el 'caso Koldo'

El PP-A ha hecho valer su mayoría para aprobar una proposición no de ley por la que el Parlamento aprueba pedir al Gobierno central que todas las licitaciones de obras y adjudicaciones en Andalucía, así como su posterior desarrollo contractual, que estén siendo objeto de «investigación judicial» en el marco del ‘caso Koldo’ sean debidamente «auditadas y fiscalizadas».

De esta manera, el Parlamento andaluz pretende comprobar el alcance de la repercusión económica que podrían haber ocasionado «esos ilícitos penales» tras trascender un presunto «cobro de mordidas» en esas licitaciones por parte de la trama, que también afecta al exministro Ábalos y al que fuera secretario de Organización Santos Cerdán.

Con los votos favorables de los populares y Vox, mientras que el PSOE-A y por Andalucía han mostrado su rechazo, la Cámara ha considerado que el Gobierno central tiene que concretar «si ha habido sobrecostes y desviaciones presupuestarias a través de las figuras de modificados complementarios o liquidaciones para que se depuren las responsabilidades políticas y personales».

Licitaciones bajo sospecha

El Parlamento ha rechazado «la gestión arbitraria y sin garantías llevada a cabo por el actual Gobierno de España a través del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, en todo lo referido a obra pública, su licitación y adjudicación contractual», en Andalucía.

Se refiere a la ampliación del puente del Centenario en Sevilla, el desdoblamiento en la N-IV Dos Hermanas-Los Palacios, en la línea de velocidad alta Almería-Murcia, en la A-32 (Linares-Albacete) tramo Úbeda-Torreperogil, en Córdoba en la N- 322, el Chare de Lepe y la trama que afecta al entorno asesor del delegado del Gobierno de Andalucía, en la que empresas obtuvieron trato de favor en el acceso a concursos de obra pública en la autovía A-63, todas ellas investigadas en la jurisdicción penal, «por varias conductas delictivas».

Así, se ha instado a la Delegación del Gobierno en Andalucía a que dé cumplidas «explicaciones, proporcionando información detallada y transparente sobre las acciones, decisiones o actividades llevadas a cabo por su delegado del Gobierno, con relación a la existencia de trato de favor en las adjudicaciones de obras, en las vías A-63 y A-32, al objeto de acreditar el proceder de esta, en estos graves asuntos, con la debida justificación, para colaborar con la justicia y paliar así la pérdida de confianza pública en la institución gubernamental».

Informes semestrales

Se ha reclamado que el Gobierno central «informe semestralmente» a la Junta y al Parlamento andaluz sobre el desarrollo de las actuaciones «para el esclarecimiento de las licitaciones investigadas judicialmente correspondientes al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, las auditorías, la fiscalización de los procedimientos y la recuperación de sobrecostes y demás medidas jurídicas, económicas y políticas que se adopten».

En defensa de la iniciativa, el diputado del PP-A Antonio Saldaña ha manifestado que ya había «síntomas» de lo que ha ocurrido podía ocurrir, ya que el 30 por ciento de los contratos que hacía el Gobierno central se hacía «sin competencia». Ha pedido explicaciones a la Delegación del Gobierno de Andalucía por las supuestas «mordidas» en obras públicas desarrolladas en la comunidad.