Una agricultora de Jaén estalla ante la expropiación forzosa de sus olivos: «No somos números, somos familias»

Los macroproyectos de energía fotovoltaica en el campo andaluz han abierto una conflicto social y territorial que se agrava en municipios como Lopera, en la provincia de Jaén, debido a las expropiaciones forzosas de fincas agrícolas para la instalación de paneles solares, que traerá consigo la tala de olivos centenarios. No en vano cientos de agricultores están en pie de guerra contra el Gobierno andaluz, responsable de autorizar estas megaplantas.

Aun así, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se resiste a frenar la tala de olivos centenarios en el entorno de Lopera, donde se proyecta la instalación de varias megaplantas fotovoltaicas. A pesar de la presión creciente por parte de agricultores y colectivos rurales, el Gobierno andaluz se niega a paralizar estos proyectos, que considera estratégicos para la llamada transición energética.

Ante esta situación, medio centenar de olivareros afectados por los macroproyectos fotovoltaicos en la provincia de Jaén fueron recibidos este miércoles por el grupo de Vox en el Parlamento de Andalucía después de que no les dejaran acceder a la protesta organizada por la plataforma SOS Rural a las puertas del Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla (Fibes), donde se encontraba Moreno para intervenir en una ponencia con motivo de la cumbre de la ONU.

En el antiguo Hospital de las Cinco Llagas, estos agricultores pudieron expresar su indignación por la expropiación forzosa de sus olivos. María Josefa fue la viva imagen del enfado y la desesperación de los olivareros, despojados de sus tierras y de un patrimonio agrario y cultural que ha pasado de generación en generación. «Yo le digo a Juanma Moreno que a mí me va a tocar la economía de mi casa. No somos números; somos familias», afirmó.

«Si hay muchos olivos, yo le digo que hay muchas casas, él tiene una, y que me voy a meter en su casa, a ver qué dice», manifestaba visiblemente enfadada esta agricultora, que pide al presidente de la Junta de Andalucía «que dé un paso adelante» para paralizar las expropiaciones. Además, contó su caso, concluyendo que «los políticos hacen las leyes para favorecerse ellos».

El foco principal del conflicto es el Plan Especial para la ordenación de actuaciones vinculadas a la generación de energía solar fotovoltaica en Lopera, que está pendiente de evaluación ambiental por parte de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente. Esta decisión es crucial, ya que podría permitir la suspensión temporal de nuevas licencias para parques solares en la zona y proteger el valioso olivar tradicional.

Además, existen proyectos en trámite cuya viabilidad ambiental está en entredicho, como un cuarto parque fotovoltaico en Lopera cuya autorización está condicionada por la presencia del alzacola rojizo. La afectación a esta especie protegida ha sido un argumento clave para solicitar la no emisión de la Autorización Ambiental Unificada necesaria para avanzar con el proyecto.

Respaldo legal

El debate se enmarca en un contexto legal que favorece la instalación de renovables en suelo rústico sin limitaciones específicas. La Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA), aprobada en 2021 y reformada un año después por el Gobierno de Moreno, otorga carácter ordinario a estos usos, lo que ha sido criticado por asociaciones ambientalistas que señalan que la normativa no contempla adecuadamente la protección del suelo agrícola ni la cohesión social y territorial.

Así las cosas, las organizaciones rurales exigen al Gobierno andaluz la paralización inmediata de cualquier actuación que implique la tala de olivos centenarios y reclaman una legislación autonómica que defienda la superficie agraria útil. De hecho, la plataforma SOS Rural ya ha recogido más de 122.000 firmas en su campaña contra la tala.

En su defensa, la Junta de Andalucía ha remitido una carta a SOS Rural donde defienden que el proceso de tramitación de estas instalaciones es «riguroso, exhaustivo, garantista y totalmente transparente y participativo». Además, señalan que la responsabilidad sobre la ubicación de los proyectos recae en promotores privados, que eligen los terrenos «en función de dónde se ubique el recurso solar o eólico disponible, así como de la cercanía a los puntos de evacuación que condiciona la red de transporte y de distribución».

El asunto va camino de convertirse en una china en el zapato para Juanma Moreno en el último año de legislatura, que hasta ahora ha afrontado con relativa tranquilidad gracias a la mayoría absoluta del PP en el Parlamento de Andalucía. Moreno centra las críticas de agricultores y colectivos rurales por su respaldo a la instalación de megaplantas fotovoltaicas a costa del miles de hectáreas de olivar, símbolo cultural y económico de Jaén.