Una Guardia Civil «en inferioridad de condiciones» ante el narco pide ayuda para que no se repita otro Barbate

Una noche fría de febrero de 2024, una tragedia sacudió las aguas de Barbate. Una narcolancha de cuatro motores, 14 metros de eslora y 5.000 kilos de peso pasó por encima de la zódiac de menos de cinco metros que ocupaban seis guardias civiles y que habían recibido órdenes de «disuadirlos». Aquel fatídico día, dos agentes de la Guardia Civil, David Pérez y Miguel Ángel González, perdieron la vida. Otros tres compañeros resultaron heridos. La ‘goma’ a la que intentaban disuadir, en una misión donde se comprobó la inferioridad de sus condiciones, les pasó por encima en un ataque que duró menos de tres minutos. La narcolancha huyó del puerto.

Este año, en el homenaje que volvieron a recibir los dos caídos, se sucedieron otra serie de actos que, además, sirvieron para hacer un llamamiento a las autoridades. La plataforma Nuestro Corazón por Bandera, integrada por familiares de los agentes, portó una pancarta con el lema ‘Sin miedos, sin apoyos…¡Nunca más!'.

Allí, el alcalde de Barbate exigió más medios, para que el «sacrificio» de ambos fallecidos no sea en vano. «Es imperativo que las administraciones e instituciones doten a nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de los medios necesarios para combatir con eficacia y seguridad las redes que amenazan nuestra convivencia», se quejó.

En declaraciones a los medios, Miguel Francisco Molina pidió al Gobierno que se «pusiera las pilas». «No podemos tolerar que quienes nos protegen, carezcan de los recursos adecuados para enfrentarse a amenazas cada vez más organizadas y violentas».

Miedo a que se repita

Pues a pesar de aquella noche aciaga y las posteriores reclamaciones, en otros puntos calientes de la costa andaluza se temen que, de seguir en esta dinámica, aquel episodio funesto podría repetirse.

Así lo creen también en la asociación profesional Independientes de la Guardia Civil (IGC), que ha reclamado un «plan de choque» en Almería con el objetivo de reforzar la seguridad de los agentes, y por ende, de todos los ciudadanos, ante la presión del narcotráfico y las mafias que trafican con inmigrantes.

La situación, aseguran desde la citada organización, se vuelve «cada vez más insostenible para los agentes» al trabajar con una clara desproporción de medios frente a las cada vez más poderosas organizaciones criminales.

En su denuncia, la IGC ha solicitado una reunión con el subdelegado del Gobierno, José María Martín Fernández, para trasladarle la precariedad laboral y la falta de recursos con la que operan los agentes en Almería.

En inferioridad de recursos

En esa misiva, fechada el pasado 11 de septiembre, se advierte que los uniformados se encuentran «en inferioridad de condiciones» frente a los delincuentes, que suelen contar, también en esta zona, con embarcaciones y recursos que les superan con creces.

Por último, el colectivo ha denunciado que más de 200 puestos de trabajo en la provincia carecen de una evaluación de riesgos, un «grave incumplimiento» en materia de prevención laboral. Unas reivindicaciones que por otra parte, no son nuevas. Desde dentro, se lleva años denunciando que mientras la narcoindustria, el transporte de combustible y la llegada de pateras crecen, lo hacen en la misma proporción que disminuyen los medios para combatirlos.